El Ministerio de Medio Ambiente ha conseguido abrir una brecha en la resistencia de los agricultores alicantinos contra la solución diseñada por el equipo de Cristina Narbona para combatir la sequía en la provincia.
El acuerdo de la empresa estatal Acuamed con Riegos de Levante para la construcción de una desalinizadora en Guardamar ha caído como una bomba en la Federación Alicantina de Comunidades de Regantes, presidida por el ilicitano Manuel Serrano, máximo responsable a su vez de Riegos de Levante, pero de la que forma también parte la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó, cuyo presidente, Andrés Martínez, apuntó ayer que «una desalinizadora para agua de riego es la sentencia de muerte para el Vinalopó, no se puede pagar el metro cúbico a cien pesetas (0,6 euros)» .
Una frase que resume el malestar de los futuros usuarios del trasvase con los que todavía son sus socios en la reivindicación de agua de calidad para la provincia frente a Madrid y Valencia, filosofía con la que se creó hace unos meses la Federación Provincial de Regantes, hoy al borde de la ruptura por el movimiento de Riegos de Levante, que podría acogerse a la oferta del Gobierno para suministrar el agua desalada a la agricultura a 0,30 céntimos.
El paso adelante dado por Manuel Serrano aceptando la oferta de la ministra Narbona para la construcción de una desalinizadora para agua de riego en Guardamar ha roto la unidad que mantenían los regantes de la provincia contra las iniciativas del Ministerio de Medio Ambiente. Hasta ahora, Riegos de Levante, mantenía firme su postura junto a la Junta Central de Usuarios del Júcar-Vinalopó – Serrano y Martínez fueron los impulsores de la Federación Provincial de Regantes que presiden – y había rechazado tanto el agua de la desalinizadora de Torrevieja, como la del trasvase desde Cullera, la primera por el precio y la segunda por su supuesta mala calidad. La oferta de una planta específica para ellos -no figuraba en el Programa Agua-y la falta de caudales del Tajo-Segura han terminado por acercarles al Ministerio de Medio Ambiente y buscar la seguridad en el suministro en una desalinizadora que se construirá en Guardamar.
Embalses contra desalinizadora
Andrés Martínez respetó ayer la decisión de sus colegas de Elche pero apuntó que «el agua que hay ahora embalsada en Entrepeñas y Buendía, y en un año de sequía, equivale a seis años de desalinizadora».