Los socialistas murcianos han calificado de «hecho sin precedentes en la historia de nuestra democracia» que se convoque a los presidentes autonómicos para alcanzar un pacto del agua.

8 de enero de 2007.  El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, ha calificado de «hecho sin precedentes en la historia de nuestra democracia que por primera vez el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, convoque a todos los presidentes autonómicos para alcanzar un pacto en materia de agua».

En este sentido, Jara destacó que «a diferencia de Aznar, que se dedicó a enfrentar a los territorios y a los ciudadanos, José Luis Rodríguez Zapatero está promoviendo el diálogo y el acuerdo en el tema del agua, algo que para la Región de Murcia es prioritario».

Para Jara, «la solución a los problemas hídricos se sostiene sobre dos pilares: el primero, las necesidad de inversiones millonarias, algo que el Gobierno de España ya está haciendo en la Región, donde ha destinado mil millones de euros para desalinización; y el segundo, alcanzar un acuerdo en materia de agua entre todas las comunidades autónomas».

Jara indicó que «es esto precisamente lo que está haciendo José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que Valcárcel está instalado en la defensa del agua para la especulación y en el insulto al Gobierno de España».

A juicio del portavoz del PSRM-PSOE, «Valcárcel está más preocupado de su futuro personal que del futuro de los murcianos», indicaron fuentes socialistas.

La Fundación Agua y Progreso se gastó durante el ejercicio de 2005 más de 100.000 euros en ayudas monetarias dirigidas a entidades afines al PP. Según desvela el último informe de la Sindicatura de Comptes, la entidad, que se nutre fundamentalmente de los presupuestos de la Generalitat, repartió parte de sus fondos entre asociaciones agrarias y de regantes que han secundado la estrategia hídrica del Consell y de los populares valencianos. Así, la auditoría privada realizada a Agua y Progreso(y que el Síndic incluye en su informe) recoge dentro de la partida Ayudas monetarias distintas aportaciones a la Junta Central de usuarios del Vinalopó, a la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana, a la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) y a Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (Favcova). El importe global de estas aportaciones asciende a 105.000 euros y se justifican, según la auditoría, por la firma de una serie de convenios de colaboración, cuyo contenido no aclara.

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, que preside Andrés Martínez, es el colectivo que más dinero recibió: 70.000 euros. Este colectivo y su presidente han colaborado activamente con el Consell en la defensa del trasvase del Ebro y en las distintas acciones de protesta contra la política hídrica del Gobierno central. La misma colaboración ha encontrado el Consell en la Federación de Comunidades de Regantes que preside el concejal del PP de Castelló, José Pascual. La Federación obtuvo 20.300 euros, aunque tuvo que devolver 109 por gastos no justificados. Por otro lado, la auditoría habla de un total de 13.000 euros dirigidos a la Asaja. No se especifica a qué rama provincial de esta asociación de ámbito nacional se ha dado el dinero. No obstante, tanto AVA (Asociación Valenciana de Agricultores) como los Jóvenes Agricultores de Alicante secundaron en su día la manifestación organizada por el PP contra la derogación del trasvase del Ebro. Jóvenes Agricultores de Alicante, con su presidente Eladio Aniorte al frente, ha sido uno de los grandes aliados del PP valenciano. Asaja reintegró 602 euros por gastos no justificados. Por último, Agua y Progreso firmó otro convenio con Favcova en virtud del cual desembolsó a este colectivo 2.400 euros. Favcova, impulsada por Carlos Ruiz, es una organización vecinal que ha servido en numerosas ocasiones a la causa popular.
La Fundación Agua y Progreso fue creada por el Gobierno de Camps como un instrumento para su estrategia en materia hídrica basada en el enfrentamiento contra el Gobierno central por la derogación del trasvase del Ebro. Desde su constitución, la oposición ha criticado el funcionamiento de esta entidad pública al entender que ha actuado como un instrumento de propaganda del PP. Además, también ha cuestionado su política de contratación de personal. La Fundación tiene en nómina a miembros del PP, entre ellos al secretario provincial de Valencia. Como asesora trabaja Carmen Vila, quien recientemente envío mensajes SMS contra el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero la misma tarde del atentado de ETA. Desde el grupo socialista, el diputado José Camarasa anunció ayer que pedirá copia de todos los convenios firmados por la Fundación para saber en qué se ha destinado el dinero y si este se ha destinado a defender los intereses de todos los valencianos «o sólo los de una parte». «Mucho nos tememos -añadió Camarasa- que el dinero se haya usado en connivencia con el PP para acciones de protesta contra Zapatero»

