El presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Andrés Martínez, mostró ayer su malestar por el hecho de que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no les haya consultado la decisión de reducir el trasvase de los 80 hectómetros cúbicos anuales inicialmente previstos a 51 (un 35% menos), tal y como figura en un informe del Ministerio de Medio Ambiente remitido a la Unión Europea sobre la situación de las obras que ayer publicó LAS PROVINCIAS.
Para Martínez, la CHJ les ha «ninguneado» y «tomado el pelo» al no contar con ellos antes de tomar esta decisión. Lamentó, además, que frente a la marginación con la que se trata a los usuarios, que pagan de su bolsillo parte de las obras, la Confederación «sí cuenta con grupos ecopacifistas», en referencia a Xuquer Viu.
Andrés Martínez indicó que la Junta va a remitir una carta al Ministerio de Medio Ambiente para quejarse del trato que les está dando la CHJ. Martínez explicó que frente al cambio de actitud de Elena Espinosa, la Confederación mantiene el «sectarismo de los tiempos de Cristina Narbona».
El Consell también mostró ayer su malestar por la decisión «unilateral» del Gobierno. Para el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, el trato del Ministerio de Medio Ambiente únicamente se puede definir como «indignante».
El conseller apuntó que el Ministerio ha actuado «sin previo conocimiento y de forma unilateral» y teniendo tan sólo en cuenta la postura de la «nueva cultura del agua» para decidir el futuro de los recursos hídricos de la Comunitat.
El responsable de Medio Ambiente calificó de «sectaria» la posición del Ministerio. García Antón recordó «el esfuerzo» que está realizando la Generalitat para «depurar y reutilizar el agua y modernizar los regadíos».
Lo más grave, según el Consell, es que el agua que se ahorra gracias a esas inversiones no se reparte de forma equitativa. «Cada vez llegan menos recursos al Vinalopó», según García Antón, y los que lo hacen son de peor calidad. En cambio, la política que se aplica en Castilla-La Mancha es diferente, explicó.
A una política de racionalización de los recursos, el Gobierno «nos paga con desprecio, con menos agua, con la problemática del Vinalopó, del Tajo-Segura y con la ausencia de agua del Ebro, mientras cada vez hay más regadíos en Aragón y Cataluña».
El secretario general del PP, Ricardo Costa, calificó la reducción del caudal del Júcar-Vinalopó de «crónica de una muerte anunciada». El dirigente popular apuntó que la decisión obedece a «intereses políticos y no técnicos». «Está en el guión», dijo Costa.
El delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, se limitó ayer a señalar que el trasvase es «un gran proyecto, por la cuantía de su inversión y por los trabajos que requiere», y remarcó que su grado de ejecución «está muy avanzado».
Sobre la reducción de los caudales del trasvase Júcar-Vinalopó, el delegado del Gobierno optó por no pronunciarse. Peralta aprovechó para hacer un llamamiento a la Generalitat para «actuar todos juntos para que el día que esté disponible esté disponible efectivamente».