La consellera de Agricultura, Maritina Hernández, eludió ayer pronunciarse sobre el borrador del Real Decreto que confirma la unidad de cuenca del río Júcar, mantiene los límites actuales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la futura Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ) incluye, en lo sustancial, las demandas planteadas por la Generalitat Valenciana en tiempos del conseller José Ramón García Antón.Sin embargo, existe, al parecer, una consigna dentro del Partido Popular que pasa por mantener con sordina el debate del agua para no molestar a sus agentes políticos, especialmente a la todopoderosa Maria Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha.Ayer, un portavoz oficial de la consellera aseguró que estaban «valorando» el contenido del real decreto desvelado en exclusiva por Levante-EMV. Por su parte, el director general del Agua, José Alberto Comos, tampoco quiso hacer una valoración sobre el documento.Tal como avanzó este diario en su edición de ayer, el Consejo Nacional del Agua ha recibido un borrador de Real Decreto por el que se establece la composición, estructura y funcionamiento del Consejo del Agua de la Demarcación Hidrográfica del Júcar que mantiene el territorio actual del Júcar sin divisiones, reafirma el equilibrio del poder regional en los órganos de decisión e incrementa la representatividad de los regantes en los órganos de gobierno de la DHJ.Juan Valero de Palma, secretario general de la Unidad Sindical de Usuarios del Júcar aseguró ayer que se trata de «una gran noticia». «Hemos trabajado para que el Real Decreto sea como es, que la demarcación mantenga su ámbito territorial y la proporcionalidad en la representación de las administraciones y que refuerce el papel de los regantes en los órganos de gobierno, que pasan de cinco a siete representantes», declaró.»Solo el hecho de que no se trocee la C0nfederación Hidrográfica del Júcar es una gran noticia», concluyó.Por su parte, Graciela Ferrer, de Xúquer Viu, dijo que a falta de conocer en profundidad el texto del real decreto, su formulación aparenta ser «un nuevo parche para tratar de desbloquear a corto plazo la situación de la planificación en el río Júcar pero que ni resuelve la cuestión ni da garantías jurídicas al propio plan».
