El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, y la diputada socialista Leire Pajin se han enzarzado esta semana en una agria disputa parlamentaria en el Pleno del Congreso de los Diputados sobre la cesión de derechos de agua que recoge el nuevo Plan del Alto Guadiana, y que se incluye en el real decreto-ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente que fue aprobado por la Cámara.
Arias Cañete defendió abiertamente la decisión de establecer un nuevo tipo de cesión de derechos de agua entre los regantes del Acuífero 23, del que se nutren Las Tablas de Daimiel, a cambio de que cedan un porcentaje de esos derechos para garantizar la sostenibilidad del entorno, preservar en buen estado el acuífero y, así, prevenir una situación de sequía o de restricción.
El titular de Agricultura quiso dejar claro que se imponen diferentes garantías para alcanzar este objetivo y recalcó que, con carácter excepcional, se permite que puedan acceder a una concesión los titulares de explotaciones agropecuarias para «dar una razonable solución» a la demanda social de la zona.
En este sentido, explicó que, hasta el momento, el proceso de regularización de las explotaciones prioritarias se regía por un convenio entre el Gobierno central y la Junta de Castilla-La Mancha, en el que el Ministerio se comprometía a adquirir 40 hectómetros cúbicos que cedía a la comunidad autónoma.
«Hasta la fecha se han adquirido 14,5 hectómetros cúbicos por un importe cercano a los 65 millones de euros. Para alcanzar el objetivo fijado se necesitarían cerca de 90 millones de euros, que en la actual conyuntura económica resultaría imposible movilizar. Por tanto, sin renunciar al objetivo inicial, se establece un mecanismo que posibilite su concesión», concluyó.
Críticas desde el PSOE. Por su parte, la parlamentaria socialista Leire Pajin rechazó frontalmente las explicaciones del ministro y dijo que las reformas aprobadas permitirán que todos los derechos de usos de aguas sean objeto de intercambio entre particulares, acabando así con la reserva del 70 por ciento que debía dedicarse a la recuperación de los humedales que contemplaba hasta ahora la ley.
También se opuso a la posibilidad al otorgamiento de nuevas concesiones de plazo superior a veinte años porque, a su juicio, van a contribuir a legitimar situaciones de deterioro, y afirmó: «Resulta obvio que no es una prioridad para este Gobierno el mantenimiento ambiental del alto Guadiana»
Finalmente, se preguntó que pensará la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, con la decisión del Gobierno de disminuir «notablemente la dotación para este plan en los Presupuestos del Estado y, además, vaciar de contenido ampiental el propio plan con este decreto-ley.
Ante estas acusaciones, María Teresa Lara Carbo, del PP, tomó la palabra para rechazar las acusaciones de la socialista, y expresó su sorpresa de que el principal partido de la oposición hable de «mercado de agua» o privatización de la misma. «Denunciar la urgente privatización de las aguas subterráneas como ha hecho la portavoz socialista por la transformación de aguas privadas en aguas públicas produce bochorno, ya que es exactamente lo contrario».
Finalmente, dijo que la reforma que plantea el real decreto permitirá conseguir los objetivos medioambientales y sociales de la zona y reducir la extracción de agua en el acuífero 23 sin utilizar dinero público, tal y como se venía haciendo en los últimos años.
