La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, explicó ayer que a principios de 2004 se desalaban 140 hectómetros cúbicos de agua al año en España. A finales de 2006, con la entrada de nuevas desaladoras, el volumen se incrementó en 176 hectómetros y para finales de 2008, se unirán otros 135 hectómetros. En total, la capacidad de desalación será en 2008 de 451 hectómetros cúbicos, tres veces más que en 2004. Además, prevé la entrada en funcionamiento entre 2009 y 2010 de instalaciones que aportarán otros 400 hectómetros.

Estas actuaciones, previstas en el programa Agua (Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua), que se desarrollará hasta finales de legislatura, servirán, a juicio de Narbona, para acabar con los principales déficits de las políticas nacionales del agua: la falta de control público sobre la gestión, la calidad y la cantidad de agua y en las graves deficiencias en la racionalidad del consumo de agua, en el que el que el sector agrícola es responsable, con el 70% del consumo. Narbona se rodeó de sus dos secretarios de Estado para hacer un balance optimista de las decisiones adoptadas por el Ministerio en lo que va de legislatura, con siete leyes aprobadas y otras seis que verán la luz a lo largo de este año, y para avanzar los objetivos para 2007, en los que las políticas destinadas a mejorar el consumo del agua y la gestión de los recursos hídricos serán vitales.

Con este propósito, la titular de Medio Ambiente avanzó que su departamento ha remitido hace diez días un balance sobre la política del agua desarrollada por el gobierno socialista a los presidentes autonómicos, que servirá como base para el pacto autonómico que propondrá el presidente Zapatero en la conferencia de presidentes autonómicos que empieza mañana.

Aunque no quiso desvelar ningún detalle sobre el posible pacto, Narbona negó que la subida del precio del agua vaya a ser tratada, ‘puesto que tiene su ámbito de trabajo en cada una de las cuencas hidrográficas’.

Cataluña obtiene casi la mitad de los fondos UE

Narbona reconoció que la Unión Europea ha aprobado a finales del mes de diciembre los 1.200 millones de euros que había solicitado para el programa AGUA y que sustituían a los solicitados por el gobierno del Partido Popular para el derogado trasvase del Ebro. De los 1.200 millones, la titular de Medio Ambiente recalcó que 511 millones se destinarán a infraestructuras en Cataluña, procedentes en su integridad de fondos de Cohesión. Los restantes 689 se los repartirán otras regiones y provincias de la cuenca mediterránea (Castellón, Valencia, Baleares, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Canarias, y Baleares), que recibirán el dinero a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

El Gobierno ha tratado de pasar de puntillas ante la guerra del agua, incentivada a cuenta del proceso de reformas estatutarias impulsado por el PSOE en esta legislatura y en la que han acabado cayendo también los «barones» del PP. Pero su ambigüedad no ha evitado que esta batalla haya caldeado el ambiente previo a la reunión de presidentes autonómicos con un tenso cruce de declaraciones. Ayer, el presidente manchego, José María Barreda, frenó los pies a posibles intenciones del Ejecutivo en ningún caso aún concretadas. Así, advirtió de que el hecho de que el Gobierno hable en sus resoluciones de solidaridad entre las diversas cuencas hidrográficas, «no significa que se vaya a bendecir ningún trasvase, ni futuro, ni de los actuales». Por su parte, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, adelantó que defenderá en la Conferencia la necesidad de trasvases como el del Ebro, derogado por el Gobierno, como la única solución posible para la falta de agua en el Levante español. Los líderes de los partidos políticos de Aragón avalaron que el jefe del Ejecutivo aragonés, Marcelino Iglesias, defienda el rechazo a los trasvases entre cuencas; mientras que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, anunció que reclamará a Rodríguez Zapatero que complete las inversiones previstas en el Plan Hidrológico Nacional.
   

TOLEDO. Las Cortes de Castilla-La Mancha abrieron ayer un período extraordinario de sesiones para tramitar la reforma del Estatuto de Autonomía, que permitirá enmiendas al texto hasta el día 19, un dictamen de la comisión permanente el día 22 y la convocatoria el día 24 de un pleno que se celebrará el 29, 30 ó 31.

