El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido no recurrir el Estatuto de Andalucía, al considerar que tras su paso por las Cortes Generales se ajusta en materia de gestión de agua al marco constitucional y que no colisiona con los intereses de Castilla-La Mancha.

Así lo indicó hoy el vicepresidente en funciones de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Lamata manifestó que después de analizar el texto de la reforma estatutaria andaluza, en la que se atribuye a esa comunidad autónoma competencias sobre la gestión de la cuenca del Guadalquivir -un 7,13 por ciento de la cual discurre por Castilla-La Mancha-, se ha entendido que no procede presentar recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto andaluz, como ha hecho Extremadura y va a hacer la Comunidad Valenciana.

Fernando Lamata dijo que es verdad que cuando la reforma estatutaria andaluza entró en las Cortes Generales «tenía una redacción que podía bordear la constitucionalidad y podía estar en ese límite», pero debatido el proyecto en el Congreso de los Diputados y una vez modificado se reconoce mayor capacidad de gobierno a Andalucía en materia de agua, pero dentro del marco de la Constitución.

En este sentido, apuntó que «así lo dice explícitamente» el nuevo Estatuto andaluz, que hace referencia a los artículos que dan al Estado español y al Gobierno de España «la capacidad de gobernar esta materia».

Por ello, cree que esa «mayor voluntad de decidir» estará «sometida siempre a la Constitución y a las decisiones en materia de agua del Gobierno de España».

Además, Lamata dijo que el Estatuto de Andalucía «se refiere a competencias siempre definidas dentro de la comunidad de Andalucía y entendemos que no colisiona con nuestros intereses», al tiempo que valoró que se exprese «voluntad de acuerdo siempre que haya algún asunto que pudiera afectar a las dos comunidades autónomas».

El vicepresidente de Castilla-La Mancha también destacó que en el Estatuto de Andalucía se asuma la «línea que en política del agua» ha venido marcando durante los últimos tres años el presidente castellanomanchego, José María Barreda, que recordó ha reclamado más presencia de las comunidades autónomas en los órganos de gestión del agua.

Explicó que la postura que defiende Castilla-La Mancha es la de tener «más voz» en materia de agua, pero «no la única decisión».

En este sentido, Lamata dijo que «no planteamos gobernar desde Castilla-La Mancha o desde las comunidades autónomas la política del agua, pero sí codecidir» y tener más capacidad de influir dentro del marco establecido por la Constitución.

A pesar de no formularse un recurso de inconstitucionalidad al estatuto andaluz, Lamata afirmó que «cualquier decisión de una comunidad autónoma que pudiera afectar a los intereses de Castilla-La Mancha puede ser objeto puntualmente en su momento de un recurso ante los tribunales que corresponda», incluso ante el Tribunal Constitucional si incurrieran en alguna cuestión de inconstitucionalidad.

Por ello, dijo que «no se cierra en ningún momento la capacidad de que ante futuras decisiones pudiera plantearse esa acción judicial».