No es el fin del largo conflicto del trasvase Júcar-Vinalopó, pero sí un cambio de escenario. La consejera de Agricultura, Maritina Hernández, anunció ayer que en septiembre estará lista la conexión de la canalización con la red de distribución al campo alicantino, de forma que podrán repartirse los seis hectómetros cúbicos que esperan desde hace dos años en la balsa de San Diego, en el punto final del trasvase en Villena. El agua, enviada desde el Júcar para probar la obra, que aún necesita reparaciones, regará 12.000 hectáreas de cultivos.
El reparto del agua de esa balsa será posible por la retirada de una demanda judicial y por el acuerdo alcanzado por el Gobierno con los usuarios de la Junta Central del Vinalopó, que incluye un precio ventajoso de 18 céntimos de euro por metro cúbico. Además, 10 de esos céntimos que se cobrarán a los agricultores irán destinados al pago de una deuda de un millón de euros que contrajo la Junta Central al firmar un crédito para costear parte de la obra. La inversión la asumió finalmente el Gobierno socialista al cambiar el proyecto en 2005 con la oposición del Vinalopó y el acuerdo de regantes y colectivos del Júcar. La Generalitat, alineada con la postura de los usuarios del Vinalopó a favor del proyecto original, avaló la deuda de la Junta Central.
Así, la empresa Acuamed, que depende del Ministerio de Medio Ambiente y ha realizado la obra con una inversión de casi 400 millones de euros (120 de la UE), solo se quedará de la primera explotación de agua del Júcar cinco céntimos y dedicará los tres restantes a reparaciones.
El agua a repartir se envió para probar la obra y está en una balsa
El otro escollo para utilizar al menos el agua almacenada en la balsa de San Diego, ya que el trasvase previsto para 80 hectómetros anuales no estará operativo en otoño, era una demanda que presentó el anterior Gobierno socialista contra la Generalitat por modificar la zona de conexión de la infraestructura con el postrasvase a cargo de la Administración valenciana. El Ejecutivo argumentó que el cambio inutilizaba en Villena una central hidroeléctrica del trasvase que ha costado 4,1 millones de euros. El ministerio no ha contestado a las preguntas de este periódico sobre el futuro de esa central, pero los regantes alicantinos afirman que podrá bombear agua cuando se construya el segundo ramal del postrasvase, una obra para la que no hay fecha.
Con el PP en el Gobierno y en la Generalitat, la demanda se ha anulado, lo que ha dado vía libre a la consejería para ultimar la unión del postrasvase con la tubería principal. El cambio político también ha facilitado el diálogo con la Junta Central, cuyo presidente, Andrés Martínez, destacó ayer su satisfacción por el “diálogo fluido” con las Administraciones del PP y por tener “un interlocutor” para abordar el meollo del conflicto. En ese sentido, Martínez subrayó que el acuerdo para regar con el agua de la balsa de San Diego —y la de un segundo envío de unos 10 hectómetros para probar el trasvase— es “un acto de responsabilidad” para no desperdiciar los recursos, pero no implica un cambio de postura de la Junta Central sobre el trasvase en sí. Martínez insistirá en que la transferencia debe hacerse “con agua de calidad, para todos los usos y a un precio asequible”, lo que para la Junta Central pasa por recuperar la toma original de agua en Cortes de Pallás, una opción que rechazan los regantes y organizaciones del Júcar. La Junta Central considera que el agua venida del Azud de la Marquesa, donde se situó la toma tras el cambio del proyecto, no es apta para todos los cultivos, pese a que se riega con ella en La Ribera.
La consejera de Agricultura, por su parte, resaltó el “consenso” con los regantes alicantinos y recordó que la red para llevar el agua a los campos de ocho municipios, incluida Elche, alcanza una longitud total de 78 kilómetros y ha supuesto una inversión de 60 millones de euros.