Ése es el calendario previsto por la Mesa en su reunión de ayer, dado a conocer por el secretario de este órgano, Jesús Fernández Vaquero, al término de un encuentro caracterizado, según explicó, por la continuidad del compromiso entre los dos grupos de la Cámara para que cualquier modificación al texto sea presentada de forma conjunta. Fernández Vaquero subrayó que el Estatuto castellano-manchego será el único de que, de momento, se reforma con el consenso de todos los grupos parlamentarios regionales en las enmiendas y proposiciones de ley que alteren el texto pactado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en la Cámara autonómica, José Molina, aseguró que el nuevo Estatuto mantendrá la fecha de fin del trasvase Tajo-Segura en 2015 porque es una apuesta «firme que no va a ser modificada», Además, sostuvo que «salvo el elemento de la caducidad del trasvase» no habrá ningún punto «que suponga problemas o contradicciones» con otros intereses en su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Tras asegurar que espera que la reforma se tramite «con agilidad» por parte de las Cortes Generales, Molina confirmó que no habrá modificaciones en relación al agua pese a las consideraciones realizadas en relación a la caducidad de la derivación a Levante que realizó Ecologistas en Acción, que prácticamente pretendía la supresión del Título en el que se trata este aspecto.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes regionales, José Molina, se mostró ayer convencido de que puede haber un buen acuerdo sobre el agua en la III Conferencia de Presidentes Autonómicos prevista para este jueves en el Senado.

Molina recordó que para Castilla-La Mancha era muy importante la participación de las comunidades autónomas en los órganos de gobierno de las cuencas hidrográficas, una ‘batalla’ que destacó como largamente deseada y que aseguró que fue suscitada por primera vez en Castilla-La Mancha.

El portavoz socialista consideró evidente que la posición de Castilla-La Mancha y de su presidente, José María Barreda, ha sido determinante para que este tema figure en la agenda política de la Conferencia, y por ello recalcó que Barreda defenderá los intereses de Castilla-La Mancha independientemente del color político.

Preguntado por las críticas del secretario general del PP en la región, Vicente Tirado, sobre las supuestas «reuniones secretas» entre Zapatero y los presidentes autonómicos socialistas con carácter previo a la Conferencia, Molina matizó que no hubo reuniones secretas, sino que éstas fueron de trabajo, igual que la mantenida ayer entre dirigentes ‘populares’.

Expresó su esperanza de que la Conferencia de Presidentes sea para trabajar y no para la confrontación política y partidaria, y por ello pidió al PP que tenga lealtad institucional y no ponga «chinitas en las ruedas».

Actividad legislativa. Por otro lado, el portavoz socialista vaticinó una importante actividad legislativa hasta que las Cortes regionales sean disueltas para la celebración de las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo. Previó que puedan ser aprobadas en torno a una decena de leyes si éstas llegan con tiempo suficiente al Parlamento autónomo y son registradas a lo largo del mes de febrero, porque más tarde afirmó que sería difícil que salieran adelante, y reiteró que al término de esta legislatura Castilla-La Mancha habrá dado un «paso de gigante» en infraestructuras de transporte y de agua, pero, sobre todo, en contar con un nuevo Estatuto de Autonomía «que mejorará las condiciones de vida de los castellano-manchegos». Sobre la reforma estatutaria, aseguró que Barreda «no consentirá» que el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP sobre el contenido del documento se rompa y agregó que se mantendrá la caducidad del trasvase Tajo-Segura y el 2015 como fecha para aquélla.

Encuestas y ETA. Interrogado por el «cambio de tendencia» en la intención de voto en Castilla-La Mancha que el ‘popular’ Vicente Tirado dijo ayer percibir analizando las encuestas, respondió manifestando que «el señor Tirado no ha salido aún del sueño navideño y es posible que confunda sus deseos con la realidad». Afirmó que el PSOE regional también está muy satisfecho con sus propias encuestas y aseveró que los ‘populares’ «saben que a los que les va mal es a ellos».

En cuanto a política antiterrorista, recomendó al PP que reflexione si hay que atacar y criticar al Gobierno o a ETA, porque «últimamente parece que lo hace más al Ejecutivo que a ETA», concluyó.