«El trasvase del Ebro planteado por Aznar está enterrado»; hay que defender «lo nuestro», el río Júcar, que se muere por «el pacto de Zaplana con Bono de 1997»; mantener el trasvase del Tajo al Segura, y ejecutar el Programa Agua, que podría incluir minitrasvases del Ebro al norte de Castellón. Son «prioridades» que conforman el «pacto del agua» que ayer propuso el líder de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a tres días de la conferencia de presidentes autonómicos convocada por José Luis Rodríguez Zapatero.

Camps debe enterarse de que «el trasvase del Ebro de Aznar está enterrado», dice Pla

Ya está bien de «lloriqueos y quejas», conminó Pla. Es la hora de gobernar «sin partidismos» y «presentar propuestas para toda España». Por ello, planteó la conveniencia de establecer una «estrategia conjunta» ante la reunión del jueves con el presidente del Gobierno, que tratará sobre el agua, la inmigración e I+D+i (investigación, desarrollo e innovación).

Esta estrategia partiría de la «defensa del Júcar, que está siendo esquilmado y maltratado mientras él mira para otro lado». Se refería el secretario general del PSPV a los problemas generados por la distribución del agua del río, que habría beneficiado a Castilla-La Mancha, en detrimento del caudal del Júcar a su paso por tierras valencianas. En este sentido, Pla no tuvo reparos en poner nombres al pacto de 1997 que originó esta situación, señalando al ex presidente socialista de Castilla-La Mancha, José Bono, y al ex presidente valenciano Eduardo Zaplana, del PP.

A pesar de la negativa del PP a discutir la conferencia de presidentes en un pleno en las Cortes, Pla dijo que está dispuesto a hablar «mañana mismo» [por hoy] con Camps. «Nadie puede tener ningún tipo de exclusividad ni trocear las conferencias hidrográficas ni atribuirse el caudal de un río», agregó.

El dirigente socialista reiteró que «el trasvase del Ebro está enterrado», apostillando en cada ocasión que aludía al «trasvase de Aznar». Respondió más tarde que estaba abierta la puerta a posibles trasvases entre cuencas, incluyendo minitrasvases del Ebro a Castellón, fruto de un «riguroso análisis» de la situación y de la ejecución del Programa Agua.

Pla incidió en las posiciones contrapuestas del PP aragonés y valenciano en materia de agua, sobrevoló por las posiciones en el seno del PSOE e incidió en que la única forma de alcanzar una solución es el diálogo y el consenso.

El líder socialista preguntó a Camps si está dispuesto a asumir todas las competencias en materia de agua de la reforma del Estatuto y si continúa «pensando en boicotear la acción del gobierno de España concretada a través del Programa Agua». Este programa ha permitido que «en la peor época de sequía de la historia de esta comunidad, por primera vez no haya cortes de suministros ni abastecimiento a nuestros pueblos y ciudades». Añadió que da la «impresión de que los populares tienen interés en que no llegue ni una gota de agua a la Comunitat para tener un arma arrojadiza más contra Zapatero».

En materia de inmigración, Pla indicó que la política del Consell «ha brillado por su ausencia» y se preguntó si Camps va a equiparar los recursos para favorecer la integración a los que destina el Gobierno. Sobre las inversiones en I+D+i, afirmó que la solución «más equitativa» es que la distribución de los fondos se lleve a cabo «no sólo en función de la situación de atraso de cada comunidad», sino en función de las mejoras que cada autonomía «pueda realizar y establecer con recursos propios y la presentación de proyectos».

