Rambla indicó que «desde la Conselleria de Hacienda se les va a dar cumplida información de los detalles en relación al mismo, teniendo en cuenta que parece ser que no tiene esta persona o entidad que reclamaba información, la legitimación adecuada para tener dicha información». Por tanto, según manifestó, se trata de una cuestión «estrictamente jurídica».
Por su parte, la Conselleria de Economía defendió que la concesión del aval a los Usuarios del Vinalopó se hizo con «la más estricta legalidad» y que quienes tienen derecho a exigir información sobre ello «son las personas físicas o jurídicas que han ejercido la acción requerida o tienen un interés legítimo en el tema».
Según la Conselleria, la Junta de Usuarios del Vinalopó, formada por 120 comunidades de regantes, 35 ayuntamientos y la Sociedad de Aguas Municipalizadas de Alicante SA, se constituyó como entidad de derecho público sin ánimo de lucro «y por tanto puede ser beneficiaria de un aval de la Generalitat», de acuerdo con la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2006.
Además, la Conselleria expone que la principal función de esa entidad es gestionar el caudal a trasvasar dentro del proyecto «Trasvase Júcar-Vinalopó», cuya financiación inicialmente era sufragada, aproximadamente en tercios, por fondos Feder, AcuaJúcar (sociedad estatal promotora del proyecto, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente) y la Junta de Usuarios.
La Junta de Usuarios, para cumplir su compromiso de financiación, que ascendía a 75.126.513 euros (el 32,61% del coste total del trasvase), suscribió un préstamo sindicado con diversas entidades financieras por ese importe, así como dos pólizas de crédito.
«Mentiras y demagogia»
Por otro lado, el conseller de Infraestructuras, José Ramón García Antón, acusó a la sociedad estatal AcuaJúcar de contar «mentiras», hacer «demagogia» y «chantajear todos los días» a los regantes en relación con el proyecto. García Antón dijo que la actuación de l AcuaJúcar es «vergonzosa y vergonzante» y apuntó que esta sociedad «parece que se ha dedicado en los últimos años a deshacer toda la política hídrica que había en la Comunidad.