La guerra del agua no se gana con soflamas, sino con argumentos. Albacete y Castilla-La Mancha llevan muchos años luchando para conseguir que se reconozcan sus legítimos derechos al uso de los recursos hídricos que se generan en nuestra región y la atraviesan; y cada vez está más claro quién tiene la razón y la legitimidad en una guerra que otros se empeñan en perpetuar desde la prepotencia o el oscurantismo.

Ayer, la consejera de Agricultura se reunió con la Junta Central de Regantes de La Mancha Oriental y tuvo la oportunidad de destacar algunos de los muchos argumentos con los que desde esta provincia demostramos que los hechos están por encima de los apriorismos. Por ejemplo, Mercedes Gómez pudo decir (sin engañar a nadie, con datos objetivos) que en Albacete se han modernizado 70.000 hectáreas de regadío en los últimos diez años; pudo decir también, con cifras innegables en la mano, que más del 90 por ciento de los riegos en Castilla-La Mancha utilizan sistemas eficientes orientados al uso racional del agua (desde luego, nada que ver con el tristemente famoso «riego a manta»); pudo destacar la consejera, sin temor a que nadie se atreva a rebatirla, que el consumo medio de los regadíos albaceteños y manchegos está entre los 1.000 y los 5.000 metros cúbicos por hectárea, menos de la tercera parte de lo que están acostumbrados a gastar en Murcia y el Levante; pudo afirmar la titular de Agricultura, con legítimo orgullo, que gracias a estas medidas en nuestra comunidad se ahorran más de 70 hectómetros cúbicos al año, lo que representa el consumo humano de la tercera parte de la población manchega.

En definitiva, la consejera habló con la legitimidad que dan las cifras, con la solvencia que ofrece el trabajo del Sistema Integral de Asesoramiento a los Regantes del ITAP o los sucesivos planes de ahorro de los regantes de la Mancha Oriental. La consejera utilizó poca demagogia y muchos números, poca política y muchos datos incontestables. Ése ha de ser el camino a seguir desde quienes nos representan: presumir de lo mucho que hemos hecho y aportar parámetros de realizaciones y de necesidades. En Albacete y en Castilla-La Mancha tenemos derechos porque primero hemos hecho los deberes. El agua es un bien escaso que debe repartirse con criterios de equidad y eficiencia, y ahí tienen mucho más que decir los criterios técnicos que los puramente políticos: tenemos un territorio, tenemos una población, tenemos una agricultura, tenemos unas expectativas de desarrollo industrial y urbanístico… y, en consecuencia, tenemos derechos sobre el agua necesaria para ello.

15. Enero ´07 – El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, destacó el pasado viernes en Guadalajara, el esfuerzo que han hecho los agricultores castellano-manchegos en la modernización de regadíos.

Barreda hacía estas declaraciones en alusión a las críticas vertidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, hace unos días en un medio de comunicación en el que acusó a los agricultores de nuestra Comunidad de regar a manta.

A este respecto, y en respuesta a preguntas de los periodistas, el presidente señaló que aprovechó la Conferencia de Presidentes para informar a Aguirre de los datos reales sobre el regadío en Castilla-La Mancha.

En este sentido, anunció que va a enviar a la responsable del Ejecutivo madrileño un documento detallado sobre la ejecución y actuaciones de los riegos en Castilla-La Mancha con la finalidad de que Aguirre no se vuelva a equivocar cuando hable de nuestra agricultura.

En concreto, según los datos del Ministerio de Agricultura, Castilla-La Mancha es la Región de España que dispone de un mayor porcentaje de superficie con sistemas de riego eficientes, ya que el riego por aspersión más goteo representa el 92% de la superficie total de regadío.

Asimismo, Barreda explicó que en Castilla-La Mancha la superficie regable es inferior a la media nacional y a las extensiones que a este respecto se dedican en Comunidades Autónomas como Valencia y Murcia. Precisamente, esa situación de desventaja es lo que respalda las reivindicaciones que desde Castilla-La Mancha se hacen por una mejora de nuestro regadío.