Por otro lado, el secretario general del PSPV sostuvo que «no tiene ningún sentido» y es «absurdo» que la Generalitat catalana pida al Gobierno que fije una armonización de los impuestos autonómicos de sucesiones y donaciones en todas las comunidades y que limite su reducción para evitar que las comunidades entren en competencia. Pla respondió a los informadores que el planteamiento del Gobierno catalán es «un poco contradictorio con la conformación del Estado autonómico y con las reformas estatutarias». Sería «mejor» exigir que se produjera «un cumplimiento estricto y específico de la ley de Estabilidad», de forma que cada autonomía «hiciese su política fiscal», pero que cuando «haya problemas de situaciones de endeudamiento y mala gestión financiera como tiene la Generalitat valenciana no hubiese márgenes sino que se fuera muy estricto». A su juicio, «no es normal» que Camps «vaya presumiendo de que rebaja un tipo de impuesto y los valencianos debamos más que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial por el despilfarro y el derroche».

El discurso del Consell sobre la permanente denuncia de una supuesta discriminación de la Comunitat Valenciana por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está oradando, gota a gota, los cimientos electorales del PSPV.De entre los cuatro jinetes del apocalipsis, en versión PP (la política del agua, la falta de inversión en el AVE e infraestructuras, la insuficiente financiación y la inseguridad), la cuestión hídrica, es, sin duda, el argumento estrella. Por eso el líder de los socialistas intentó ayer mojarle la pólvora al presidente Francisco Camps y le propuso sentarse a consensuar un «gran pacto» del agua para que lo lleve a la III Conferencia de Presidentes que se celebra este jueves.

En su primera comparecencia ante la prensa del nuevo año, Pla subrayó la necesidad de que los dos partidos mayoritarios diseñen una «estrategia conjunta» en torno a la inmigración, a las políticas de I+D+i y al agua, asuntos que se tratarán en la cumbre autonómica. Pla se pronunció, en la misma longitud de onda que Zapatero, sobre la urgencia de un «pacto autonómico» del agua con acuerdos entre comunidades vecinas.

El PSPV pide «altura de miras»

Pla reclamó a Camps «altura de miras» y le pidió que deje de «anteponer los intereses de su partido a los de la Comunitat». «No nos gustaría que en la Conferencia de Presidentes actuara al dictado de Génova», en la alusión de la sede nacional del PP. El secretario general del PSPV conminó a Camps a «dejar la línea argumental del pasado y en vez de reclamar el trasvase ya enterrado del señor Aznar, debería defender claramente lo nuestro, que es el Júcar, un río esquilmado y maltratado». Hasta ahora, el Consell «da la sensación de no querer que llegue una gota de agua porque lo utiliza como arma arrojadiza». Ahora, argumentó Pla, debe decidir «si quiere colaborar o continuar con el lloriqueo y la queja permanente». El líder socialista quiere pactar sobre la base, explicó de «la defensa del Júcar, estableciendo las prioridades del uso de agua, el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y un compromiso de análisis pormenorizado y riguroso de la ejecución del Programa Agua», determinando las necesidades y, a medio plazo, podría plantearse un acuerdo «con las comunidades vecinas», que contemplaría «minitrasvases, entre otros desde el Ebro». Esto es, nada nuevo sobre la posición del PSPV en los últimos años. El vicepresidente del Consell, Víctor Campos, explicó en un comunicado que dialogarán de agua «siempre que Joan Ignasi Pla se muestre a favor del trasvase del Ebro». Agregó que el socialista «tiene la oportunidad de ponerse del lado de los valencianos y defender el necesario e irrenunciable trasvase del Ebro», pero el trasvase «de los 350 hectómetros cúbicos», aclaró. Para Campos, Pla «debe sentarse a negociar sin condiciones previas». El portavoz del Consell, Vicente Rambla, fue mucho más explícito al asegurar, según la Agencia Efe, que la propuesta de estrategia conjunta sobre la Conferencia de Presidentes del próximo jueves, llega «tarde y mal». Recordó que «hace sólo unas semanas» el líder socialista se negó a consensuar el desarrollo legislativo del Estatut.

