El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, se la juega hoy con el agua como eje central de su intervención en la tercera edición de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que se celebra hoy en Madrid. No lo tendrá fácil porque la mayoría de presidentes autonómicos que se han pronunciado lo han hecho en contra del acuerdo alcanzado en Castilla-La Mancha para fijar en su Estatuto de Autonomía una fecha de caducidad al trasvase Tajo-Segura establecida para el año 2015.

Barreda defenderá hoy en la III Conferencia del Presidentes Autonómicos la gestión del agua, que tiene que ser del Estado, «pero del Estado de las Autonomías», y por tanto, «con la corresponsabilidad y coparticipación de las comunidades autónomas», consideró.

En declaraciones a los medios, el presidente del Gobierno regional, José María Barreda, aseguró ayer en este sentido que el hecho de que el presidente de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero hable de solidaridad entre las diversas cuencas hidrográficas, «no significa que se vaya a bendecir ningún trasvase, ni futuro, ni de los actuales», porque además, «yo mismo hablo de solidaridad».

Por eso, Barreda dijo no dar «crédito, hasta que no vea los documentos que se manejen» al planteamiento de solidaridad entre las diversas cuencas, que podría plantear el Gobierno central en dicha reunión.

Aseveró asimismo que sus planteamientos no pasan por blindar ningún río, ni ser gestor de ninguna cuenca, pero defendió que la gestión del agua ha de ser del Estado de las Autonomías, y por tanto de las regiones, que como integrantes de ese modelo han de ser determinantes en el funcionamiento de los órganos hídricos.

Expuso el tema del agua

Recordó Barreda que él fue el primero que puso el tema del agua encima de la mesa en la I Conferencia de Presidentes, alegando que no «tiene sentido» que en un Estado en el que las Autonomías tienen competencias en materia de agricultura, urbanismo y medio ambiente, no tengan atribuciones en el agua.

«Por eso planteé la necesidad de adecuar la normativa de los órganos de las cuencas», explicó, tesis, que según Barreda, ha prosperado tanto entre la opinión pública como en las esferas regionales y políticas, «porque si el tema del agua, al igual que el del trasvase Tajo-Segura está en la agenda es porque nosotros lo hemos puesto con seguridad y rigor».

El titular del Gobierno regional, que aseguró no ser un «fundamentalista» del agua, sentenció que ésa será la postura que defienda «con firmeza» en la Conferencia del Presidentes de hoy, donde expondrá las cuestiones que con unanimidad las Cortes regionales han acordado en el borrador del Estatuto de Autonomía, «en el caso de que se planteen cuestiones adversas». El día previo a la Conferencia de Presidentes también dejó cruces de acusaciones con varias comunidades autónomas implicadas. Así, el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pidió a Zapatero que se manifieste hoy claramente que «las cuencas hidrográficas son competencia del Estado, porque el agua es de todos los españoles». Ibarra afirmó que «nadie tiene la culpa de que el régimen franquista hiciera el trasvase Tajo-Segura, pero en base a eso se montó una economía, por lo que hay que respetarlo y nadie está legitimado para romperlo».

Polémica con Madrid

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó que no le parecía mal, pero advirtió de que en España «hay agua suficiente para todos, lo que ocurre es que tenemos que terminar de una vez con los usos del agua improductivos, antieconómicos y antiecológicos». La presidenta madrileña dijo que en España se consume al año un total de 25.000 hectómetros cúbicos de agua «y el 85% es para uso agrícola, muchas veces en regadíos improductivos, que requieren de fertilizantes y subvenciones», y acusó a Castilla-La Mancha de regar a manta y por inundación, frente a los regadíos «absolutamente productivos de Murcia».

