COAG-
La alimentación, una preocupación de toda la sociedad que se ‘cocina’ en Bruselas
La actual Política Agraria Común (en adelante PAC) representa un 33% del presupuesto total de Unión Europea (un 42% si incluimos las políticas de desarrollo rural). Las últimas directrices establecidas en el llamado Chequeo Médico y la adhesión de nuevos países eminentemente agrícolas a la Unión Europea preocupan tanto a los productores/as como a los consumidores/as europeos. Sin embargo, la campaña electoral para las elecciones europeas que estamos viviendo durante las últimas semanas adolece de un debate serio y riguroso sobre el futuro de la agricultura y la alimentación en Europa, y en el Estado Español; en definitiva no se discute sobre la principal política común europea. Mientras tanto, desde finales de 2007 y principios de 2008 tiene lugar la mayor crisis alimentaria de las últimas décadas, producida por una subida espectacular de los precios de algunas materias primas agrícolas, así como de los costes de la producción agraria. En la última parte de 2008 asistimos a una elevada volatilidad de los precios y al desplome de las cotizaciones de las materias primas agrícolas con similar intensidad con la que en su día subieron.
En los próximos meses van a estar sobre la “mesa” distintos debates y decisiones que son cruciales para el futuro de la agricultura y la alimentación en toda Europa y también en muchas otras partes del mundo: comienza el debate de la Política Agraria Europea 2013 enmarcado y condicionado por el debate del presupuesto de la Unión Europea, la nueva ronda de Doha (OMC) y negociaciones de libre comercio con Centro-América, comunidad andina, área euromediterránea (Marruecos, Túnez, Egipto) y Mercosur entre otras.
Los partidos políticos y futuros parlamentarios europeos van a participar y decidir sobre todas estas cuestiones, por este motivo COAG, y las organizaciones de consumidores UCE, CEACCU Y CECU, consideramos de especial interés que los partidos políticos debatan e incluyan en su agenda electoral estos temas que son de vital importancia para los agricultores, los consumidores y en definitiva para el conjunto de la sociedad. La actual PAC está supeditándose a los acuerdos de la OMC y los tratados de libre comercio que colocan a la agricultura y la alimentación en la especulación de los mercados internacionales. Estos acuerdos destruyen la agricultura social y familiar en Europa y en todo el planeta, con consecuencias, también, para derechos básicos de los consumidores como el acceso a alimentos seguros a precios razonables. Por todo ello, las preguntas que nos hacemos de cara a los partidos políticos son las siguientes:
¿Qué PAC van a defender los parlamentarios? ¿Cómo piensan defender nuestras producciones y nuestra alimentación en los distintos organismos de la Unión Europea? ¿Qué tipo de apoyos a la agricultura van a defender para la PAC post 2013? ¿Qué presupuestos tienen pensado defender? ¿Cómo se van a distribuir las ayudas a partir de entonces? ¿Se va a seguir incentivando el abandono como con el desacoplamiento en contra del mantenimiento de la actividad? ¿Se van a seguir otorgando la mayor parte de las ayudas a empresas (muchas de ellas ajenas al sector) en vez de a las pequeñas y medianas explotaciones que viven de la actividad agraria? ¿Qué van a hacer para que los precios al agricultor cubran los costes de producción y que el consumidor pague unos precios razonables? ¿Qué se va a hacer para conseguir que la formación de los precios en los mercados agroalimentarios sea transparente? ¿Cómo se van a evitar las situaciones de abusos en las relaciones comerciales y el desarrollo de prácticas agresivas por parte de las cadenas de distribución? ¿Qué van a proponer para mejorar los controles de las importaciones en los distintos puertos de la Unión para que no se hundan los mercados europeos? Todas estas preguntas están íntimamente relacionadas y se podrían resumir en dos: ¿Se va a apostar decididamente por potenciar un modelo social de agricultura con el objetivo de hacer rentable la producción agrícola y ganadera para mantener la actividad en el medio rural y conseguir una mayor protección del medio ambiente y los derechos de los consumidores? ¿Va a ser considerada la agricultura y por lo tanto la alimentación como sector estratégico de nuestra economía y defendido como tal ante las instancias europeas?
SECTOR AGRARIO, LA BASE DE LA ALIMENTACIÓN EN CRISIS
Durante 2009 y en el contexto de crisis económica que nos encontramos, hemos podido comprobar como, mientras los márgenes comerciales de los productos agroalimentarios seguían subiendo de forma generalizada en toda Europa, se desplomaban los precios en origen de algunos productos básicos como la leche , el aceite de oliva y algunas frutas y hortalizas. La Comisión Europea ha tenido que poner en marcha el almacenamiento privado de 110.000 tn de aceite de oliva ante tal situación. La volatilidad de los precios, las estrategias de abuso de poder en la cadena de valor por parte de la distribución comercial y la falta de transparencia de los mercados en toda Europa no favorecen en ningún caso ni a productores/as ni a consumidores/as.