La proximidad de las elecciones autonómicas está poniendo de los nervios a más de uno. El pasado 28 de diciembre no fue un día tan inocente como los santos a los que se conmemoraba.

9 de enero de 2007.  La inocentada de ese día hubiera podido plasmarse en un titular de este tenor: «Barreda hace intensas gestiones para que no haya un trasvase al Segura para regadío». Pero la prensa no recogió el 28 de diciembre nada en ese sentido. Lo hizo al día siguiente. El 29 por la mañana Barreda expresaba su esperanza en que no se autorizara un trasvase para regadío. Al mediodía el Consejo de Ministros autorizó un nuevo trasvase para abastecimiento humano, pero negó el de regadío.

Inmediatamente salió el viceportavoz del Grupo Socialista de las Cortes, José Manuel Caballero, asegurando que «La firmeza de Barreda ha propiciado que se atiendan las demandas de Castilla-La Mancha». Y ya no era el día de los Santos Inocentes. Tanto Barreda como «Josele» Caballero habían dejado claro que el día anterior el presidente castellano-manchego se había reunido con la vicepresidenta segunda del gobierno de la nación, María Teresa Fernández de la Vega, y con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, «para explicarles la posición de Castilla-La Mancha».

Sin embargo, cinco días después, la ministra negó que el objetivo de la reunión con Barreda del día 28 «fuera para paralizar el envío de agua del Tajo para el riego en el Segura». Todavía puede leerse en la web del PSOE de Castilla-La Mancha, porque es la información con la que abren, un pie de foto en el que dice: «Barreda realizó intensas gestiones para que no haya un trasvase para regadío».

O mintió Barreda o mintió la ministra  ¿O quizá mintieron ambos?

La información de este lunes de El País aclara algo las cosas. Es cierto que hubo reunión. Y efectivamente en ella estuvieron la vicepresidenta del Gobierno y la ministra Narbona. Pero también asistieron el secretario de organización del PSOE, José Blanco, y Barreda y el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias; y el presidente de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra; y el de Andalucía, Manuel Chavez…, y etcétera. Y también hablaron del agua, pero para elaborar una propuesta de pacto nacional con vistas a la Conferencia de Presidentes del jueves en el Senado. Dicha propuesta, por cierto, no incluye la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura.

El PP puso ayer el acento en el carácter secreto de la reunión del 28 y lo condenó. Pero lo importante no es que fuera secreta pues el PSOE tiene derecho a celebrar sus reuniones como le venga en gana. Lo importante es que se ha dado una información sesgada, manipulada y en parte falsa de dicha reunión. Y encima, en pocas semanas se aprobará un trasvase para regadíos. Y si no, al tiempo.

Una semana más, los embalses de la Cuenca Hidrográfica del Júcar registran ligeros incrementos en el volumen de agua embalsada aunque por debajo de los que son habituales en esta época del año y en todo caso muy alejados de los que serían necesarios para invertir la actual situación de sequía.

La subida experimentada en el volumen de agua embalsada es de 7,31 hectómetros cúbicos hasta alcanzar los 486,84 hm3 que suponen un 14,55% de su capacidad total. Según informaron ayer fuentes de la CHJ, de los veintisiete embalses adscritos a la Confederación, quince han aumentado el nivel del agua almacenada, siete lo han disminuido y cinco lo han mantenido. Los aumentos más significativos afectan a los embalses de Tous, con un incremento de 1,79 hectómetros cúbicos; el de Arenós, con un aumento de 1,25 hectómetros cúbicos; y Alarcón, que almacena 1,14 hectómetros cúbicos más que la pasada semana.

La sociedad estatal Aguas del Júcar, ahora integrada en Acuamed, ha decidido modificar nuevamente el trazado del trasvase Júcar-Vinalopó con el objetivo de reducir el previsible impacto ambiental de la obra, según aseguraron fuentes de la empresa pública.