Estas declaraciones tuvieron su respuesta en Castilla-La Mancha. Así, el vicepresidente segundo de la Junta, Emiliano García-Page, reprochó a la Comunidad de Madrid que «no vigile la calidad del agua que llega a Toledo desde el Tajo, porque este río está como está porque una parte importante se va a se va a otro sitio, y también porque lo que nos llega como agua depurada es más que discutible». Page recordó a Esperanza Aguirre que Castilla-La Mancha es la comunidad donde mayor optimización se hace del agua «puesto que el 92% de la que se destina para riego se hace bajo las premisas y el concepto de ahorro». También el presidente valenciano, Francisco Camps, defenderá los trasvases entre cuencas «porque son imprescindibles para el futuro de la Comunidad Valenciana y para el conjunto de la España mediterránea». Por ello pedirá a Zapatero «que abandone su política de oposición total a los trasvases».

Organizaciones ecologistas

Las organizaciones ecologistas también se pronunciaron sobre el debate en torno al agua que se abordará hoy. Así, Ecologistas en Acción considera que la reclamación de competencias en agua tiene como finalidad «evitar cualquier cortapisa a grandes desarrollos urbanísticos, aunque superen sus necesidades hídricas». También Adena criticó el «planteamiento desarrollista» de la política de agua de muchas comunidades.

La necesidad de alcanzar un consenso en torno a una política hidrológica en España es uno de los propósitos que planteará hoy el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a los presidentes autonómicos durante las sesiones de la III Conferencia de Presidentes que tendrá lugar en el Senado. Un objetivo que, a priori, está sujeto a no pocas dificultades dada la politización que rodea al debate sobre el agua.

El agua, junto a la inmigración y las inversiones en I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), forma parte del orden del día. Los presidentes autonómicos del PP han criticado, de entrada, su marginación en la elaboración del temario así como la ausencia de trabajos previos para un debate «serio».
La posición del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, sobre el agua será uno de los escollos con los que se va a encontrar Zapatero. Camps acude a la cita con una reivindicación histórica: la ejecución del derogado trasvase del Ebro como único recurso que garantiza los aportes hídricos a la Comunitat.
Conscientes de esa actitud, el ministerio de Administraciones Públicas ha elaborado un informe, al que ha tenido acceso este periódico, para que el presidente del Ejecutivo rebata las tesis de Camps, que estará apoyado por el presidente Valcárcel, de Murcia.
El informe incluye una serie de datos (ver cuadro) sobre las inversiones realizas por el Gobierno en políticas del agua en la Comunitat en varias etapas que incluyen desde última legislatura del Gobierno del PP (2000-2003) hasta los años de gestión del Gobierno socialista. «Se trata de contrastar con cifras reales la voluntad inversora en este ámbito de un Ejecutivo y otro. El resultado no ofrece dudas», aseguró ayer un alto cargo.
La primera conclusión del informe señala que la inversión anual en la comunidad en políticas de agua se ha multiplicado por diez al pasar de los 60,40 millones de euros por año en el periodo 2000-2003, hasta los 661,44 millones contemplados en los presupuestos del Estado 2007. En términos relativos, las cantidades invertidas en la Comunitat pasaron del 4,84% (entre 2000 y 2003) hasta el 19,51% del total de inversión regionalizable en toda España, lo que supone cuatro veces más. El citado informe emplea otros parámetros: La inversión por habitante pasó de 14.000 euros (2000-2003) a 141.000 euros, es decir también multiplicada por diez. Una diferencia similar se produce si se calcula sobre el PIB de la comunidad o si se toma como medida el kilómetro cuadrado. En el informe se resalta la necesidad de alcanzar un consenso en materia de agua «en base a la sostenibilidad medioambiental», principio al que deben ajustarse las competencias que en esta materia tienen las comunidades. Una referencia a un control sobre el creciente desarrollo urbanístico.

El programa de Actuaciones para la Gestión y Uso del Agua (AGUA) avanza «a velocidad de crucero» y todas las obras previstas en el mismo han sido ya respaldadas por la Unión Europea y contarán con financiación comunitaria.