En este marco, se ha aprobado la reforma del “chequeo” de la PAC, que supone la profundización de la gran reforma de las políticas agrarias europeas acometida en 2003. Junto al “desacoplamiento”, estas reformas se caracterizan por la “desregulación” de los mercados: bajada de precios a nivel de mercado mundial, apertura de fronteras y eliminación de mecanismos como la intervención o las cuotas. Es decir, se fomenta la especulación y el abandono, en lugar de la producción agraria y la permanencia de los/as agricultores/as en las explotaciones.
Se trata de una reforma que vuelve la espalda a lo que está sucediendo en los mercados alimentarios mundiales y actúa como si nada ocurriera, siguiendo el plan preestablecido desde 2003 y dejando a la agricultura y la alimentación europea en manos de un mercado desregulado y de las producciones de terceros países, sin los controles de calidad y seguridad que se exigen a las nuestras y a precios especulativos que arruinan nuestras explotaciones, al tiempo que se cae en una dependencia suicida del exterior.
El chequeo trae consigo además un recorte radical de las ayudas directas, ya que al tijeretazo del 10% hay que unirle la congelación de dichas ayudas hasta 2013, por lo que con el efecto de la inflación el recorte total se puede cifrar en torno al 35%, algo inasumible para la mermada rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias. En el conjunto de la Unión Europea, el año agrario 2008 ha sido pésimo, teniendo en cuenta que los factores agro-climáticos han evolucionado dentro de la normalidad, lo que pone ante el espejo una realidad del sector agrario que evoluciona en caída libre. El descenso de la renta agraria en la UE durante dicho año fue del -3,5%.
Todos estos datos reflejan una situación en la que, mientras que los precios en el campo se han desplomado de forma generalizada, los/as agricultores/as y ganaderos/as han sufrido un incremento de los costes de producción. En este contexto de subida de costes, caída de precios agrarios y reducción de los apoyos comunitarios, las organizaciones firmantes reivindican el carácter estratégico de la alimentación para evitar la dependencia del exterior y el encarecimiento de los alimentos, defendiendo el principio de soberanía alimentaria tanto para la Unión Europea como para los países pobres y en vías de desarrollo, en el marco del modelo social de agricultura. El mantenimiento de la actividad agraria es esencial para conservar el empleo y la vida en el medio rural.
LA NECESIDAD DE DESARROLLAR POLÍTICAS ESTRATÉGICAS PARA IMPULSAR
UN SECTOR AGRARIO SOSTENIBLE
La crisis del sector agrario ha estado acompañada por una crisis alimentaria de alcance mundial, que no se ha solucionado como algunos piensan con las últimas bajadas del precio de las materias primas agrícolas y que ha mostrado el fracaso de las políticas ultraliberales aplicadas hasta ahora a la agricultura y la alimentación. El mercado no hace función de regulación, sino que se comporta de forma especulativa generando un encarecimiento abusivo de la alimentación en toda Europa al tiempo que ocasiona graves problemas alimentarios en muchas partes del mundo, con más de mil millones de personas afectadas por el hambre. La desregulación de los mercados pone en serio peligro de desaparición a las pequeñas y medianas explotaciones, a la economía social agraria, tanto en los países pobres como en el conjunto de Europa.
Exigimos como necesaria una reforma de la PAC con una orientación social y de preservación de los valores estratégicos de la actividad agraria. Esto significa que Europa debe renovar su apuesta por la agricultura social, garantizando la seguridad alimentaria en el marco de la soberanía alimentaria y la preservación del medio ambiente y el medio rural. Los/as agricultores/as tenemos que ver reconocida y valorada nuestra labor, principalmente a través de unos precios justos para nuestros productos y accesibles para los consumidores lo que hace imprescindible desarrollar políticas de regulación y transparencia de los mercados. La producción agraria y alimentaria no puede considerarse como meras mercancías para la especulación, sino como recursos estratégicos y vitales para garantizar el derecho de las personas a una alimentación segura.
Las ayudas directas a la renta, cuando sean necesarias, tienen que estar vinculadas a la actividad agraria desarrollada en las explotaciones (ayuda por activo agrario), con lo que se conseguiría una redistribución de los fondos con legitimidad económica y social, frente al despilfarro de las ayudas actuales concedidas en buena medida a absentistas ajenos al sector agrario. En este nuevo escenario, el protagonismo de los Estados Miembros en la elaboración de las políticas agrarias, debe ser necesariamente mucho mayor que en el pasado, extendiéndose cada vez más hacia la vertiente económico-social de la actividad agraria.
