El conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón, manifestó que «no fue la Generalitat Valenciana quien derogó el trasvase del Ebro mediante un decreto ni quien paralizó las obras del trasvase Júcar-Vinalopó cuando ya se encontraban en un estado de ejecución del 50 por ciento y cambió el proyecto haciendo inviable una infraestructura esencial para la Comunitat», por lo que consideró que «el consenso no lo rompió la Generalitat sino un Gobierno insolidario en materia hídrica», según informaron en un comunicado fuentes de la Generalitat.

garcía Antón se refirió así a las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, quien pidió a la Generalitat valenciana que «deje de obstaculizar la ejecución del trasvase Júcar-Vinalopó» y la construcción de la planta desalinizadora de Torrevieja y exigió que «no se antepongan cuestiones partidistas» frente a las necesidades de los ciudadanos.

En este sentido, el conseller de Medio Ambiente y Agua recordó que «el único responsable» de la actual política hídrica es el Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero que «llegó como un elefante a una cacharrería cargándose todos los proyectos que estaban en marcha, que eran fruto del consenso y de muchos años de trabajo y, sobre todo, de una política hídrica de estado basada en la solidaridad entre los territorios».

Así, manifestó que la ministra de Medio Ambiente «sabe perfectamente que el trasvase Júcar-Vinalopó que quiere hacer es un proyecto totalmente inviable que no responde a la filosofía original que tenía el proyecto y que además no tiene usuarios, un requisito es esencial para cumplir la normativa europea».

El conseller aseveró que desde su departamento han intentado llegar a acuerdos con el Ministerio como «la financiación y construcción de una toma intermedia del trasvase Júcar-Vinalopó, opción que fue rechaza por el Ministerio sin ningún tipo de argumentación», lamentó.

En cuanto a la desalinizadora de Torrevieja, subrayó que el Ministerio «tiene que cumplir la legalidad vigente y respetar las competencias autonómicas», por lo tanto, la autorización de vertidos «la tiene que otorgar la Generalitat, que en la actualidad está estudiando la documentación remitida por el Ministerio».