La nueva ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, aseguró ayer que el fallido estatuto de Castilla-La Mancha fue «una oportunidad perdida» que se malogró por culpa del PP. El documento, que generó una herida que continúa abierta en la polémica guerra del agua, incluía una reserva hídrica para usos futuros que llegó a cifrarse en 6.000 hectómetros cúbicos, y que en la práctica, suponía un enorme agravio para los intereses de la Comunitat.

Por un lado, habría provocado la desaparición del trasvase Tajo-Segura, por no hablar de los perjuicios para los abastecimientos urbanos de la Comunitat que se nutren de pantanos castellanomanchegos, tal y como defendieron expertos, regantes y los miembros del Gobierno Valenciano. De hecho, fueron las pretensiones hidrológicas planteadas las que propiciaron el fracaso del Estatuto en el Congreso ante la falta de acuerdo con el PP.

La reflexión de Aguilar se produjo en una entrevista en Radio Castilla-La Mancha recogida ayer por Europa Press. Además, su postura chocaba frontalmente con otra de sus afirmaciones, al señalar que dedicará todos sus esfuerzos a propiciar un pacto del agua nacional.

Preguntada por el fallido estatuto, Aguilar apuntó que cuando algún grupo político, en este caso el PP, hace fracasar la oportunidad de un consenso, «es como darle un portazo en la cara a los ciudadanos y las ciudadanas». «Porque cuando los grupos políticos nos ponemos de acuerdo desde el diálogo y alcanzamos el consenso, gana la ciudadanía, y en este caso fue una oportunidad perdida, malograda por el PP, que podía haber hecho avanzar y mucho a Castilla-La Mancha con su nuevo estatuto de autonomía. Lamentablemente no fue así», dijo.

En cuanto a propiciar acercamientos de cara a un posible pacto, dijo que «merece la pena intentarlo, sabiendo que hablamos de un recurso necesario, imprescindible para la vida y escaso». También recordó que lo primero que planteó en su comparecencia en el Congreso fue que «para hablar de agua, lo primero que tenemos que hacer es llegar a un acuerdo todos los partidos políticos y renunciar a hacer política electoral con ella».

Las declaraciones de Aguilar fueron secundadas por José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha, quien dijo que el PP utiliza el agua como arma arrojadiza. «En Castilla-La Mancha el PP regional nos hizo a última hora la pirula, como se dice vulgarmente, cuando llegó Valcárcel (presidente murciano) al Congreso y dejó claro que en materia de agua en el PP manda él». También señaló que está de acuerdo con la idea de que los ríos «son de todos los españoles, pero también de los castellano-manchegos y debemos tener preferencia».

Además, llama la atención la contradicción entre la ‘buena voluntad’ de la ministra respecto a los pasos dados a nivel técnico en la elaboración de los documentos que deben regir la gestión de los ríos en las próximas décadas. Es lo que sucede con el futuro plan de cuenca del Tajo, que prevé aumentar el caudal ecológico, limitando las reservas susceptibles de ser trasvasadas a la Comunitat. O con el del Segura, que opta por aumentar el uso de agua desalinizada, opción rechazada por los regantes al ser más cara, y en la actualidad, inviable. Incluso con el del Ebro, que puede suponer la muerte técnica (a nivel político murió en 2004) de un futurible trasvase.