El Gobierno tantea a los regantes valencianos para satisfacer la exigencia sobre el agua albaceteña, que cuenta con el apoyo del ejecutivo de María Dolores de Cospedal – Niegan validez al Convenio de Alarcón que USUJ firmó con el Gobierno Aznar con el apoyo de los presidentes autonómicos

09.03.2013 | 01:28

J. sierra valencia El Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha sondeado a los usuarios y regantes del Júcar para que acepten que los textos legales que deben regular el abastecimiento de agua a Albacete ignoren la existencia del Convenio de Alarcón por el que las comunidades de regantes valencianas y empresas que construyeron el embalse en tierras conquenses cedían al Estado su gestión en 2001, con el aval de los presidentes autonómicos José Bono y Eduardo Zaplana, a cambio de tener garantizados unos caudales mínimos.

El Ayuntamiento de Albacete, fortalecido por el apoyo del Gobierno regional de Maria Dolores de Cospedal, no acepta la tutela valenciana sobre Alarcón y niega el derecho reconocido en el citado convenio, convertido en normativa nacional tras su inclusión en el vigente Plan Hidrológico del Júcar vigente.

La negativa de Albacete a reconocer validez legal al Convenio de Alarcón se ha convertido en un símbolo de la fuerza con la que cuenta actualmente la vecina comunidad autónoma en la negociación hídrica abierta para la renovación del Plan Hidrológico del Júcar y ha hecho saltar las alarmas en el regadío valenciano.

Según ha podido saber Levante-EMV, el ministerio pretende, en respuesta a la demanda de Albacete, que en la concesión de aguas superficiales del Júcar para el abastecimiento a la ciudad castellano-manchega no haya ninguna referencia al Convenio de Alarcón. Si acaso una vaga referencia en la exposición de motivos, pero no en el articulado. Los regantes valencianos se niegan; creen que se estaría violando la legislación vigente por quien debería ser su garante-el Estado-y abriría la puerta al «caos» en la regulación y aprovechamiento ordenado del río Júcar.

Una decisión aplazada
El primer borrador de la concesión de aguas a Albacete data del año 2001. La sangría del acuífero para el regadío manchego hizo que el nivel de los pozos de los que se abastecía la capital manchega bajara entre 70 y 80 metros y que la calidad del agua se deteriorara rápidamente. Albacete comenzó a tomar agua superficial del Júcar regulada en Alarcón y así ha seguido haciéndolo en años posteriores aunque sin ningún respaldo legal.

La concesión-el documento vinculante por el que se fija el caudal y las condiciones de toma- es necesario y ya en 2002 se presentó un primer borrador en el que se reconocía la existencia del Convenio de Alarcón aunque el documento quedó paralizado hasta hace unos meses, cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar intentó resolver este conflicto que lastra y dificulta la firma del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar.

Albacete, al igual que Valencia y el resto de poblaciones que se abastecen del río Júcar mantendrían sus derechos prioritarios a tomar agua del río, aunque si lo hacen por debajo de la curva de reserva-nivel del embalse-pactada por el Gobierno y USUJ (los regantes valencianos del Júcar e Iberdrola) tendrían que compensar económicamente el sobrecoste que representa sustituir el agua superficial por la extraída mediante pozos. Esta circunstancia se ha producido ya en varias ocasiones y Albacete, al contrario que Valencia o Sagunt, se ha negado a pagar. En 2005 recurrió a los tribunales la liquidación. Después ni eso. Ahora, la insumisión afecta a la raiz: el Convenio de Alarcón.