Así lo aseguró la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien compareció hoy ante los medios de comunicación para hacer balance de las iniciativas que ha puesto en marcha su departamento y explicar los objetivos que centrarán el último tramo de la legislatura.

La ministra recordó que el programa AGUA se basa en el ahorro y la modernización de regadíos, en potenciar la reutilización de aguas depuradas y en la desalinización en el litoral mediterráneo, y destacó en este sentido que desde el inicio de la legislatura la cantidad de agua desalinizada se ha duplicado y al final de la legislatura se habrá triplicado esa cantidad.

Narbona aseguró que al ritmo con que se estaban ejecutando las inversiones previstas en el Plan Hidrológico durante la pasada legislatura, las obras incluidas en éste (incluido el trasvase del Ebro) no se habrían acabado antes del año 2020.

Incidió además en que el trasvase del Ebro no contaba con el visto bueno de la Unión Europea, y contrastó aquella situación con la actual, ya que según la ministra las instituciones comunitarias no han rechazado «ni una sola» de las actuaciones previstas en el programa AGUA como alternativa a aquel trasvase.

La titular de Medio Ambiente recordó que el Gobierno anterior pidió a la UE «y nunca obtuvo» 1.200 millones de euros, y aseguró que esa cantidad se está ya utilizando en muchas de las infraestructuras incluidas en el programa AGUA (unos 511 en Cataluña a través de Fondos de Cohesión y el resto en el litoral mediterráneo a través de Fondos FEDER).

Narbona explicó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, concretará propuestas en materia de política del agua en la Conferencia de Presidentes, y negó que exista un consenso previo entre las comunidades socialistas al respecto.

La ministra compareció acompañada por los dos secretarios generales de su Departamento, Arturo Aizpiri (para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático) y Antonio Serrano (para la Biodiversidad y el Territorio, quienes avanzaron las prioridades de los próximos meses.

Aizpiri se refirió a los proyectos de ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que sustituirá un texto de 1972, a la nueva Ley de Envases y Residuos de Envases, al decreto-ley de Evaluación Ambiental y al Plan Nacional Integrado de Residuos que prepara el Gobierno para el periodo 2007-2015.

Respecto a la lucha contra el cambio climático, aseguró que el principal instrumento para combatirlo será la Estrategia de Cambio Climático y Energías Limpias, y explicó que ésta servirá para identificar medidas adicionales a las que ya se han adoptado y para consolidar el cambio de tendencia que registraron el pasado año las emisiones de gases de efecto invernadero, que se redujeron por primera vez.

Antonio Serrano destacó, entre las iniciativas legislativas, el proyecto de ley de la Red de Parques Nacionales y el de declaración de Monfragüe como Parque Nacional, y confió además en que avancen las negociaciones para culminar la transferencia a las comunidades de estos espacios.

El presidente del Gobierno regional, José María Barreda, aseguró ayer que el hecho de que el presidente de la nación, José Luis Rodríguez Zapatero, hable de solidaridad entre las diversas cuencas hidrográficas, “no significa que se vaya a bendecir ningún trasvase, ni futuro, ni de los actuales”, porque además, “yo mismo hablo de solidaridad”, añadió.

Barreda dijo no dar “crédito, hasta que no vea los documentos que se manejen” al planteamiento de solidaridad entre las diversas cuencas, que podría plantear el Gobierno central en la Conferencia de Presidente. El titular del Ejecutivo castellano-manchego aseveró que sus planteamientos no pasan por blindar ningún río, ni ser gestor de ninguna cuenca, pero defendió que la gestión del agua ha de ser del Estado de las Autonomías, y por tanto de las regiones, que como integrantes de ese modelo han de ser determinantes en el funcionamiento de los órganos hídricos.