Además, según explicó el presidente, la modernización de los regadíos en Castilla-La Mancha es ejemplar y “está más avanzada que en Valencia y Murcia”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid anda, como decimos por aquí, sembrada últimamente. Primero fueron las afirmaciones que hacía en su libro diciendo que con 8.000 euros no llegaba a fin de mes. Unas afirmaciones que molestaron profundamente a más de uno. Especialmente a los jóvenes que a pesar de tener una formación universitaria y en muchos casos un postgrado son «mileuristas» o ni siquiera eso.

O que se lo digan a los pensionistas que tras toda una vida de trabajo tienen que pasar el mes haciendo cuentas y más cuentas con pensiones que en la mayoría de los casos no llegan a los 600 euros.

O a las familias que están hipotecadas hasta el cuello para vivir en un piso en el que apenas se pueden mover y con la amenaza constante de una nueva subida.

Ahora la señora Aguirre se ha vuelto a meter en un terreno pantanoso acusando a los agricultores castellano-manchegos de regar «a manta». Un tópico tan usado ya por el Levante que desgraciadamente se está extendiendo a otros puntos de España sin que nadie venga ni siquiera a comprobar si sus afirmaciones son ciertas.

Los que sí que lo hacen y los que gestionan el agua reconocen que en Albacete y en Castilla-La Mancha se ha hecho un gran esfuerzo de modernización de regadíos y que en muchos casos nuestros regantes son un ejemplo de buena gestión. Alguien debería asesorar a Esperanza Aguirre mejor pero también a nuestros políticos porque lo cierto es que nuestra región en determinados temas sigue teniendo muy, pero que muy, mala prensa.

El secretario de Medio Ambiente, Agua y Agricultura del PSPV-PSOE, Francesc Signes, afirmó ayer que el Consell del PP «certificó el expolio del Júcar al apoyar el Plan de Cuenca vigente, lo que ha supuesto la mayor tradición del PP a la Comunitat».

Signes aseguró que el president de la Generalitat, Francisco Camps, y su gobierno «han dado la espalda al Júcar, han firmando la sentencia de muerte de este río y, como consecuencia, han condenado a la sequía permanente a la Ribera». El responsable socialista aseguró que el Ministerio de Medio Ambiente «ya está elaborando un nuevo documento que gestionará el río».Insistió en que el PP ha traicionado al Júcar y aseguró que el plan actual asigna la «menor cuenca ecológica de todos los ríos de España, incluso, en el tramo medio del río no existen ninguna cuenca ecológica». Para Signes, el documento que respaldó el PP con Zaplana como presidente y García Antón como representante de la Generalitat en el Consejo Nacional del Agua «sobredimensionaba la cuenca del Júcar para contentar a todos y, sobre todo, a Castilla la Mancha».
Así, aseguró que en ese documento asigna 400 hm3 a esa autonomía, 30 hm3 más para el Ayuntamiento de Albacete y 60 hm3 para nuevos regadíos, en total, 490 hm3 para Castilla la Mancha, «una cantidad que, según dijo Signes, es muy superior a la que puede ofrecer el río».

Los presidentes de la Región de Murcia y de la Generalitat Valenciana, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, respectivamente, insistieron ayer en que ambas comunidades son un ejemplo «del uso eficaz, racional, responsable y solidario del agua, tanto en España como en Europa».

Estas declaraciones las hicieron durante la inauguración de la sede de la Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua, ubicada en un antiguo edificio del campus de Espinardo. Ambos reiteraron que la «cultura del agua» de Murcia y Valencia y su refuerzo con la investigación en la materia permiten «continuar defendiendo nuestra posición de solidaridad», frente a discursos que calificaron de «insolidarios y mezquinos». Los dos presidentes aclararon que «ningún territorio reutiliza, depura, recicla ni ha modernizado tanto los regadíos» como Murcia y la Comunidad Valenciana, y señalaron, para reiterar su rechazo en la Conferencia de Presidentes celebrada ayer, «el intento de formalizar una institución -sobre el agua- representada sólo por políticos».

