La Generalitat pasará hoy a la acción contra el Plan Hidrológico del Ebro que impulsa el Gobierno central y que podría reducir notablemente el caudal del río en su tramo final. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, tiene previsto presentar hoy un conjunto de medidas entre las que destaca pedir el amparo de la Comisión Europea, a la que piensa alertar de que el nuevo plan de cuenca aprobado por el Consejo de Ministros incumple la directiva marco del agua y otras normas comunitarias.
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La decisión de recurrir a la Unión Europea está encima de la mesa desde que el pasado verano la Confederación Hidrográfica del Ebro diera el visto bueno al plan. La dirección de Convergència acabó de perfilar ayer la estrategia. Su secretario de Organización, Josep Rull, dio por hecho que no hay negociación política posible. “Recurriremos a instancias europeas para garantizar el cumplimiento de la directiva marco del agua, porque la posición catalana está al lado de la normativa europea y la del Gobierno español la vulnera”, dijo.
El Gobierno catalán entiende que el plan vulnera los criterios medioambientales marcados por la norma comunitaria, especialmente en lo que hace referencia al caudal ecológico de un río con especial valor ecológico. La Generalitat considera insuficiente el caudal previsto, de 3.200 hectómetros cúbicos anuales, una cifra que el Ejecutivo central dice estar dispuesto a negociar. El Departamento de Territorio considera que la cifra aconsejable continúa siendo los 7.000 hectómetros cúbicos que se acordaron con la Plataforma de Defensa del Ebro en 2007. De ahí que hoy los miembros del Consejo Ejecutivo se reúnan con dos opciones sobre la mesa. La principal es la de la denuncia ante la Comisión Europea, que igualmente tendrá que validar la normativa española. La otra puerta que mantiene abierta la Generalitat es la de abrir un contencioso en el Tribunal Supremo, que genera muchas más dudas respecto a su resultado final.
Ambas vías son imprescindibles para que el plan hidrológico pueda acabar en el Tribunal Europeo de Justicia. En el marco de la denuncia ante la UE, el Ministerio de Agricultura podría negociar un cambio en el plan, pero una vez superado ese trámite el Gobierno podría verse amenazado por una sentencia contraria del tribunal, con sanciones incluidas.
El Plan del Ebro amenaza con sembrar divisiones internas en CiU y PSC
El consejero de Territorio, Santi Vila, remarcaba hace unas semanas en una respuesta parlamentaria al grupo de ICV-EUiA, el “especial valor ecológico” que se ha otorgado al delta del Ebro tanto a nivel interno como internacional. Por ello, en la decisión que tome hoy la Generalitat prevé reclamar a la Comisión Europea que evalúe cómo puede afectar el nuevo caudal ecológico a las directivas que hacen referencia a la conservación de las aves silvestres, la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y el convenio RAMSAR, que establece la conservación de zonas húmedas de relieve internacional porque actúan como hábitat de aves acuáticas.
Las posibilidades de éxito que ofrecen una denuncia ante la Comisión Europea son superiores a las que ofrece una denuncia ante el Tribunal Supremo, según la Generalitat. Se basa en algunas interpretaciones anteriores ofrecidas por el Tribunal Constitucional en referencia al Plan Integral de Protección del Delta del Ebro (PIPDE), que supuestamente es el que debe decidir el caudal ecológico del río en un acuerdo entre los gobiernos de la Generalitat y del Estado. Según el alto tribunal, ese poder recae en los planes hidrológicos de cuenca como el aprobado el viernes
Pese al enfrentamiento, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, mostró ayer en Bruselas su disposición a negociar con la Generalitat y a agotar “todas las vías de diálogo”. Sí subrayó que el actual plan de cuenca supone una mejora del caudal ecológico que se estableció en el planeamiento actual, “luego la situación de Cataluña es un 10% mejor que con el plan anterior”, afirmó. Sin embargo, Convergència i Unió considera que la vía del diálogo no servirá de nada. “Ni siquiera se han reunido con la Generalitat”, insistía ayer el dirigente de CDC Josep Rull.
Pero el plan del Ebro no solo genera división entre Gobierno y Generalitat. También amenaza con desestabilizar el discurso de CiU y PSC, puesto que la postura que defienden desde Barcelona o en las comarcas del Ebro es muy diferente al que sostienen en Lleida, donde las poderosas comunidades de regantes tienen el apoyo de los dirigentes locales de estos partidos.
Los cuadros del partido defienden intereses contrapuestos en Lleida y Tarragona
Ayer mismo, el Ayuntamiento de Lleida brindó su apoyo al Plan Hidrológico del Ebro. La primera teniente de alcalde, Marta Camps, expresó su apoyo “con reservas” al proyecto porque entiende que satisface las necesidades de los regantes pese a no fijar un caudal mínimo para el río Segre a su paso por la ciudad. En julio La Paeria ya aprobó una moción, con el apoyo de PSC, CiU y PP, al plan hidrológico que aprobó la Confederación Hidrográfica del Ebro. Entonces, el mismo consejero de Agricultura de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí se mostró comprensivo con este gesto. Ayer CiU de Lleida evitó pronunciarse a la espera de lograr un posicionamiento común, informa Lluís Visa.
Ahora el objetivo de CiU es que la división interna no vaya a más. Rull lanzó ayer una llamada a la unidad con la denuncia de que el Gobierno central pretende “dividir” a los catalanes con este plan. En este sentido, Rull alertó del “interés en confrontar intereses en Cataluña” cuando se dice que la defensa del caudal ecológico del Ebro, a su paso por Tarragona, va en contra de los regantes del canal Segarra-Garrigues (Lleida), lo cual “no es cierto”. Según el dirigente de CDC, hay “recursos suficientes” para hacer compatibles ambas zonas, ya que “el problema de falta de agua no se concentra en Cataluña, sino fuera”. O sea, que para CiU el problema no es que se aumenten las zonas de regadío en Cataluña sino en otras comunidades.
El líder del PSC, Pere Navarro, también insistió en un mensaje que no casa con el que mantiene el partido en Lleida. En este sentido, denunció la “prepotencia” y el “autoritarismo” del Gobierno por las fórmas cómo ha aprobado el plan. Para Navarro este plan es muy parecido al que CiU dio su apoyo en 2001. Precisamente, los convergentes quisieron dejar claro ayer que si han cambiado de opinión desde entonces es porque el partido y la sociedad han “evolucionado”.
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