En Aragón, representantes de los cinco partidos políticos con representación en el Parlamento, PP, PSOE, CHA, PAR e IU, se entrevistaron con el presidente del Gobierno autónomo, Marcelino Iglesias , y rechazaron, de nuevo, cualquier posibilidad de realización de un nuevo trasvase del río Ebro al Levante

Por contra, el jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel , dijo ayer que la Conferencia de Presidentes “carece de contenido político y sirve para tratar de vender imagen”. Valcárcel manifestó su confianza en que la reunión “sea algo más que una simple foto o un gesto para la galería”, aunque opinó que “muchos nos tememos que se quedará en una mera excusa para la pose, la escenificación y la sonrisa”.

La posición de los presidentes regionales del PP terminará de quedar perfilada en el almuerzo que mantendrán hoy, a las 14.00, con el presidente nacional del partido, Mariano Rajoy, y al que asistirá el presidente Camps.

1.200 millones
Por otro lado, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró ayer que Cataluña, la Comunitat, Murcia y Andalucía recibirán 1.200 millones desde la Unión Europea bajo el nombre de Proyecto AGUA, programa llamado a sustituir las expectativas dejadas por el trasvase del Ebro y cuyos fondos “ya están concedidos”.

De esos 1.200 millones de euros, 511 se destinarán a financiar, gracias a los Fondos de Cohesión, proyectos en Cataluña. Los fondos FEDER, por su parte, correrán con los gastos que se elevarán hasta los 689 millones en las otras tres comunidades mediterráneas.

Los embalses peninsulares han vuelto a perder, por tercera vez consecutiva, agua y quedan al 55,1% de su capacidad, es decir, con 29.286 hectómetros cúbicos almacenados, un 0,5% menos que la semana pasada.

Según los datos que hace públicos cada martes el Ministerio de Medio Ambiente, la pérdida de esta semana es de 263 hectómetros cúbicos, el 0,5% de la capacidad de los pantanos (54.151 hectómetros en total), con variaciones de entre 125 hectómetros menos en el Tajo y 11 hectómetros más en la cuenca atlántica andaluza.

El agua almacenada es superior en 8,3 puntos a la que había en este mismo periodo del año pasado, pero inferior en tres puntos a la de los últimos cinco años y en 6,6 puntos a la de los últimos diez años. Aunque las cuencas del Júcar y del Segura se mantienen en niveles precarios, con un 12% y un 14,4% de su capacidad total, respectivamente, han subido ligeramente desde la semana pasada.

Las media de precipitaciones ha sido de solo 2,3 litros por metro cuadrado, 3,8 en la vertiente atlántica y 0,2 en la mediterránea, lo que representa 12,2 litros menos que la media del periodo entre 1930 y 1996.

TOLEDO. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, afirmó ayer que la gestión de las cuencas hidrográficas es un tema de la agenda de la Conferencia de Presidentes del próximo jueves porque él lo ha propuesto y agregó que la primera condición para solucionar un problema es plantearlo.

En rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida de Toledo, el presidente regional recordó que en la primera Conferencia de Presidentes él fue «el único» que planteó la cuestión del agua y que entonces ya explicó que «no tiene ningún sentido que en el Estado de las autonomías» no sean las comunidades autónomas «copartícipes en los órganos de administración y gestión del agua».

El presidente regional dijo que él explicará a sus homólogos «con claridad y firmeza» el acuerdo castellano-manchego sobre la caducidad del trasvase Tajo-Segura «si se planteara alguna duda» sobre las intenciones de Castilla-La Mancha, las cuales, recordó, están recogidas «por unanimidad» (PSOE y PP) en el texto -en proceso de reforma- del Estatuto de Autonomía. Barreda dijo que su impresión es que «de un tiempo a esta parte» Castilla-La Mancha ha «mejorado su posición» respecto a otras autonomías, al Gobierno y, también, hacia la opinión pública, dado que el tema del agua «está en la agenda» gracias a esta región.