 A pesar de la cercanía de las próximas elecciones municipales y autonómicas, a cinco meses vista, el Gobierno central tratará de que en la Conferencia de Presidentes convocada para el próximo jueves en el Senado los máximos dirigentes de las comunidades eleven la mirada y muestren receptividad para consensuar líneas conjuntas de actuación en la política del agua, inmigración e investigación, desarrollo e innovación.

El Ejecutivo ofrecerá la participación de las autonomías en la gestión de los dos primeros asuntos, aunque se reservará la planificación general de ambas materias. Así se acordó en una reunión secreta celebrada el pasado jueves, 28 de diciembre, con miembros del Gobierno, encabezado por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, el secretario de organización, José Blanco, y los presidentes autonómicos socialistas.

Antes de proponer líneas de actuación conjunta a gobiernos de otros colores políticos, lo primero es que la familia vaya unida. Y parece que se ha conseguido. Los socialistas tuvieron una primera reunión, el jueves 28 de diciembre, en la que sin la presión mediática ni de la opinión pública han preparado la III Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo 11 de enero. Política del agua, inmigración e investigación, desarrollo e innovación son los tres asuntos que se abordarán en la misma.

Las propuestas concretas se han empezado a elaborar, aunque las líneas de actuación ya se han marcado. El Gobierno central ofrecerá a las comunidades autónomas su participación en las Confederaciones Hidrográficas y en los órganos de gestión y planificación del agua.

En esta reunión, algunos de los presidentes autonómicos, singularmente los más concernidos en materia de agua -Marcelino Iglesias, de Aragón, y José María Barreda, de Castilla-La Mancha-, llamaron la atención sobre la incongruencia de que las autonomías tengan competencia exclusiva en materias como agricultura, ordenación del territorio y urbanismo, que necesitan  el agua, y, sin embargo, no están en ningún órgano de gestión del agua.

Algunas comunidades, como Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía, del PSOE, o Valencia, del PP, han introducido en sus reformas estatutarias artículos para arañar competencias en materia de política hidráulica.

La concreción de las medidas que el Gobierno pretende consensuar con las comunidades autónomas se hará en la propia Conferencia de Presidentes, aunque en esta reunión se remachó que este foro, creado a iniciativa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es de reflexión, deliberación y puesta en común de ideas.

Aun así habrá propuestas claras, como la creación de un Consejo Sectorial del Agua en el que estarán representadas las comunidades autónomas. En todo caso, las medidas serán tendentes a fomentar «la corresponsabilidad» del Gobierno central y los autonómicos en materia de agua.

Al comienzo de la reunión de los dirigentes socialistas, que continuó en un almuerzo sin salir de la sede del partido, María Teresa Fernández de la Vega hizo una intervención sobre los objetivos de la conferencia. El presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, continuó con el uso de la palabra y en tono de broma invitó al presidente castellano-manchego a que «dijera lo que tenía que decir». Barreda ha acordado con el PP una reforma estatutaria en la que da por enterrado el trasvase de agua de su comunidad a Murcia en 2015.

Barreda y Marcelino Iglesias, que también ha incorporado a su Estatuto un máximo de hectómetros cúbicos que se deben quedar en Aragón cada año, coincidieron en suponer que el PP querrá poner sobre la mesa «la resurrección del Plan Hidrológico y del trasvase del Ebro», para concluir que los socialistas deben mantenerse firmes y seguir adelante con las «políticas de futuro».

En el terreno interno también se acordó no llevar a la mesa de la Conferencia de Presidentes los asuntos que dividen a los socialistas, aunque también al PP, como son algunas de las referencias del Estatuto de Aragón -en fase de enmiendas en el Congreso- y de Castilla-La Mancha, todavía sin debatir en su propio parlamento.

Los interlocutores consultados señalan que la reserva de agua que quiere establecer Aragón, o la petición de caducidad del trasvase del Tajo al Segura que se refleja en el texto de Castilla-La Mancha, no tiene nada que ver con las propuestas de políticas comunes que el Gobierno quiere hacer a todas las comunidades. Además, dan por seguro que los gobernantes del PP, presos de la misma división entre regiones, tampoco lo pondrán a debate.