En medio de la actual crisis, desde algunas instancias públicas no se les ocurre otra opción que acometer una nueva reconversión del sector agrario reduciendo aún más la población activa, con el falso argumento de incrementar “competitividad”. Nosotros rechazamos este enfoque porque se está llegando al límite de la viabilidad social del sector. Un sector, por otra parte, profesionalizado y eficiente que no puede ser obligado a competir frente a la explotación social, económica y medioambiental que practican las multinacionales y poderosos agroexportadores en los países pobres.
La gran cuestión es si se quiere mantener el sector agrario dada su naturaleza estratégica y sus múltiples funciones (desde el punto de vista alimentario, medio ambiental, social y territorial) o se pretende entregar la alimentación a los mercados especulativos. Una mayor destrucción de nuestra agricultura supondrá un aumento de las importaciones y como consecuencia unos alimentos más caros para los/as consumidores/as y la posible asunción de más riesgos de seguridad alimentaria.
Estas decisiones estratégicas se están demorando en un momento en el que el tiempo se nos acaba. Los responsables políticos deben buscar los acuerdos que permitan establecer estrategias de futuro para nuestro sector. Los/as agricultores/as tienen graves problemas en la cadena de distribución agroalimentaria, que están afectando negativamente a sus rentas como por ejemplo, la presión “hacia abajo” de los precios en origen, el retraso abusivo de los pagos en el tiempo, importaciones cada vez en mayor volumen y con menor control, devolución injustificada de productos, no remuneración de los costes de producción, inexistencia de contratos-tipo y relaciones interprofesionales equilibradas. Los consumidores/as, por su parte, están pagando precios excesivos por los productos agrarios en relación a lo que percibe el agricultor/a o ganadero/a por ellos.
1) PROPUESTAS DE MEDIDAS DE POLITICA AGRARIA Y ALIMENTARIA
− Una nueva Política Agraria Común, una nueva PAC que apueste por el modelo social de agricultura, la soberanía alimentaria, la regulación de los mercados y consolide unos precios rentables en el campo y asumibles por los consumidores. La alimentación debe ser considerada un asunto estratégico para el conjunto de la sociedad y así se explica la necesidad de políticas públicas para mantener un modelo social de agricultura y alimentación. Sectores básicos que deben ser protegidos en la UE y en nuestro país para evitar la dependencia del exterior, el encarecimiento de los alimentos al consumidor y el abandono de la actividad agraria.
− Medidas de seguimiento que eviten las situaciones de abuso sobre productores/as y consumidores/as. Vigilancia especial de los mercados en origen y en destino por parte de las administraciones públicas, tratando de analizar en profundidad la transparencia de los mismos, así como las prácticas desleales y posiciones de dominio que en él se están dando.
− Medidas estructurales que propicien una mayor participación de los productores/as y de los consumidores/as en la cadena comercial agroalimentaria, en el valor final de los productos y en la información comercial de los mismos, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual en la que los/as productores/as están viendo seriamente amenazadas sus explotaciones y los/as consumidores/as ven cómo se les incrementan los precios paulatinamente.
− Establecimiento de un marco de comercialización agroalimentaria que contribuya a normalizar las relaciones comerciales de tal forma que se sean equitativas, transparentes y justas para todos los agentes.
− Garantizar la seguridad de los consumidores intensificando el control de las importaciones de productos agroalimentarios asegurando así la no comercialización de productos que puedan contener sustancias prohibidas en la UE.
− Implantar un sistema de doble etiquetado (precios origen/precios destino) como criterio al servicio de la información al consumidor, que propicie el conocimiento del valor real de los productos y la detección de distorsiones interesadas de precios.
− Legislación contra la morosidad en las operaciones comerciales que propicia que las cadenas de distribución agroalimentaria puedan pagar a 90 días a sus proveedores en la mayor parte de los casos.
− Garantizar el mayor nivel posible de seguridad alimentaria no sólo es un derecho irrenunciable sino un requisito imprescindible para sostener la confianza del consumidor y, por tanto, la estabilidad económica del sector, por lo que debería rechazarse la utilización e implantación de los Organismos Modificados Genéticamente (OGMs).
− El problema de los costes de producción está adquiriendo cada vez mayor importancia: en un marco caracterizado por precios congelados y a la baja, así como por las incontroladas importaciones de terceros países, una buena política de costes de producción resulta determinante para la viabilidad de las explotaciones.