«El tema del trasvase Tajo-Segura, que era un tabú prácticamente hasta hace dos años está hoy en cuestión y está en la agenda porque nosotros lo hemos puesto», subrayó.

El líder de los socialistas castellano-manchegos indicó, en este sentido, que «la condición necesaria para solucionar un problema es plantearlo» y resaltó que, además, Castilla-La Mancha ofrece una solución al problema planteado.

A juicio de Barreda, las competencias sobre agricultura, urbanismo, vivienda, medio ambiente u ordenación del territorio es «obvio» que para su «desarrollo coherente» requieren de una competencia sobre el agua. «Cómo no pintar nada en los órganos de gestión del agua» si forma parte de la ordenación del territorio, asunto sobre el que esta región tiene competencia.

El consejero de Territorio y Vivienda, Estaban González Pons, mostró ayer su «convencimiento íntimo» de que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, «está ubicando desaladoras en la Comunidad valenciana para llevar agua a otras comunidades autónomas», en respuesta a los anuncios hechos por la ministra. «A nosotros no nos traen agua del Ebro, pero de la Comunidad llevarán agua a Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha fabricada por las desaladoras que contaminarán nuestro mar», afirmó.
   González Pons se pronunció en estos términos en relación a la denuncia que la Generalitat valenciana aprobará presentar en la reunión del próximo pleno del Gobierno Valenciano ante la Unión Europea contra la desaladora de Torrevieja en Alicante por, entre otros motivos, «no contar con la declaración de impacto ambiental para su ampliación».
   Al respecto, recordó que esta denuncia se basará en que esta desaladora que «se ubicará en el área de amortización del Parque Natural de La Mata-Torrevieja, carece de declaración de impacto ambiental para su ampliación, se convertirá en la más grande del Mediterráneo y la tercera más grande del mundo, y que abocará la sal sobre la pradera de poseidonia con la financiación de fondos comunitarios», informa Ep.
   Por su parte, desde Murcia, el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, aclaró en un comunicado que la infraestructura del trasvase del Ebro «habría sido una realidad en el año 2008», y no en 2020, como ha apuntado la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. Cerdá aseguró que «la ministra Narbona y el Gobierno socialista, en su afán por engañar a los ciudadanos e intentar ocultar el estrepitoso fracaso del Programa AGUA, confunde deliberadamente todas las obras del PHN con el trasvase del Ebro». Según Cerdá, «la obra habría estado finalizada en el año 2009».
   

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó ayer que a principios de 2004 se desalaban 140 hectómetros cúbicos de agua al año en España. A finales de 2006, con la entrada de nuevas desaladoras, el volumen se incrementó en 176 hectómetros y para finales de 2008, se unirán otros 135 hectómetros. En total, la capacidad de desalación será en 2008 de 451 hectómetros cúbicos, tres veces más que en 2004. Además, prevé la entrada en funcionamiento entre 2009 y 2010 de instalaciones que aportarán otros 400 hectómetros.

Estas actuaciones, previstas en el programa Agua (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua), que se desarrollará hasta finales de legislatura, servirán, a juicio de Narbona, para acabar con los principales déficits de las políticas nacionales del agua: la falta de control público sobre la gestión, la calidad y la cantidad de agua y en las graves deficiencias en la racionalidad del consumo de agua, en el que el que el sector agrícola es responsable, con el 70% del consumo. Narbona se rodeó de sus dos secretarios de Estado para hacer un balance optimista de las decisiones adoptadas por el Ministerio en lo que va de legislatura, con siete leyes aprobadas y otras seis que verán la luz a lo largo de este año, y para avanzar los objetivos para 2007, en los que las políticas destinadas a mejorar el consumo del agua y la gestión de los recursos hídricos serán vitales.

Con este propósito, la titular de Medio Ambiente avanzó que su departamento ha remitido hace diez días un balance sobre la política del agua desarrollada por el gobierno socialista a los presidentes autonómicos, que servirá como base para el pacto autonómico que propondrá el presidente Zapatero en la conferencia de presidentes autonómicos que empieza mañana.