«Seguiremos defendiendo nuestra posición porque tenemos la razón, junto a los regantes y a los usuarios de toda España, porque son los primeros que tienen que hablar pues hacen futuro con cada gota de agua», dijo el presidente Camps. El presidente de la Generalitat añadió que al Gobierno de España «debe ponérsele muy cuesta arriba mirar a la cara a los regantes y usuarios y decirles que no les va a dar una sola gota de agua sobrante que se va al mar».

Murcia y la Comunidad Valenciana son las dos comunidades españolas más avanzadas en el uso eficaz de los recursos hídricos de España, y las dos regiones de Europa en cuanto a medios, responsabilidad y solidaridad en su uso para hacer una agricultura sin subvenciones y «sólo pedimos el agua sobrante que se tira al mar».

PSOE «sectario»

El jefe del Ejecutivo valenciano y Valcárcel reiteraron que esa razón es la que les permite seguir unidos en la defensa de los trasvases. «Esto es actuar con rigor frente a la demagogia fácil», agregó el presidente de Murcia. Ambos, que en tono distendido se refirieron a la «pareja de hecho» que forman, valoraron el trabajo del Instituto Euromediterráneo, que desde 2001 -fecha en que se inauguró- se dedica a la elaboración de proyectos sobre acuíferos, sobreexplotación e investigaciones sobre la Directiva Marco del Agua o planificación hidrológica y regadíos, entre otros, así como a la organización de cursos, como el Congreso Nacional de Derechos de Aguas.

En la inauguración del instituto, personalidades del mundo cultural, político y económico de la Región quisieron conocer el centro. Entre ellos, Carlos Egea, director general de Cajamurcia, y Juan Roca, presidente de la entidad. También acudieron el secretario general de la CROEM, Clemente García, y los rectores de la Universidad de Murcia y la Universidad Católica San Antonio, José Antonio Cobacho y Antonio Montoro . Acto seguido, los dos presidentes visitaron en Mula la sede de la comunidad de regantes Pantano de la Cierva, que usa riego tecnificado.

Un día después de la Conferencia de Presidentes, Valcárcel denunció que el PSOE «ha cambiado la s de solidario por la de sectario» y critico que el Gobierno de la nación «descartara el jueves la solidaridad entre cuencas». El presidente realizó estas declaraciones en un almuerzo con más de 700 afiliados del PP de Mula al que asistió el secretario general del PP Miguel Ángel Cámara. Valcárcel añadió que «entendemos que el Gobierno no tiene intención de ofrecer soluciones. Esto choca con otro trasvase que se plantea de un afluente del Ebro a Lérida, destinado a abastecimiento y nuevos regadíos». En este sentido, ha lamentado que mientras en la Región se pierden regadíos por la falta de agua, «se contemplan trasvases hacia Cataluña».

Los regantes de la Mancha Oriental quieren que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha elimine los blindajes a los que ha estado y sigue estando sometido el río Júcar. Una propuesta que ayer transmitieron al portavoz del grupo socialista en las Cortes Regionales, José Molina, para que la traslade al proyecto del Estatuto en la reunión prevista para el próximo martes antes de que el próximo día 19 culmine el plazo de presentación de enmiendas al documento.

Los representantes de la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental (JCRMO) se reunieron con Molina para analizar el anteproyecto y plantear algunas puntualizaciones que consideran necesarias.

Un encuentro que se produjo a petición de los propios regantes y del cual se extrajeron importantes aportaciones. En este sentido el portavoz socialista anunció que la intención es hacer extensiva la propuesta de la JCRMO al resto de los ríos y cuencas hidrográficas que atraviesan la Región.

Convenio de Alarcón

Por su parte, el presidente de los regantes, Agustín González, recordó que los blindajes no son nada nuevo. Además se refirió al convenio de Alarcón como un elemento también a eliminar y como una hipoteca para el río Júcar.. En este sentido subrayó que el convenio «a partir de un determinado volumen tiene el derecho de uso exclusivo de los usuarios valencianos» y que el resto de usuarios deben pagar por utilizar el agua.

En cuanto a la III Conferencia de Presidentes celebrada el pasado jueves, que culminó sin un acuerdo para dar mayor participación a las comunidades en materia de gestión de agua, González se mostró más crítico con los resultados que Molina.

