D. MARTÍNEZ / alicante

Día 11/01/2013

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El Plan de Demarcación de la cuenca concedería a Castilla-La Mancha poder de decisión sobre la transferencia interna de la Comunidad

El Plan de Demarcación del Júcar -que marcará los límites territoriales de la cuenca- que prepara el Ministerio de Medio Ambiente puede influir de forma decisiva en la planificación hídrica de la Comunidad a largo plazo. Si finalmente se atienden las pretensiones de Castilla-La Mancha y la región vecina gana peso en los órganos de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), peligra incluso la gestión del trasvase Júcar-Vinalopó.

A pesar de que se trata un trasvase entre dos provincias de la Comunidad Valenciana, la región castellano-manchega podría llegar a tener la última palabra sobre la transferencia. Según las fuentes del sector consultadas por ABC, de salir adelante el Plan de Demarcación tal como está planteado en la actualidad, el Vinalopó-Alacantí, la cuenca de destino, se segregaría del Júcar.

Si a esto se une un mayor peso de las instituciones y regantes castellano-manchegos en los órganos de decisión, el resultado es que el Júcar-Vinalopó sería un trasvase de una cuenca controlado por Castilla-La Mancha hacia otra cuenca intracomunitaria distinta -de nueva creación-,

Sede de la CHJ

El Plan de Demarcación puede así tener consecuencias nefastas para el regadío alicantino. Si bien las obras del trasvase están terminadas -y el criterio de la CHJ no sería vinculante, aunque sí influyente, en la negociación con la empresa estatal Acuamed para volver a la toma original-, las normas de explotación de la transferencia y el envío de caudales sí necesitarían el visto bueno de Castilla-La Mancha.

De esta manera, sería la región vecina la que decidiría en última instancia el número de hectómetros cúbicos que se enviarían al Vinalopó desde la toma en el Júcar. Incluso, el hecho de que la transferencia se convirtiese en un trasvase entre dos cuencas distintas (como lo es el Tajo-Segura, por ejemplo) podría complicar la gestión y la toma de decisiones sobre los caudales, y obligar a crear una comisión de explotación supraterritorial.

En este sentido, cabe recordar que el Vinalopó espera recibir un máximo de 80 hectómetros cúbicos al año.

En otro plano distinto, al margen de las decisiones sobre la gestión de la cuenca, el Plan de Demarcación podría motivar el traslado de la sede de la CHJ, hoy en Valencia, a la provincia de Albacete. Asimismo, sería Castilla-La Mancha quien podría decidir el nombre de su presidente -tradicionalmente, esta decisión ha correspondido a la Comunidad Valenciana-.

Alegaciones

El Consell y los regantes valencianos, en cualquier caso, ya han trasladado al Ministerio sus alegaciones y el voto en contra al Plan de Demarcación -que debe ser ratificado por el Consejo del Agua-, y recuerda la sentencia del Tribunal Supremo del 11 de septiembre de 2011, que consideraba al Júcar como una cuenca intercomunitaria (es decir, compartida por varias regiones).

Otro de los asuntos espinosos es el cálculo del peso proporcional de cada comunidad en los órganos de gobierno. Actualmente se calcula en base a la población -el 90% de la cual está en la Comunidad-, pero Castilla-La Mancha pretende que se realice en base al territorio -sería así solo el 50%-.

Por su parte, el secretario general del PSPV, Ximo Puig, se reunió ayer con los Usuarios del Júcar (USUJ), a quienes trasladó que «no apoyaremos ninguna medida que nos quite capacidad de decisión sobre el Júcar».