Aunque no quiso desvelar ningún detalle sobre el posible pacto, Narbona negó que la subida del precio del agua vaya a ser tratada, ‘puesto que tiene su ámbito de trabajo en cada una de las cuencas hidrográficas’.

Cataluña obtiene casi la mitad de los fondos UE

Narbona reconoció que la Unión Europea ha aprobado a finales del mes de diciembre los 1.200 millones de euros que había solicitado para el programa AGUA y que sustituían a los solicitados por el gobierno del Partido Popular para el derogado trasvase del Ebro. De los 1.200 millones, la titular de Medio Ambiente recalcó que 511 millones se destinarán a infraestructuras en Cataluña, procedentes en su integridad de fondos de Cohesión. Los restantes 689 se los repartirán otras regiones y provincias de la cuenca mediterránea (Castellón, Valencia, Baleares, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Canarias, y Baleares), que recibirán el dinero a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El Gobierno ha tratado de pasar de puntillas ante la guerra del agua, incentivada a cuenta del proceso de reformas estatutarias impulsado por el PSOE en esta legislatura y en la que han acabado cayendo también los «barones» del PP. Pero su ambigüedad no ha evitado que esta batalla haya caldeado el ambiente previo a la reunión de presidentes autonómicos con un tenso cruce de declaraciones. Ayer, el presidente manchego, José María Barreda, frenó los pies a posibles intenciones del Ejecutivo en ningún caso aún concretadas. Así, advirtió de que el hecho de que el Gobierno hable en sus resoluciones de solidaridad entre las diversas cuencas hidrográficas, «no significa que se vaya a bendecir ningún trasvase, ni futuro, ni de los actuales». Por su parte, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, adelantó que defenderá en la Conferencia la necesidad de trasvases como el del Ebro, derogado por el Gobierno, como la única solución posible para la falta de agua en el Levante español. Los líderes de los partidos políticos de Aragón avalaron que el jefe del Ejecutivo aragonés, Marcelino Iglesias, defienda el rechazo a los trasvases entre cuencas; mientras que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, anunció que reclamará a Rodríguez Zapatero que complete las inversiones previstas en el Plan Hidrológico Nacional.
   

TOLEDO. Las Cortes de Castilla-La Mancha abrieron ayer un período extraordinario de sesiones para tramitar la reforma del Estatuto de Autonomía, que permitirá enmiendas al texto hasta el día 19, un dictamen de la comisión permanente el día 22 y la convocatoria el día 24 de un pleno que se celebrará el 29, 30 ó 31.

Ése es el calendario previsto por la Mesa en su reunión de ayer, dado a conocer por el secretario de este órgano, Jesús Fernández Vaquero, al término de un encuentro caracterizado, según explicó, por la continuidad del compromiso entre los dos grupos de la Cámara para que cualquier modificación al texto sea presentada de forma conjunta. Fernández Vaquero subrayó que el Estatuto castellano-manchego será el único de que, de momento, se reforma con el consenso de todos los grupos parlamentarios regionales en las enmiendas y proposiciones de ley que alteren el texto pactado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en la Cámara autonómica, José Molina, aseguró que el nuevo Estatuto mantendrá la fecha de fin del trasvase Tajo-Segura en 2015 porque es una apuesta «firme que no va a ser modificada», Además, sostuvo que «salvo el elemento de la caducidad del trasvase» no habrá ningún punto «que suponga problemas o contradicciones» con otros intereses en su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Tras asegurar que espera que la reforma se tramite «con agilidad» por parte de las Cortes Generales, Molina confirmó que no habrá modificaciones en relación al agua pese a las consideraciones realizadas en relación a la caducidad de la derivación a Levante que realizó Ecologistas en Acción, que prácticamente pretendía la supresión del Título en el que se trata este aspecto.