Así, el responsable socialista afirmó que «la posición de Castilla-La Mancha se abre camino y más pronto que tarde será una realidad» .No obstante, a la par que destacó el paso dado con el compromiso para crear una Conferencia Sectorial del Agua, reconoció que pretendían que en la Conferencia ya se hubiesen iniciado las acciones para que las comunidades tuviesen representación en los órganos de gestión del agua.

Molina calificó de «curioso y sorprendente» la actitud de los presidentes de las comunidades gobernadas por el PP que se negaron a apoyar esta iniciativa. En este sentido el portavoz socialista instó a los populares de Castilla-La Mancha a dejar clara su postura al respecto.

El presidente de los regantes por su parte tildó de «pobre» el resultado de la Conferencia ya que, en su opinión, se han visto dos posturas totalmente enfrentadas. «Los que quieren usar el agua como lo han hecho históricamente y los que queremos hacerlo con futuro», matizó añadiendo que es muy difícil trasladar los llamados derechos históricos al presente y «prácticamente imposible al futuro».

La OPA del Júcar

En lo referente a la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del 60% de los derechos a extraer agua del acuífero lanzada por la Confederación del Júcar y dirigida a los regantes del tramo medio del río, es decir a unos 4.000 agricultores adscritos a la Junta Central, González destacó el interés que ha despertado.

Así cifró en torno a un 80%del total los agricultores que se acogerán previsiblemente a esta medida de cesión temporal y con un objetivo de carácter ambiental. «La gente está muy interesada y está pidiendo información», apuntó González añadiendo que se trata de un proceso muy complejo ya que afecta a sociedades agrarias de transformación de iniciativa pública.

El Consell aprobó ayer denunciar ante la Unión Europea la desaladora proyectada por el Gobierno en Torrevieja porque «incumple la normativa comunitaria de defensa del medio ambiente» y supone una «agresión» al parque natural de las Lagunas de la Mata y a las praderas de posidonia, según el consejero de Territorio, Esteban González Pons. La desaladora será la más grande del Mediterráneo y funcionará como «fábrica de agua». El consejero dijo tener la «sensación política» de que servirá para abastecer a Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón.

González Pons reiteró que no hay necesidad de instalar en Torrevieja «la desaladora de uso agrícola más grande del mundo». Sostuvo que el presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, «está pensando en enviar agua desde la Comunidad Valenciana a Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña», convirtiendo el territorio valenciano en una «fábrica de agua», gracias a Torrevieja y otras plantas. Ante la pregunta de si contaba con datos al respecto, dijo que tiene la «sospecha» y la «sensación» políticas.

Los datos oficiales del Gobierno, sin embargo, señalan que la desaladora de Torrevieja abastecerá de agua potable a medio millón de habitantes del sur alicantino, incluido nueve municipios de Murcia, además de suministrar recursos para los regadíos de la Vega Baja. El 50% de los 80 hectómetros cúbicos al año (ampliables a 120) de producción de agua desalada de Torrevieja se destinará a consumo humano y el resto a la agricultura.

La argumentación del Consell para justificar la apertura de otro frente político contra el Gobierno es de carácter medioambiental y conservacionista: la planta de Torrevieja se ubicará en una zona de «amortiguación» del perímetro de protección del parque natural de las Salinas de la Mata, y los vertidos de salmuera resultantes de la desalación se realizarán en una zona declarada Lugar de Interés Comunitario (LIC) afectando a las praderas de posidonia. González Pons esgrimió que se conculca el «principio de precaución» de la UE, que paraliza cualquier infraestructura si perjudica al medio ambiente. Preguntado sobre si el trasvase del Ebro también transgredía dicho principio, respondió que el problema principal es que el Gobierno tiene «una política hídrica hecha con los pies».

