Barreda anuncia un nuevo frente en la guerra del agua. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, abrió ayer la caja de los truenos y tras ver cómo el Pleno de las Cortes castellano-manchegas daba carpetazo al Estatuto -con los votos socialistas y, paradójicamente, el rechazo de los populares de De Cospedal-, avanzó que a partir de ahora, una vez que el texto sea retirado oficialmente del Congreso, su Gobierno planteará la batalla del agua «río a río, plan a plan, cuenca a cuenca y trasvase a trasvase».
Un guiño a la bancada socialista, a sus votantes, y a la mayoría de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, muchos de los cuales están convencidos de que el caudal que llega a Alicante y Murcia se malgasta. Las palabras del «derrotado» Barreda confirman el anuncio hecho por los regantes alicantinos la semana pasada nada más conocerse que el Estatuto no saldría adelante tras el voto negativo del PP en la Comisión Constitucional.
El fracaso de la vía política (reserva de 4.000 hm3 en el preámbulo del Estatuto) trasladará los intentos de blindar el agua del Tajo y del Júcar (en ambas cuencas tiene voz y voto el gobierno de Barreda) a los nuevos planes de cuenca de los ríos, donde el ejército de juristas y expertos contratados por Barreda pondrán toda la carne en el asador. Agricultores, empresarios y expertos del Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante advierten de que cualquier reserva hídrica en los planes de cuenca para suministrar agua del Tajo o del Júcar a comunidades como Castilla-La Mancha o Madrid tendría efectos letales para la llegada de caudales al Segura.
Por otro lado, el acuerdo del pleno castellano-manchego para reclamar la retirada del proyecto de Estatuto aprobado en 2007 se producía justo en el día en el que la reserva en los embalses de Entrepeñas y Buendía rozaba los 1.100 hm3, lo que genera un colchón de 860 hm3 trasvasables a Alicante y a Murcia. La mejor demostración del empeño que ha tenido siempre el gobierno de Castilla-La Mancha por cerrar el trasvase son los recursos contra la transferencia presentados trimestralmente desde hace 28 años, justo cuando Castilla-La Mancha se constituyó como autonomía.
Las Cortes de Castilla-La Mancha dieron ayer el paso definitivo para enterrar la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad treinta y nueve meses después de que ese mismo parlamento fuera el primero que impulsara una modificación estatutaria por unanimidad.
La asamblea regional solicitó, con los votos del PSOE y el rechazo del PP, la retirada de la reforma estatutaria, un asunto central en el sexenio de José María Barreda como presidente de la Comunidad y en los casi cuatro años de María Dolores de Cospedal (PP) como jefa de la oposición.
Fue el 20 de octubre de 2004, en su primer debate sobre el estado de la región como presidente, cuando Barreda propuso la reforma del Estatuto para que Castilla-La Mancha pudiera decidir en la gestión del agua, con su incorporación a las Confederaciones Hidrográficas y a la Comisión Central de Explotación del Trasvase Tajo-Segura. El 31 de mayo de 2005, en el Día de Castilla-La Mancha, Barreda reclamó la constitución de una ponencia en las Cortes regionales para adaptar el Estatuto de la región al siglo XXI.
El 6 de octubre de ese mismo año, Barreda, el entonces presidente de PP de Castilla-La Mancha, José Manuel Molina; y Patrocino Gómez, en nombre del PSOE, suscribieron un manifiesto, conocido como Acuerdo de Fuensalida, en el que se sentaron las bases para la reforma. El primer borrador vio la luz en junio de 2006, coincidiendo con la elección de María Dolores de Cospedal como presidenta del Partido Popular en la región. El 26 octubre de 2006 se alcanzó un principio de acuerdo sobre la reforma. Así siguió hasta la semana pasada y, ayer, el Estatuto quedaba fulminado.

Cotino pide «justicia distributiva» y Blasco ve deriva socialista

El vicepresidente tercero del gobierno valenciano, Juan Cotino, acusó ayer a José María Barreda de engañar «a su electorado», al «igual» que la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín, porque, en su opinión, hay «agua para todos si se reparte con justicia».
Cotino calificó de «mentira» y de «vergüenza» la argumentación expuesta por Barreda en las Cortes castellano-manchegas, porque a su juicio «hay agua para todos si se reparte con justicia distributiva».
Según el vicepresidente, Pajín «dio instrucciones para que los diputados socialistas votaran en contra del Tajo-Segura», y el PP ha hecho «exactamente la misma defensa del agua en Castilla-La Mancha y en la Comunidad, en favor del Tajo-Segura y del trasvase del Ebro». Cotino pidió, además, al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero que «no mienta más a los alicantinos», porque, en su opinión, «si es posible que el agua del Ebro llegue a Barcelona, que también pueda llegar a Castellón, Valencia, Alicante y Murcia».
Por su parte, el portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, manifestó que la retirada del Estatuto es un «fracaso» de José María Barreda y «un síntoma de la cuesta abajo generalizada del PSOE». A su juicio, según expuso en un comunicado, la «deriva» de los socialistas «está extendida por todos los rincones, empezando en la Moncloa y pasando por todas las comunidades autónomas». Según Blasco, el PSOE «se cerró en banda a la propuesta de negociación del PP y ahora opta por la retirada de un Estatuto».