Una de cal y otra de arena. Es el balance de Barreda de una reunión secreta de presidentes autonómicos del PSOE con miembros del Gobierno nacional en la que se trató sobre el agua.

8 de enero de 2007.  El resultado de la cumbre socialista, celebrada el día de los Santos Inocentes, fue bueno y malo para el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda. Por un lado el PSOE acordó ofrecer en la Conferencia de Presidentes. que se celebrará en el Senado el próximo jueves, un pacto por el agua consistente sobre todo en dar participación a las Comunidades autónomas en los órganos de gestión del agua.

Barreda puede decir sin miedo que esa iniciativa es suya y que ha conseguido que el PSOE nacional la asuma y la convierta en su medida estrella en la política del agua.

Lo que no ha logrado Barreda es que la dirección nacional del PSOE acepte la inclusión de la fecha de caducidad del trasvase en la reforma del Estatuto de Autonomía. Los socialistas piensan que al PP tampoco le interesa ese debate y que lo único que los populares van a pedir en la Conferencia de Presidentes es que se vuelva al Plan Hidrológico Nacional, en el que por supuesto se mantenía la política de trasvases.

En una información que ofrece El País en su edición de este lunes, se asegura que el Gobierno de Zapatero ofrecerá la participación de las autonomías en la gestión del agua, aunque se reservará la planificación general. Así se acordó en la reunión secreta celebrada el pasado jueves, 28 de diciembre, con miembros del Gobierno, encabezado por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega; el secretario de organización, José Blanco, y los presidentes autonómicos socialistas.

El PSOE quiere hacer diversas propuestas en la Conferencia de Presidentes del jueves, entre ellas la del agua, y primero tenía que alcanzar un acuerdo entre sus propios dirigentes. Según El País, parece que se ha alcanzado.

Uno de esos acuerdos, que se le ofrecerá al resto de partidos políticos, es que, tal como viene exigiendo Castilla-La Mancha desde la llegada al Gobierno de Barreda, el Ejecutivo central ofrecerá a las comunidades autónomas su participación en las Confederaciones Hidrográficas y en los órganos de gestión y planificación del agua.

Habrá otras propuestas claras, como la creación de un Consejo Sectorial del Agua en el que estarán representadas las comunidades autónomas. En todo caso, las medidas serán tendentes a fomentar «la corresponsabilidad» del Gobierno central y los autonómicos en materia de agua.

Chaves invita a hablar a Barreda

Al comienzo de la reunión de los dirigentes socialistas, que continuó en un almuerzo sin salir de la sede del partido, María Teresa Fernández de la Vega hizo una intervención sobre los objetivos de la conferencia. El presidente del PSOE y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, continuó con el uso de la palabra y en tono de broma invitó al presidente castellano-manchego a que «dijera lo que tenía que decir». Barreda ha acordado con el PP una reforma estatutaria en la que da por enterrado el trasvase de agua de su comunidad a Murcia en 2015.

Barreda y Marcelino Iglesias, que también ha incorporado a su Estatuto un máximo de hectómetros cúbicos que se deben quedar en Aragón cada año, coincidieron en suponer que el PP querrá poner sobre la mesa «la resurrección del Plan Hidrológico y del trasvase del Ebro», para concluir que los socialistas deben mantenerse firmes y seguir adelante con las «políticas de futuro».

La caducidad se sale de las «políticas comunes»

Los interlocutores consultados señalan que la reserva de agua que quiere establecer Aragón, o la petición de caducidad del trasvase del Tajo al Segura que se refleja en el texto de Castilla-La Mancha, no tiene nada que ver con las propuestas de políticas comunes que el Gobierno quiere hacer a todas las comunidades. Además, dan por seguro que los gobernantes del PP, presos de la misma división entre regiones, tampoco lo pondrán a debate, siempre según El País.

El PSPV ha exigido a la Generalitat que aclare si los numerosos mensajes de SMS enviados por una asesora de la Fundación Agua y Progreso atacando al presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero después del atentado de Barajas, se realizaron desde un teléfono perteneciente a esta entidad financiada al cien por cien con dinero público.

