La Junta de Castilla-La Mancha ha anunciado su intención de oponerse en el Consejo Nacional del Agua de hoy al proyecto del Gobierno que fija los límites de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, según recoge Europa Press. El Ejecutivo manchego pretende que quede claro que el Tribunal Supremo ha vetado el envío de agua del Júcar a otras cuencas, como la del Turia o el Vinalopó.
La decisión amenaza con recruceder la guerra del agua. El Consejo, órgano asesor del Ministerio Ambiente, es el primero que se celebra desde que Elena Espinosa sustituyó a Cristina Narbona al frente del Ministerio de Medio Ambiente. Está previsto que se presente el borrador del decreto que fija el ámbito de las demarcaciones hidrográficas (antiguas confederaciones).
La reunión supondrá una auténtica prueba de fuego para la política hídrica que ha impulsado Elena Espinosa de intentar separar el agua del terreno político, consciente del daño que ha supuesto para el PSOE en algunas comunidades autónomas.
Para ello ha suavizado las posiciones antitrasvasistas y buscado el consenso con la Generalitat y Murcia. Hoy todo el entramado puede saltar por los aires.
El documento que el Ejecutivo somete a la consideración de este órgano asesor, el primero que se celebra desde octubre de 2006, recoge expresamente que la Demarcación Hidrográfica del Júcar «deberá respetar» la sentencia del Tribunal Supremo de 2004 que anula los trasvases del Júcar al Turia y al Vinalopó en la revisión que aparecen en el Plan Hidrológico de Cuenca.
La garantía de Espinosa no parece suficiente para el Ejecutivo manchego que considera que el Gobierno está incumpliendo el ordenamiento jurídico.
Sentencia
La sentencia del Supremo ordena la gestión separada de los ríos que nacen fuera de la Comunitat y mueren en territorio valenciano (cuencas intercomunitarias) de los que sólo discurren por territorio autonómico (definidos como intracomunitarios). Los primeros (como el Júcar, el Segura y el Turia, entre otros) son competencia del Estado, mientras que los segundos, de la Generalitat.
Desde la Junta de Castilla-La Mancha consideran que la aplicación de la sentencia supone la prohibición expresa de llevar agua del Júcar al Vinalopó y al Turia y así debe aparecer reflejado claramente en el decreto que establecerá los límites de la Demarcación del Júcar.
De hecho, la Fundación para el Progreso de Albacete, impulsora del recurso que acabó en la sentencia del Supremo, ha anunciado que acudirá de nuevo a los tribunales si el Gobierno no recoge esta posición.
Castilla-La Mancha quiere, por ello, que el Gobierno lo deje bien claro en el decreto para contentar a los regantes de Albacete, directamente beneficiados, ya que verán aumentado el volumen del caudal disponible.
El Consell, por su lado, al igual que Murcia, acata la sentencia pero defiende la unidad de la gestión de la cuenca.
El Gobierno no lo tiene fácil. Mientras Castilla-La Mancha ya ha anunciado su oposición al decreto si no contempla la delimitación de cuencas, el Consell prefiere esperar a que sea el Ejecutivo el que dé el primer paso.
El departamento de Elena Espinosa tiene que encontrar una solución que contente a ambas partes, pero que garantice la llegada del agua al Vinalopó y al Turia. En caso contrario, se corre el riesgo de que se reabra la guerra del agua entre el Ejecutivo, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha. Una vuelta a los tiempos de Narbona.
Los ecologistas, por su lado, tampoco piensan poner las cosas fáciles al Ejecutivo. Han anunciado que en la reunión de hoy criticarán la política de hídrica de Espinosa, que califican como la más «nefasta» que se ha realizado desde 1992. Las diferentes asociaciones denuncian que en este año de gestión Espinosa únicamente se ha dedicado a «reabrir temas que estaban zanjados, como los trasvases» y a hacer una «política populista».