El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, acompañado del presidente de las Cortes regionales, Francisco Pardo, entregará este miércoles a partir de las 11.00 horas, en el Congreso de los Diputados, la Proposición de Ley del Agua de Castilla-La Mancha que el Parlamento autonómico eleva a la consideración de las Cortes Generales.
Fue este lunes cuando el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, con la ausencia de los diputados del PP, dio luz verde a la Proposición de Ley del Agua del PSOE, que el presidente regional, José María Barreda, defenderá en el Congreso de los Diputados, tras ser designado por el Parlamento autonómico.
Nada más empezar esta sesión plenaria la bancada ‘popular’, en la que no estaba presente la presidenta del PP y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, alzaron pancartas en las que podía leer ‘Barreda prohíbe hablar de empleo’ y otras que hacían alusión al número de parados existente en la región, después de que la Mesa de la Cortes hubiera decidido excluir del orden del día un debate sobre empleo propuesto por el PP.
Esta actitud de los ‘populares’ provocó que el presidente del Parlamento regional, Francisco Pardo, pidiera a los diputados del PP que retiraran los carteles y realizara varias llamadas al orden, peticiones a las que los parlamentarios de la oposición hicieron caso omiso.
Ante esta situación, Pardo decidió suspender la sesión plenaria y proceder a convocar inmediatamente reunión de la Junta de Portavoces y Mesa de las Cortes al considerar «intolerable» y «bochornosa» la actitud de los parlamentarios del PP, que, según dijo, es «contraria a cualquier uso parlamentario».
Finalmente, el pleno se reanudó y se pudo aprobar la Proposición de Ley socialista sobre el agua con la ausencia del PP, que decidió dejar vacíos sus escaños por octava vez en la legislatura, según el PSOE.
CONTENIDO DE LA LEY
La ley socialista tiene por objeto otorgar nuevas competencias a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como desarrollar determinados preceptos de la normativa vigente en materia de agua en aras de garantizar las necesidades básicas de uso de agua en la región y hacer compatible el desarrollo económico y social con el buen estado de los ecosistemas acuáticos y terrestres.
Los socialistas estiman necesaria la existencia de una reserva de agua que garantice el cumplimiento de esos objetivos ambientales y para atender las necesidades de Castilla-La Mancha de 4.000 hectómetros cúbicos.