El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha defendido esta semana que la distribución de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) se aplique a nivel nacional único, aunque ha asegurado que esta posición será sometida a la consideración de los 17 consejeros autonómicos y de la conferencia sectorial como he hecho con la estrategia de negociación. Arias Cañete aprovechó su intervención en el Pleno del Senado para subrayar que el «problema empieza ahora», una vez que Bruselas ya ha decidido el reparto de las ayudas comunitarias al campo y a la ganadería  europea.
En este sentido, reconoció que España tiene ahora dos modelos a seguir para distribuir los fondos comunitarios de la PAC. El primero se centra en tomar las decisiones iguales para todo el territorio. «Es decir, se coge este sobre de 35.000 millones y se aplica en todo el territorio (…) eso garantizaría teóricamente que cada territorio no pierde dinero, pero dentro de cada territorio los consejeros tienen que tomar decisiones a ver si favorecen al olivar, a la leche, a la agricultura de montaña o a quién», explicó.
No obstante, advirtió: «Si vamos a 17 sistemas autonómicos fragmentados podemos correr el riesgo de que los sistemas peculiares de redistribución interna no sean entendidos conforme por la Unión Europea y haya territorios que empiecen a perder ayudas cuando se inspeccione por las autoridades comunitarias».
La segunda opción, más «complicada», según el ministro, es buscar un modelo que elimine en lo posible trasvases importantes de un territorio a otro y, dentro de un territorio, de los productores del propio territorio al del término municipal de al lado.
Ante estos dos modelos, Arias Cañete reconoció que ya ha habido comunidades que se han pronunciado claramente a favor de fragmentar la política agraria nacional, aunque insistió en que él propone una «política nacional» porque garantiza la igualdad a los productores en el mercado.

Otros problemas. El segundo problema a afrontar a partir de estos momentos es la posibilidad de que se «diluyan y bajen» las ayudas que reciben los agricultores y ganaderos por hectárea, después de que la normativa comunitaria permita a partir de ahora que tierras marginales, zonas de pasto o zonas destinadas a frutales, hortalizas o vino, puedan ser elegibles para las ayudas. «Si la ayuda nacional está en una media de 240 euros por hectárea de media para 21 millones, y meto 17 millones de hectáreas más, la ayuda baja a cerca de 119 o a una cifra similar», explicó, para desvelar a continuación que está buscando una fórmula que permita al Gobierno español limitar las hectáreas para que los actuales productores sigan percibiendo un nivel importante de ayuda.
No obstante, sí aseguró que «está desterrada» la idea de que en el 2019 haya una ayuda por hectárea igual. «Creo que la hemos podido parar, pero recuerdo que el Gobierno socialista era partidario de una ayuda inicial de 100 euros por hectárea que, en su momento, me parecía descabellada y, ahora, estamos peleando por todo lo contrario».
El tercer problema que debe solucionar el Gobierno es cómo lograr la convergencia interna y, por ello, dijo que está luchando para poder  modular el apoyo a los cultivos en función de las necesidades reales de cada uno para compensar sus costos de producción. Por ello, aseguró que luchará para evitar «situaciones absurdas», como el hecho de que explotaciones que no hayan estado cultivadas o con carga ganadera pasen a tener ayudas espectaculares, mientras que quienes se han dejado la vida en el campo ven reducidas las ayudas a la mitad.
«La propuesta que se hizo de la PAC era descabellada. Está pensada para  países muy homogéneos, sin diversidad productiva. Pero España tiene toda la diversidad productiva del mundo (…).Tenemos una riqueza productiva que hace imposible una ayuda homogénea por hectárea.. La ayuda homogénea por hectárea sería la sentencia de muerte del campo español y estamos tratando de cambiar estas protestas», afirmó.