MURCIA- Uno de los principales objetivos que se marcó el Gobierno presidido por Mariano Rajoy era el de articular una política hidrológica que pusiera fin a uno de los problemas endémicos que históricamente presentó España, el de la sequía y el reparto equitativo del agua para que todas las regiones gozaran de este elemento. El propósito de Rajoy venía además refrendado por la Constitución, ya que el texto de 1978 recoge al Estado como el único órgano que tiene competencias para decidir sobre el reparto territorial del agua.
Abanderado por esta convicción, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, anunció el pasado 1 de febrero en el marco de la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, el diseño y posterior puesta en marcha de un nuevo plan hidrológico que se articularía en base al uso de trasvases y tendría en la solidaridad su principal punto de actuación. De esta forma, la intención del ministro es iniciar en breve una ronda de contactos con todas las comunidades para alcanzar una postura común que sea respetada por todas las regiones.
Cañete buscará el consenso, algo de lo que históricamente ha adolecido nuestro país en materia de política hidrológica. Uno de los principales polos antitrasvasistas de España se situaba en la cuenca del Ebro dentro de los territorios de Aragón y Cataluña. En ambas regiones la incidencia nacionalista alejaba la posibilidad de que se aceptara el trasvase de agua desde una cuenca excedentaria como la del Ebro hacia una deficitaria desde el punto de vista estructural como la del Segura.
Precisamente en territorio aragonés es donde se ubica en la actualidad el principal escollo para que la idea planificada por Cañete se lleve a buen término. Históricamente este territorio siempre se ha mostrado reticente para aceptar el trasvase de agua procedente de la cuenca del Ebro. De esta manera, el apoyó que ofreció al plan hidrológico ideado por el socialista José Borrel en la década de los 90 durante el mandato de Felipe González, se encontró supeditado a la construcción de las obras contempladas en el Pacto del Agua que tenían como objetivo garantizar la existencia de agua dentro de la cuenca cedente garantizando una reserva estratégica que oscilaría entre los 4.000 y 5.000 hectómetros cúbicos.
Sin embargo, este aspecto no fue suficiente para que Aragón prestara su apoyo al Plan Hidrológico Nacional (PHN) ideado por el presidente José María Aznar, por lo que mantuvo su oposición a la iniciativa. Ahora el Gobierno de Aragón vuelve a poner sobre la mesa de negociación la necesidad de ejecutar las obras del Pacto del Agua. De esta manera, el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno Rudi, Modesto Lobón, anunció que durante la próxima reunión que mantendrá con el ministro Cañete le planteará la necesidad de que Aragón cuente con un decreto de medidas contra la sequía, así como la construcción urgente de las obras incluidas en el mencionado Pacto.
Desde las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel se tiene clara la hoja de ruta que se va a seguir durante el periodo de negociación con el Gobierno. De hecho, Rudi ha avisado que dentro de la propuesta de Cañete no se puede contemplar la inclusión del trasvase del Ebro, como sucedía en el caso del diseñado por Aznar. Por tanto, Aragón puede tener la llave para que el nuevo plan hidrológico de Cañete se pueda llevar a cabo sin caer en los mismos problemas que han imposibilitado que el acuerdo en materia de agua haya sido posible hasta el momento. Ahora llega el momento de que se imponga el consenso por encima de otro aspecto.