Los cambios se producen a un mes vista del inicio de las obras -en torno al 14 de febrero- que podría ir precedido de la colocación simbólica de la primera piedra a cargo de la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona.
Las modificaciones son consecuencia de las aportaciones de las empresas que han resultado adjudicatarias del proyecto y ejecución de los distintos tramos y de algunos ayuntamientos que habían planteado objeciones al trasvase.
Los cambios afectan a los tramos A,C, D y E, aunque tras ser analizados por la Secretaria General para la prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, del Ministerio de Medio Ambiente, este organismo ha concluido que no requieren la formulación de una nueva Declaración de Impacto Ambiental que hubiera provocado importantes retrasos en la ejecución de las obras.Los cambios en el nuevo trazado arrancan en el mismo azud de La Marquesa, donde Aguas del Júcar ha optado por una modificación sustancial que reduce la longitud de la tubería desde los 6.873 metros iniciales a 5.690 (1.183 menos), incluyendo un tramo de 210 metros que conduce el agua desde la obra de toma ea 50 metros aguas arriba del azud hasta la estación de bombeo, que se separa en esa longitud (210 metros) del margen del Júcar. La modificación permite reducir también la longitud afectada por la obra en la zona húmeda Marjal y Estany de la Ribera Sur del Xúquer (1.350 metros menos) lo que a juicio de los proyectistas constituye una «notable» mejora medioambiental. Según el informe remitido al ministerio, la separación de la estación de bombeo del margen del río Júcar «supone importantes ventajas desde el punto de vista estructural, al mejorar considerablemente las condiciones de cementación de la estación». Además, el trazado se resuelve «con curvas suaves, eliminando una seria de codos bruscos que eran necesarios para ajustar el trazado a una serie de caminos existentes.
«De este modo- se afirma- se mejoran las condiciones hidráulicas de la impulsión».

Un sifón más corto

Quizá la modificación más relevante en el trazado respecto al proyecto informativo que recibió la Declaración de Impacto Ambiental favorable el 8 de mayo de 2006 es la referida a los cambios sufridos por el denominado sifón de Barxeta, de 19.814 metros de longitud.
El sifón, formado por tubería de 1.930 milímetros arrancará en el lugar previsto aunque desde ese momento modifica su trazado en unos 10 kilómetros lo que permite reducir su longitud final en 1.814 metros. El cambio, introducido a instancias del Ayuntamiento de Barxeta, discurre mayoritariamente por terrenos de labor y no por terrenos forestales abruptos y tiene un menor coste, según fuentes de Aguas del Júcar.
Finalmente, los tramos A y D también sufrirán cambios al modificarse la ubicación de la denominada balsa de la Venta del Potro, de donde partía la impulsión que conecta con el antiguo tramo V de la viaje conducción Cortes de Pallás-Vinalopó.
La balsa se desplaza 4,5 kilómetros aguas arriba sobre la traza inicial y permitirá un ahorro en longitud de algo más de cuatro kilómetros además de evitar la construcción de varios tanques de hormigón de unos 1.000 metros cúbicos de capacidad destinados a evitar los temidos golpes de ariete. Los cambios, que afectan también al tendido eléctrico que alimentará las estaciones de bombeo se justifica, según Aguas del Júcar en razones «ambientales» y «técnico económicas» que mejoran el trazado y suponen «una importante reducción del presupuesto de las obras

Los socialistas murcianos han calificado de «hecho sin precedentes en la historia de nuestra democracia» que se convoque a los presidentes autonómicos para alcanzar un pacto del agua.

8 de enero de 2007.  El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, ha calificado de «hecho sin precedentes en la historia de nuestra democracia que por primera vez el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, convoque a todos los presidentes autonómicos para alcanzar un pacto en materia de agua».

En este sentido, Jara destacó que «a diferencia de Aznar, que se dedicó a enfrentar a los territorios y a los ciudadanos, José Luis Rodríguez Zapatero está promoviendo el diálogo y el acuerdo en el tema del agua, algo que para la Región de Murcia es prioritario».

Para Jara, «la solución a los problemas hídricos se sostiene sobre dos pilares: el primero, las necesidad de inversiones millonarias, algo que el Gobierno de España ya está haciendo en la Región, donde ha destinado mil millones de euros para desalinización; y el segundo, alcanzar un acuerdo en materia de agua entre todas las comunidades autónomas».

