La falta de sobrantes y el supuesto enfrentamiento entre los regantes de la Acequia Real del Júcar y los del Vinalopó. Éstas fueron las dos patas sobre las que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el director general del Agua, Jaime Palop, construyeron un argumentario destinado a legitimar la paralización del trasvase Júcar-Vinalopó, en julio de 2005, y la redacción de un nuevo proyecto con la toma en la desembocadura.

Sin embargo, dos meses antes, cuando aún nadie sospechaba las intenciones de la titular de Medio Ambiente, un informe encargado a la sociedad estatal Aguas del Júcar S.A. (AcuaJúcar en la actualidad), que promueve la infraestructura, desmontaba punto por punto toda esta argumentación.

El informe no sólo desaconsejaba el cambio de trazado en atención a criterios económicos y ambientales, sino que desmentía -antes de que se diese a conocer- todo el discurso trazado por Narbona y reproducido en la Comunidad por el líder del PSPV, Joan Ignasi Pla.

El mismo caudal para todos

El citado documento, de más de 60 páginas, asegura que, «si se aplican medidas de gestión» -contempladas también para la nueva toma-, las transferencias a realizar serían «algo superiores en la toma de Cortes». Conviene recordar que poco después, entre otras ideas, la ministra de Medio Ambiente aseguró una y otra vez que en dicha toma no había sobrantes que trasvasar.

Sin embargo, el análisis de AcuaJúcar ahonda aún más en el sentido opuesto al de las tesis posteriormente defendidas por su propio consejero delegado, José María Marugán, y asegura que «el déficit para los usuarios del Júcar» sería «similar» en las dos tomas, al igual que los aportes a la Albufera.

Así, el documento señala que «el cambio de toma afectaría escasamente a los suministros del Júcar», principalmente, porque las reglas de gestión previstas «dan una alta prioridad» a los regantes valencianos y el abastecimiento humano de la capital.

Finalmente, el documento concluye que, dado que «la proporción del recurso a trasvasar», 80 hectómetros cúbicos anuales, es «pequeña» en comparación con el total, de «1.500 hectómetros», la afección de la toma en Cortes sería «muy escasa» a nivel cuantitativo -es decir, no implicaría diferencias significativas con los recursos para Valencia- e «insignificante» en el plano ambiental.

Contaminación irresoluble

Mientras el supuesto déficit de caudales para la Acequia Real del Júcar -desmentido por este informe- movió a los usuarios de Valencia a posicionarse en contra de la toma en Cortes, la contaminación del agua en la desembocadura del río ha sido el principal argumento de los regantes alicantinos para oponerse al nuevo trazado.

En este sentido, el informe de la sociedad estatal no sólo reconoce que los niveles de contaminación en Cullera son infinitamente superiores a los de la toma original, sino que admite que estos niveles de salinidad, amonio o nitratos son prácticamente imposibles de solucionar.

Así, según los datos de AcuaJúcar, la conductividad -que mide indirectamente el nivel de sales disueltas en el agua- en la desembocadura (1.200 microsiemens) supera en 300 puntos la de Cortes. Unos niveles que «no se verán afectados» por la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Alzira ni por una eventual ampliación de la planta.

El nivel de amonio en la toma, por otra parte, multiplica varias veces el de Cortes, al pasar de menos de 0,05 miligramos por litro a entre 0,2 y 0,5 miligramos, según la época del año y el nivel de caudal del río. Los nitratos, inapreciables en Cortes, alcanzan en la nueva toma los 0,3 miligramos.

El informe concluye que, «incluso con la EDAR», la contaminación en Cullera será «siempre superior» a la de Cortes. En este sentido, advierte que para que la calidad del agua en la toma actual sea «similar» a la de la original, se necesitaría «una ampliación de la EDAR» y, además, diversas mejoras en cuatro afluentes del Júcar, que vierten sus aguas entre Cortes de Pallás y el azud de la Marquesa. A saber, el Sellent, el Albaida, el Río Verde -el más contaminado- y el Magro.

El documento, no obstante, no cuantifica el valor de estas otras «mejoras», que habría de sumarse a los 303 millones de euros presupuestados para el actual Júcar-Vinalopó (es decir, 100 millones más que el original). Lo que sí cuantificaba era el coste de potabilizar el agua para poder destinarla a consumo humano -algo descartado a día de hoy-, que cifraba en 35 millones de euros.

Complicación ambiental

Por último, AcuaJúcar se opuso también al cambio de toma por un poderoso motivo de corte medioambiental. Según una inquietante conclusión del informe, la toma en Cullera afectará de una forma difícil de estimar al paraje protegido de La Marjal, así como al drenaje natural del río en situaciones de crecidas -es decir, de posibles inundaciones-. En ambas afecciones, además, se estima que «la solución a las interferencias es difícil».