El consejero agregó que se deberá instalar una subestación eléctrica que alimente a la desaladora de Torrevieja. Y denunció que su ampliación no tiene declaración de impacto ambiental, además de que la salmuera que antes se vertía en los límites de la zona LIC se depositará dentro, sin que el Gobierno haya informado a la Generalitat. Aportó la resolución gubernamental publicada en el BOE, de julio de 2006, que modifica la declaración de impacto de marzo del mismo año. En ella se indica que la planta amplía su producción de 60 a 80 hectómetros cúbicos al año, con capacidad de llegar a 120. Señala que «el proyecto ya contemplaba el dimensionamiento de las instalaciones de distribución y del sistema de vertido para un caudal de producción de 120 hectómetros cúbicos (…)». Por ello, entiende que no se precisa otra declaración de impacto. La resolución del BOE añade que «la acción más importante, en cuanto a su potencial impacto sobre el medio es el incremento en 0,89 metros cúbicos de vertido de salmuera». Sobre ésta, apunta que «las instalaciones de toma y de vertido se localizan en el Lugar de Importancia Comunitaria Cabo Roig». Y establece que «dado que el vertido de salmuera se realiza a mayor profundidad (entre -7,5 y -10 metros) y a unos 500 metros de la zona ocupada por posidonias (desde la línea de costa hasta la -8) y habiendo considerado las corrientes existentes en dicha zona, no es previsible que, en ningún caso, la pluma de salmuera alcance las praderas de dicha fanerógama».

También los presidentes de la Generalitat, Francisco Camps, y de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, hablaron ayer de agua. Tras una reunión, insistieron en que ambas comunidades son un ejemplo del uso eficaz, racional, responsable y solidario del agua, tanto en España como en Europa, y por tanto, son merecedoras de recibir trasvases, en referencia al derogado del Ebro.

DESTINADA AL CONSUMO Y AL CAMPO

Capacidad. La desaladora de Torrevieja será la más grande de Europa, con una producción de 80 hectómetros cúbicos al año, ampliables a 120.

Uso. El agua potable de la planta se destinará a partes iguales al consumo humano (una población potencial de 500.000 personas) y a la agricultura (regadíos del trasvase Tajo-Segura, en la Vega Baja).

Estado del proyecto. Las obras de la planta, que se levantará al sur del término de Torrevieja, están pendiente de la expropiación de los terrenos

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó hoy que seguirá trabajando en la reforma de las confederaciones hidrográficas para lograr mayor corresponsabilidad de las comunidades autónomas en la gestión del agua, pero advirtió, en declaraciones a Europa Press, que las comunidades autónomas «nunca podrán vetar una decisión». «Para nada significa rebajar la capacidad del Gobierno de la Nación en las cuencas que transcurren por más de una comunidad, eso es inalterable, el interés general en esos ríos le corresponde garantizarlo al Gobierno de la Nación, y nunca tendrán capacidad de veto», aseguró.

Así, la propuesta del Gobierno, que el PP rechazó ayer en la III Conferencia de Presidentes, de mayor participación de las comunidades autónomas en la toma de decisión en las confederaciones hidrográficas «en absoluto significa que el Gobierno reduzca su capacidad de decidir en esas materias, sino que implica y escucha a las comunidades autónomas de la cuenca», aseveró Narbona.

La titular de Medio Ambiente dejó claro que «la última responsabilidad de cualquier decisión en materia de planificación y de gestión sigue siendo y seguirá siendo absolutamente del Gobierno central». El objetivo del Gobierno en la reforma de las Confederaciones Hidrográficas es «establecer mecanismos de corresponsabilidad de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que son las administraciones que deciden cuánta agua se necesita en cada territorio, y así si la comunidad decide multiplicar por 20 sus campos de golf ó por 100 el número de viviendas, eso significa una demanda de agua», explicó la ministra.

Así, el Ministerio de Medio Ambiente continuará trabajando en la reforma de las Confederaciones Hidrográficas en el marco del cambio de la Ley de Aguas para que las comunidades autónomas participen en la elaboración de los planes de la cuenca y en los bancos públicos del agua, por ejemplo. «Siempre con mayoría en las decisiones del Gobierno», aseguró Narbona. Para la ministra implicar a las comunidades autónomas significa «fortalecimiento del Estado autonómico, no de debilitamiento del Gobierno».

La titular de Medio Ambiente criticó la interpretación del presidente de Murcia de la propuesta de corresponsabilidad de las comunidades autónomas, porque no se trata de que Castilla-La Mancha pueda vetar el trasvase Tajo-Segura. «Rotundamente es falso, porque participar en la toma de decisiones por parte de las comunidades autónomas, en absoluto significará poder vetar, porque la mayoría la seguirá teniendo el Gobierno, y las comunidades podrán participar de acuerdo con su peso en la cuenca, pero minoritariamente», expuso.