Jara indicó que «es esto precisamente lo que está haciendo José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que Valcárcel está instalado en la defensa del agua para la especulación y en el insulto al Gobierno de España».

A juicio del portavoz del PSRM-PSOE, «Valcárcel está más preocupado de su futuro personal que del futuro de los murcianos», indicaron fuentes socialistas.

La Fundación Agua y Progreso se gastó durante el ejercicio de 2005 más de 100.000 euros en ayudas monetarias dirigidas a entidades afines al PP. Según desvela el último informe de la Sindicatura de Comptes, la entidad, que se nutre fundamentalmente de los presupuestos de la Generalitat, repartió parte de sus fondos entre asociaciones agrarias y de regantes que han secundado la estrategia hídrica del Consell y de los populares valencianos. Así, la auditoría privada realizada a Agua y Progreso(y que el Síndic incluye en su informe) recoge dentro de la partida Ayudas monetarias distintas aportaciones a la Junta Central de usuarios del Vinalopó, a la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana, a la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) y a Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (Favcova). El importe global de estas aportaciones asciende a 105.000 euros y se justifican, según la auditoría, por la firma de una serie de convenios de colaboración, cuyo contenido no aclara.

La Junta Central de Usuarios del Vinalopó, que preside Andrés Martínez, es el colectivo que más dinero recibió: 70.000 euros. Este colectivo y su presidente han colaborado activamente con el Consell en la defensa del trasvase del Ebro y en las distintas acciones de protesta contra la política hídrica del Gobierno central. La misma colaboración ha encontrado el Consell en la Federación de Comunidades de Regantes que preside el concejal del PP de Castelló, José Pascual. La Federación obtuvo 20.300 euros, aunque tuvo que devolver 109 por gastos no justificados. Por otro lado, la auditoría habla de un total de 13.000 euros dirigidos a la Asaja. No se especifica a qué rama provincial de esta asociación de ámbito nacional se ha dado el dinero. No obstante, tanto AVA (Asociación Valenciana de Agricultores) como los Jóvenes Agricultores de Alicante secundaron en su día la manifestación organizada por el PP contra la derogación del trasvase del Ebro. Jóvenes Agricultores de Alicante, con su presidente Eladio Aniorte al frente, ha sido uno de los grandes aliados del PP valenciano. Asaja reintegró 602 euros por gastos no justificados. Por último, Agua y Progreso firmó otro convenio con Favcova en virtud del cual desembolsó a este colectivo 2.400 euros. Favcova, impulsada por Carlos Ruiz, es una organización vecinal que ha servido en numerosas ocasiones a la causa popular.
La Fundación Agua y Progreso fue creada por el Gobierno de Camps como un instrumento para su estrategia en materia hídrica basada en el enfrentamiento contra el Gobierno central por la derogación del trasvase del Ebro. Desde su constitución, la oposición ha criticado el funcionamiento de esta entidad pública al entender que ha actuado como un instrumento de propaganda del PP. Además, también ha cuestionado su política de contratación de personal. La Fundación tiene en nómina a miembros del PP, entre ellos al secretario provincial de Valencia. Como asesora trabaja Carmen Vila, quien recientemente envío mensajes SMS contra el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero la misma tarde del atentado de ETA. Desde el grupo socialista, el diputado José Camarasa anunció ayer que pedirá copia de todos los convenios firmados por la Fundación para saber en qué se ha destinado el dinero y si este se ha destinado a defender los intereses de todos los valencianos «o sólo los de una parte». «Mucho nos tememos -añadió Camarasa- que el dinero se haya usado en connivencia con el PP para acciones de protesta contra Zapatero»

«El trasvase del Ebro planteado por Aznar está enterrado»; hay que defender «lo nuestro», el río Júcar, que se muere por «el pacto de Zaplana con Bono de 1997»; mantener el trasvase del Tajo al Segura, y ejecutar el Programa Agua, que podría incluir minitrasvases del Ebro al norte de Castellón. Son «prioridades» que conforman el «pacto del agua» que ayer propuso el líder de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a tres días de la conferencia de presidentes autonómicos convocada por José Luis Rodríguez Zapatero.