El diputado socialista José Camarasa era tajante, en este sentido, al exigir que se aclare la procendencia del teléfono desde el que se enviaron los SMS «ya que si se confirma que es de la Fundación Agua y Progreso estaríamos hablando de un caso de malversación de fondos públicos». Por ello adelantó que si desde la entidad no se aclara este asunto, los socialistas interpelarán al vicepresidente del Consell, Víctor Campos. «Es legítimo que una persona inicie una campaña así enviando SMS -y parece que se han enviado muchos-, pero siempre que lo pague ella, porque si lo hace con dinero público sería muy preocupante».

Un millón de subvención en 2007

Al mismo tiempo, los socialistas consideran que este caso evidencia el uso partidista de una fundación «creada por Camps para avivar la guerra del agua», señalaba el diritente del PSPV, Francesc Signes. En este sentido destacó que el Consell destinó 600.000 euros a esta fundación en 2006 e invertirá un millón este ejercicio. Dinero destinado a «pagar a los responsables del PP que conforman su plantilla y que no tienen otra misión que dinamitar cualquier intento del Gobierno de traer agua a la Comunitat, o dar cobertura a pequeños grupos más interesados en cumplir las directrices del PP que en defender los intereses de los agricultores». Por todo ello, Signes destacó que «más valdría que ese dinero se destinara a los agricultures, especialmente en un año tan críticomo como el que hemos vivido».

Izquierda Unida de Albacete ha denunciado que «el Ayuntamiento de Motilleja se encuentra tramitando un expediente de permuta de terrenos de propiedad municipal muy cercanos a la ribera del río Júcar, junto al campo de golf de las Pinaillas en Albacete».

La permuta consistiría, según adelantó ayer esta organización política, «en la entrega a un promotor de unos 320.000 metros cuadrados de suelo rústico propiedad del ayuntamiento de Motilleja a cambio de una chalet adosado de unos 95 metros cuadrados y una suma en metálico de 21.000 euros».

La zona objeto de la permuta se encuentra en la misma ribera del río Júcar en el paraje conocido como Dehesa Boyal (parcelas 5016 y 5017 del polígono 12 del término municipal de Motilleja) y se ha valorado como terreno rústico en 73.791 euros. Como trasfondo -añade IU- subyace la posibilidad, a corto plazo, de construir una urbanización.

Proyectos

Asegura IU que «no es la primera vez que Pedro José Charcos, alcalde socialista de Motilleja, intenta sacar adelante una operación urbanística en terreno municipal y en la ribera del Júcar, ya que en 1998 la Junta de Comunidades frenó un proyecto para urbanizar en una zona muy cercana, en las mismas laderas, a la que hoy pretende ser permutada. Igualmente el pasado año 2005 el Ayuntamiento de Madrigueras, con su alcalde al frente, pudo evitar la construcción de unos cuatrocientos chalets en una zona también muy cercana».

La ribera del Júcar, añade IU, ha sido y sigue siendo una zona muy apetecible para los promotores y constructores, pero se trata de una zona donde construir urbanizaciones es inviable ambientalmente y desde la perspectiva de un desarrollo racional del territorio supone no ajustarse a criterios de sostenibilidad y respeto al medio ambiente.

Para el coordinador provincial de Izquierda Unida, Pedro Bolívar, «esta operación, que apunta unos fines especulativos muy claros, es un intento más de impulsar una iniciativa urbanizadora que degradaría de forma irremediable el entorno del río Júcar, con el agravante de que se trata de una propiedad municipal».

El dirigente de IU ha pedido a la Consejería de Urbanismo y Vivienda que no autorice esta permuta, por tratarse de un posible fraude de ley ya que no existe justificación racional y legal posible que motive la operación y, además, afectaría a una zona de especial protección ambiental y pendiente de ordenación.

Molina aseguró que la situación de sequía que se está viviendo sólo se asemeja a las de los años 94 y 95 «cuando se secó el río Júcar». No obstante, indicó que en aquel momento los desembalses que se realizaban no se hacían para mantener el caudal ecológico del río.

En el 2001 las restricciones en los regadíos fueron también importantes aunque no tanto como este año ya que entonces alcanzaron el 14%, según recordó el secretario de la JCRMO.