CONFERENCIA SECTORIAL DEL AGUA Por otra parte, la primera reunión de la nueva Conferencia Sectorial del Agua se celebrará en marzo y versará sobre el nuevo Plan Nacional de Calidad de las Aguas y las bases de la nueva planificación hidrológica, anunció la ministra.

Narbona explicó que esta nueva Conferencia Sectorial del Agua será el órgano de debate entre el Gobierno y las comunidades autónomas, mientras que el Consejo Nacional del Agua, actualmente formado por más de 80 miembros incluidas las comunidades autónomas, pasará a ser un organismo asesor compuesto por organizaciones relacionadas con el agua (regantes, usuarios, ecologistas, sindicatos).

«La idea es reconvertir el Consejo Nacional del Agua a un Consejo Asesor del Agua en el que sólo estén las organizaciones sociales, expertos, regantes, etcétera, pero no las Administraciones, que tendremos el cauce de concertación que es la Conferencia Sectorial del Agua», indicó.

TRASVASES En cuanto a los trasvases, la ministra de Medio Ambiente criticó que sea el único tema que le importa al PP, y consideró que es un «error, porque hay que ser capaces de evitar la sobreexplotación de los acuíferos, reducir la contaminación del agua, aumentar la eficiencia, y esos son temas realmente estructurales». «Los trasvases unos son aceptables y otros no», afirmó.

«Hacer la panacea de los trasvases en un país donde cada vez los ríos llevan menos agua, a mi juicio, es una posición equivocada, que espero que el PP vaya reconvirtiendo», opinó.

El pasado ejercicio vino marcado en Albacete por cuestiones como la entrada en vigor del sistema de pago único, las inclemencias meteorológicas que se dejaron sentir, sobre todo, en la comarca de La Manchuela y la propuesta de reforma de la OCM del Vino, que ha movilizado a los profesionales y a la propia Administración. De todo ello hace balance el delegado provincial de Agricultura, Manuel Miranda, quien señala que en 2007 el objetivo es seguir trabajando para ayudar a los agricultores y ganaderos, con una apuesta muy fuerte por alternativas como el desarrollo de los biocombustibles o la agricultura ecológica y de conservación.

-El año pasado supuso la entrada en vigor del sistema de pago único. ¿Cuál es el balance?

-Efectivamente, 2006 fue el año de aplicación de la reforma de la PAC, con la principal novedad de la implantación del sistema de pago único. Como siempre que se pone en marcha un nuevo procedimiento administrativo, se necesita un tiempo de rodaje, pero gracias al trabajo de las entidades colaboradoras y de la Administración se pudo hace todo el trámite, incluyendo las alegaciones a la comunicación de derechos provisionales. En total, en la provincia se han presentado 23.110 solicitudes de pago único, mientras que en las últimas semanas de diciembre se efectuó, por parte de la Consejería, un pago generalizado que en Albacete ha ascendido a 68,4 millones de euros, el más importante en la provincia desde la entrada en vigor de la PAC y que, además, se ha hecho seis meses antes de que acabara el plazo estipulado para ello. Las cosas, a mi juicio, se han hecho bien en este apartado.

-A partir del 18 de diciembre se enviaban también las comunicaciones de derechos definitivas. ¿Va a facilitar esto la tarea de cara a la convocatoria de 2007?

-A fecha de hoy la Consejería de Agricultura ha enviado todas las comunicaciones y, lógicamente, estamos recibiendo algunas quejas de agricultores que no están de acuerdo con los derechos asignados. Para reclamar cabe un recurso de alzada, aunque estamos hablando de un pequeño porcentaje de alegaciones.

-¿Ya hay plazo para presentar las solicitudes de la PAC?

-El plazo se ha fijado ya y comprende del 1 de febrero hasta el tercer viernes de marzo.