Camps debe enterarse de que «el trasvase del Ebro de Aznar está enterrado», dice Pla

Ya está bien de «lloriqueos y quejas», conminó Pla. Es la hora de gobernar «sin partidismos» y «presentar propuestas para toda España». Por ello, planteó la conveniencia de establecer una «estrategia conjunta» ante la reunión del jueves con el presidente del Gobierno, que tratará sobre el agua, la inmigración e I+D+i (investigación, desarrollo e innovación).

Esta estrategia partiría de la «defensa del Júcar, que está siendo esquilmado y maltratado mientras él mira para otro lado». Se refería el secretario general del PSPV a los problemas generados por la distribución del agua del río, que habría beneficiado a Castilla-La Mancha, en detrimento del caudal del Júcar a su paso por tierras valencianas. En este sentido, Pla no tuvo reparos en poner nombres al pacto de 1997 que originó esta situación, señalando al ex presidente socialista de Castilla-La Mancha, José Bono, y al ex presidente valenciano Eduardo Zaplana, del PP.

A pesar de la negativa del PP a discutir la conferencia de presidentes en un pleno en las Cortes, Pla dijo que está dispuesto a hablar «mañana mismo» [por hoy] con Camps. «Nadie puede tener ningún tipo de exclusividad ni trocear las conferencias hidrográficas ni atribuirse el caudal de un río», agregó.

El dirigente socialista reiteró que «el trasvase del Ebro está enterrado», apostillando en cada ocasión que aludía al «trasvase de Aznar». Respondió más tarde que estaba abierta la puerta a posibles trasvases entre cuencas, incluyendo minitrasvases del Ebro a Castellón, fruto de un «riguroso análisis» de la situación y de la ejecución del Programa Agua.

Pla incidió en las posiciones contrapuestas del PP aragonés y valenciano en materia de agua, sobrevoló por las posiciones en el seno del PSOE e incidió en que la única forma de alcanzar una solución es el diálogo y el consenso.

El líder socialista preguntó a Camps si está dispuesto a asumir todas las competencias en materia de agua de la reforma del Estatuto y si continúa «pensando en boicotear la acción del gobierno de España concretada a través del Programa Agua». Este programa ha permitido que «en la peor época de sequía de la historia de esta comunidad, por primera vez no haya cortes de suministros ni abastecimiento a nuestros pueblos y ciudades». Añadió que da la «impresión de que los populares tienen interés en que no llegue ni una gota de agua a la Comunitat para tener un arma arrojadiza más contra Zapatero».

En materia de inmigración, Pla indicó que la política del Consell «ha brillado por su ausencia» y se preguntó si Camps va a equiparar los recursos para favorecer la integración a los que destina el Gobierno. Sobre las inversiones en I+D+i, afirmó que la solución «más equitativa» es que la distribución de los fondos se lleve a cabo «no sólo en función de la situación de atraso de cada comunidad», sino en función de las mejoras que cada autonomía «pueda realizar y establecer con recursos propios y la presentación de proyectos».

Por otro lado, el secretario general del PSPV sostuvo que «no tiene ningún sentido» y es «absurdo» que la Generalitat catalana pida al Gobierno que fije una armonización de los impuestos autonómicos de sucesiones y donaciones en todas las comunidades y que limite su reducción para evitar que las comunidades entren en competencia. Pla respondió a los informadores que el planteamiento del Gobierno catalán es «un poco contradictorio con la conformación del Estado autonómico y con las reformas estatutarias». Sería «mejor» exigir que se produjera «un cumplimiento estricto y específico de la ley de Estabilidad», de forma que cada autonomía «hiciese su política fiscal», pero que cuando «haya problemas de situaciones de endeudamiento y mala gestión financiera como tiene la Generalitat valenciana no hubiese márgenes sino que se fuera muy estricto». A su juicio, «no es normal» que Camps «vaya presumiendo de que rebaja un tipo de impuesto y los valencianos debamos más que Alemania después de la Segunda Guerra Mundial por el despilfarro y el derroche».