«Apreciamos temeridad en la actuación procesal de la Administración autonómica, en cuanto sus recursos denotan el propósito de impugnar de manera sistemática todo acuerdo del Consejo de Ministros en el que se decida un trasvase de aguas de la cabecera del Tajo». Es el reproche que realiza el Tribunal Supremo al Gobierno de Castilla-La Mancha que ha vuelto a perder otro recurso contra un desembalse autorizado en noviembre de 2009. En este caso, parte de los 69,4 hectómetros aprobados iban a destinarse a salvar las Tablas de Daimiel, que en aquella época estaban al borde de su desaparición por la combustión de la turba.
El magistrado ponente de la Sala Quinta, Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, que ha sido miembro del Tribunal Constitucional hasta el pasado mes de enero, subraya la «expresa imposición» de las costas procesales al Ejecutivo castellano-manchego en una sentencia del pasado día 7. Le recuerda que en otras tres sentencias ya conocidas, el anterior Gobierno de José María Barreda se había limitado a reproducir las mismas alegaciones sin cambiar de estrategia pese a las respuestas invariables de los tribunales de que los envíos de agua desde la cabecera del Tajo eran legales.
La Junta pidió la nulidad de este desembalse porque no se había hecho la evaluación de impacto ambiental y no se garantizaba el caudal ecológico del Tajo, como en otras demandas anteriores. El Supremo recuerda que el acueducto «es una infraestructura consolidada en el tiempo», y no «un proyecto para el trasvase de recursos hídricos», como planteó Barreda a través de su letrado. El magistrado subraya la preservación de las competencias estatales sobre los trasvases entre cuencas y que los envíos de agua al Segura se realizan para evitar pérdidas irreparables en el arbolado y los cultivos.
El Sindicato Central de Regantes muestra su extrañeza de que Castilla-La Mancha hubiera recurrido también el transporte de agua del Tajo a Las tablas de Daimiel, que se encontraban en una situación dramática según la Dirección General del Agua y tal y como se puso de manifiesto en la reunión de la Comisión de Explotación. El agrietamiento y desecación de los terrenos del parque nacional a causa de la sequía y la autocombustión de la turba hacían necesario un envío urgente de agua a este enclave de Ciudad Real. Pese a ello, el letrado recurrió la transferencia al humedal.