-2006 ha sido un año complicado en comarcas como La Manchuela, que se ha visto muy afectada por las heladas en el olivar y el viñedo. ¿Va a atender la Consejería las peticiones de las organizaciones agrarias, que solicitan ayudas para esta zona?

-Nosotros consideramos que para este tipo de casos están los seguros agrarios. La consejera Mercedes Gómez decía el otro día que se han invertido más de siete millones en seguros agrarios; en este sentido, creemos que las Administraciones no podemos estar pendientes y salir corriendo, cada vez que la climatología sea adversa, a sacar una orden de ayudas. A pesar de ello, y dada la situación bastante particular de La Manchuela, se está estudiando por parte de la Consejería de Agricultura ofrecer algún tipo de ayuda o compensación, unas medidas que se consensuarán con las organizaciones agrarias. Hoy mismo se ha convocado en Toledo una reunión para abordar este asunto.

-Al hilo de los seguros agrarios, los agricultores se quejan de que las compañías están subiendo las primas y rebajando la cobertura que ofrecen…

-Sobre este tema tengo que decir que aún estoy esperando que alguien venga aquí a la Delegación y nos diga que convoquemos a la Mesa de Seguros. Si el seguro no es bueno habrá que intentar mejorarlo entre todos, pero no puede ser que cada vez que tenemos una incidencia climatológica, que por desgracia es algo muy frecuente en el campo, tengamos que salir con una orden de ayudas que además, en muchos casos, la normativa comunitaria no permite de forma directa.

-El sector vitivinícola, tan importante para Albacete y la Región, se ha llevado en 2006 el ‘susto’ de la reforma de la OCM del Vino. ¿Qué se va a hacer desde el Gobierno regional en 2007?

-El primer documento que sacó la Comisión Europea no nos ha gustado a nadie, fundamentalmente porque gira en torno al arranque de viñedo y nosotros consideramos que no es el momento de arrancar viñedo de forma indiscriminada. La Consejería de Agricultura y el Gobierno regional han estado presentes en todos los foros de debate que se han abierto en este sentido. Mercedes Gómez estuvo en julio en el Parlamento Europeo defendiendo la postura de Castilla-La Mancha, y a primeros de diciembre el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, hizo lo propio en el Comité de las Regiones. Esta Región está liderando, por tanto, la oposición a la propuesta de reforma.

-¿Pueden estar tranquilos, entonces, los profesionales albaceteños de la defensa que se hará desde los poderes públicos?

-Por supuesto. Castilla-La Mancha ha presentado alegaciones en todos los foros europeos y seguiremos trabajando en este sentido. Cualquier reforma de la OCM que no considere al agricultor como el eje sobre el que debe girar la reforma, que no se preocupe o que no intente mejorar su renta, va a contar con toda la oposición de Castilla-La Mancha, del Gobierno regional y de la Consejería de Agricultura.

-Una política comunitaria adversa podría suponer la desaparición de ciertos cultivos, como ha ocurrido este año en Albacete con la remolacha. ¿Qué alternativas hay, sobre todo por lo que respecta al desarrollo de biocombustibles?.

-Hay que recordar que la remolacha demandaba mucha agua y, tal y como estamos en esta provincia, consideramos que su pérdida se puede paliar con otros cultivos sin mayor problema. Aun así, los agricultores que se han visto afectados, que tampoco eran tantos, han sido compensados y no se han ido con las manos vacías. Desde luego que hay alternativas y ahí tenemos los cultivos energéticos. La Unión Europea, precisamente, acaba de difundir el porcentaje obligatorio de biocombustible que deben llevar los carburantes de cada país, y eso es una cosa que a los agricultores albaceteños nos viene bien. Va a haber demanda de biodiesel, de hecho ya la hay, y va a ser una opción muy interesante en la que estamos trabajando, con la idea de que se establezca una planta aquí en Albacete.

-Hacía usted referencia a los consumos de agua. ¿Qué opina de declaraciones como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que afirman que aquí se despilfarra este recurso?

