La bonanza hidrológica, con los embalses del Júcar alcanzando niveles desconocidos en las últimas décadas, ha dejado en segundo plano las disputas sobre el uso del agua entre los principales usuarios, los regantes. Uno de los problemas que debe solventar la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), arrastrado a lo largo de los años, es la regulación de los caudales que se extraen del acuífero de la Mancha Oriental, la enorme masa de agua subterránea de donde beben gran parte de los habitantes de la zona, entre ellos los de Albacete, y sobre todo, de donde se riega mediante pozos una superficie de cultivo que en 40 años ha multiplicado 22 veces su superficie.

Los datos que obran en el Esquemas de Temas Importantes del Júcar (ETI), que servirá de base para el futuro plan de cuenca de la demarcación, establecen que las extracciones del acuífero destinadas a regadíos se sitúan en 376,2 hectómetros cúbicos al año, tomando como referencia la serie histórica de los últimos años.

Sin embargo, el plan vigente apunta a un tope máximo de 320, lo que supone una pérdida de hasta 56 hm3 anuales, lo que desenboca en problemas ambientales y jurídicos. Se perjudica a los regantes situados aguas abajo de la masa subterránea, que ven mermado su estatus de usuario prioritario. Y el problema se recrudece ya que se extrae más agua de la que entra en el acuífero por su ciclo natural.

No es una cifra baladí. Por poner un ejemplo, el agua que se toma más allá de la que establece la normativa supone más de la mitad del caudal que llevará el trasvase Júcar- Vinalopó (80 hm3), e incluso supera el volumen de agua que producirá, una vez construida, la segunda desalinizadora más grande de la Comunitat, la de Guardamar.

Necesidad de regulación

Las alegaciones presentadas al ETI por la Conselleria de Medio Ambiente, a través de la dirección general del Agua, advierten de la necesidad de mejorar el control del agua que se ‘desvía’ de la cuenca del Júcar para corregir el déficit.

El problema se acentúa en épocas de sequía, lo que ha producido numerosos encontronazos entre las comunidades de regantes. De ahí la importancia que le da la CHJ de cara al futuro plan de cuenca, el documento marco que regirá la gestión del río en los próximos años. No en vano, tiene la competencia de regular el agua que se extrae para evitar situaciones de «trato de favor», como apuntan las alegaciones presentadas por la Conselleria. El ETI analiza las extracciones realizadas en los últimos años, exactamente en el periodo comprendido entre 2000 y 2008, lo que da una media de 376,2 hectómetros cúbicos anuales, con ejercicios donde se han alcanzado los 387,3, como sucedió en 2000-2001.

La situación «produce una detracción de aportes que debían llegar a los embalses de Alarcón y Contreras», siguiendo con las alegaciones del gobierno autonómico. El déficit genera más complicaciones, como las ambientales, pues puede comprometer el volumen de agua necesario para el mantenimiento medioambiental del Júcar.

Las alegaciones al ETI, firmadas por el director general del Agua, José María Benlliure, apuntan que se debe prestar especial atención en los periodos secos, debido a que los cultivos manchegos requieren una mayor aportación de agua, por lo que se critica que el cálculo realizado se base en consumos medios.

«Esto nos puede llevar a infravalorar de modo importante los volúmenes que se extraen en periodos secos, que son los que resultan más conflictivos para garantizar los caudales ecológicos y las demandas prioritarias aguas abajo», rezan las alegaciones. «No hay justificación alguna para que, siendo esta una zona de mayores extracciones, no se dispongan contadores como se hace en otras unidades sobreexplotadas, como las del Vinalopó», continúa el documento.

Explosión agrícola

Precisamente, el tamaño de los cultivos es otro de los caballos de batalla entre la Confederación y la Conselleria. La primera calcula en sus estudios una superficie de regadíos de 80.000 hectáreas, mientras que los datos que aporta la Conselleria hablan de una extensión de 110.000. Por hacerse una idea, en 1970, apenas alcanzaban las 5.000, según la información incluida en el documento ‘Regímenes natural y artificial del río Júcar’, elaborado por el profesor Antonio Gil Olcina, de la Universitat de Alicante.

Tal explosión agrícola se produjo, siguiendo con la misma fuente, tras la aprobación del Real Decreto 950/1989 del 28 de julio, que declaraba de interés nacional la transformación en regadíos de 69.000 hectáreas de la zona.