La misma sequía que está afectando a la Comunitat Valenciana amenaza con crear una situación de desabastecimiento a partir del otoño en Barcelona y su área metropolitana. La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mantiene, en cambio, que las tres provincias valencianas están muy lejos de esta situación.

Los embalses en la Confederación Hidrográfica del Ebro se encuentran esta semana al 53,7% de su capacidad, aunque las cuencas internas catalanas sólo almacenan un 19,6%. La peor situación en España se localiza en la Confederación Hidrográfica del Segura, cuyos embalses están al 17,8%.

Los pantanos de la Confederación del Júcar están al 23,1%, aunque los principales embalses que abastecen Valencia se encuentran en una situación mucho peor. Contreras y Alarcón almacenan entre un 6 y un 7% de agua y Loriguilla se encuentra el 18%.

La situación no es tan diferente entre Cataluña y la Comunitat, pero sí lo han sido las políticas hídricas en las dos autonomías. Mientras en Valencia se ha ganado agua para el suministro humano gracias a la reducción de los recursos destinados al riego, en Cataluña no se ha llevado a cabo una política similar ni el Gobierno con el Programa Agua la ha alentado.

De hecho, las dos principales desalinizadoras para abastecer Barcelona que según el Ministerio de Medio Ambiente hubieran evitado el desabastecimiento no entrarán en funcionamiento hasta dentro de un año.

La superficie de regadío se ha reducido en la Comunitat un 23% en los últimos diez años. Mientras, los agricultores catalanes no parecen dispuestos a ceder sus derechos de riego. tal y como les ha pedido el Ministerio de Medio Ambiente.

La política del Gobierno en la Comunitat es bien diferente. La CHJ ha lanzado durante dos años seguidos una oferta de compra de derechos de agua de regantes del Júcar para aumentar la capacidad de abastecimiento. En Cataluña, ni la Confederación del Ebro ni el Gobierno han exigido medidas semejantes a los agricultores.

Además, el Gobierno ha aprobado un trasvase de 39 hectómetros cúbicos de agua para Alicante, Murcia y Albacete «exclusivamente para abastecimiento humano», de forma que se olvida de los agricultores y condena a muchos usuarios a abandonar sus cultivos.

Polémica
El anuncio de la Generalitat catalana de proponer un trasvase del Segre al Llobregat para abastecer a Barcelona ha puesto en evidencia la política hídrica del Gobierno. La oposición del Ministerio de Medio Ambiente a cualquier transferencia desde el Ebro está empezando a ser cuestionada. Varios dirigentes socialistas han mostrado ya su oposición. Primero ha sido el PSC. Ayer el ex presidente de la Comunitat de Madrid, Joaquín Leguina, dijo que si Barcelona necesita agua «habrá que dársela» y se preguntó si el Ebro es «propiedad» del Gobierno de Aragón.

Leguina resaltó que el agua «es de todos los españoles y las decisiones al respecto tienen que residir en el Estado, y no en otros sitios, porque si no tenemos este lío».

El alcalde de Barcelona, el socialista Jordi Hereu, se enfrentó ayer al Gobierno y alentó a los opositores al trasvase a ofrecer una alternativa. «Si no hay respuesta, desde Barcelona apoyaremos y apoyamos el posicionamiento de la Generalitat», aseguró.

Hereu fue tajante. «No aceptaré de ninguna manera que en otoño nos encontrásemos con que no se respetan los derechos de los ciudadanos», aseveró en relación a las posibles restricciones.

El alcalde de Barcelona se mostró firme el mismo día que desde la Generalitat catalana trataban de reducir la tensión con Madrid. El conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, matizó que el trasvase «es una ultimísima solución» para garantizar el suministro de agua potable a los ciudadanos y aseguró que esta era «obligación» del Govern.

El secretario general del grupo socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, explicó que el Gobierno está estudiando «otras posibilidades» para garantizar el abastecimiento de Barcelona.

Esquerra Republicana de Terres del Ebre manifestó ayer su oposición frontal al trasvase. Mientras la Plataforma en Defensa de l’Ebre va a recabar apoyos en Zaragoza contra la iniciativa.

El vicepresidente del Gobierno aragonés, José Ángel Biel, indicó que Cataluña debería explicar mejor «qué problema tiene», si es de agua para beber o para otros usos. Además, Biel recordó que el Estatuto aragonés, una ley orgánica, recoge que no se pueden aceptar trasvases entre cuencas e instó a la Generalitat catalana a buscar otras alternativas.

Así, la Revista de Ingeniería Naval propone que un buque de 300.000 toneladas traslade entre 25 y 30 hectómetros cúbicos anuales entre el Ebro y Barcelona a un coste aceptable y con menor daño medioambiental.