-A mi juicio, Esperanza Aguirre ha venido poco por Castilla-La Mancha para ver cómo regamos y cómo hacemos las cosas en esta Región. Demuestra un desconocimiento impresionante, ya que en Castilla-La Mancha tenemos el 92% de regadío modernizado, mientras que en la Comunidad Valenciana sólo se ha modernizado el 48%, con dotaciones por hectárea de hasta 20.000 metros cúbicos, cuando aquí en La Mancha Oriental estamos hablando, como mucho, de 5.000 metros cúbicos. Además, este año la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental aplicó una restricción voluntaria del 20%, algo que no ha hecho nadie.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció ayer que en materia de aguas se acordó con los presidentes de las comunidades autónomas en la III Conferencia de Presidentes la creación de una Conferencia Sectorial del Agua.

El presidente del Ejecutivo comenzó su intervención en esta materia afirmando que «se han mantenido las diferencias entre los presidentes de las comunidades autónomas», pero que «no obstante se ha alcanzado un acuerdo» que es la creación de este nuevo órgano de debate, que dará más corresponsabilidad a las Comunidades Autónomas.

Rodríguez Zapatero señaló ayer en rueda de prensa al término de la III Conferencia de Presidentes que la política del agua es «muy trascendente» para las comunidades autónomas.

En la actualidad existe un Consejo Nacional del Agua, en el que participan las comunidades autónomas, usuarios del agua, regantes, sindicatos y organizaciones ecologistas. Este Consejo Nacional del Agua «tiene una naturaleza y composición muy distintas», porque en la Conferencia Sectorial del Agua «sólo participará el Gobierno y las comunidades autónomas», explicó Rodríguez Zapatero.

Asimismo, podrá formar parte de la Conferencia Sectorial del Agua, «con voz pero sin voto», un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y se podrá «invitar» a otros titulares ministeriales o consejerías, especialmente los relacionados con regadíos. Concretamente en regadíos, el Gobierno propone un «programa concertado con el Ministerio de Agricultura para mejorar la formación de los regantes».

Informe previo

Esta Conferencia Sectorial del Agua debatirá y emitirá un informe de todos los proyectos de Ley, decretos o cualquier tipo de norma relacionados con el agua, tanto de ámbito estatal como autonómico, así como los contenidos de la nueva planificación hidrológica acorde con la directiva marco de aguas.

Por el contrario, la III Conferencia de Presidentes no aprobó la propuesta del Gobierno de que en materia de agua se reconozca a las Comunidades Autónomas el «ejercicio de determinadas funciones en la gestión del agua en las cuencas intercomunitarias».

Estas cuencas son responsabilidad de la Administración del Estado, pero el Ejecutivo pretendía que las comunidades autónomas «participarán activamente» en su gestión. El PP por su parte afirmó en su documento que «la competencia en materia de aguas es de carácter estatal».

En cuanto a los trasvases, el Ejecutivo quería que las Comunidades Autónomas participaran en la «gestión de las transferencias de aguas entre demarcaciones, de acuerdo con lo que establezca en la planificación hidrológica», pero el documento final no hizo ninguna referencia a este tema.

Los populares reclamaron por su parte al presidente del Gobierno que «diseñe y construya suficientes infraestructuras hidráulicas en toda España, que hagan posible llevar agua de unas cuencas a otras», según el documento entregado a los medios de comunicación, en el que no se recoge la palabra trasvase.

No obstante, tampoco se admitió esta propuesta del PP que abogaría por la creación de nuevas infraestructuras para poder trasvasar el agua de unos ríos a otros.

En el documento de propuestas en materia de aguas del PP se vuelve a reclamar el principio de solidaridad entre las cuencas, aunque apuntan que cada cuenca «debe tener una preferencia para el uso del agua de forma que satisfagan previa y plenamente sus legítimas necesidades actuales y futuras». No obstante, el PP considera que «es compatible con la posibilidad de empleo en otras cuencas de recursos sobrantes disponibles».

Cambio climático

Por otra parte, Rodríguez Zapatero anunció que la próxima Conferencia de Presidentes será el próximo año y estará dedicada al cambio climático, porque España por sus condiciones geográficas estará influida por el cambio climático.

Para preparar la próxima Conferencia de Presidentes se constituirá un amplio grupo de expertos que elaborarán un informe sobre la situación, el impacto y medidas a adoptar ante el cambio climático en España.