La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que los planes del Tajo, Júcar y Segura aumentarán un 11% la disponibilidad de agua para la comunidad manchega. En su discurso de apertura del Debate sobre el Estado de la Región, Cospedal afirmó que «hemos iniciado una nueva etapa en materia de política hidráulica» y remarcó que «el agua no puede ser siempre el objeto de una u otra campaña electoral».
Por otra parte, el Gobierno dará luz verde este viernes, en Consejo de Ministros, a un nuevo reglamento del dominio público hidráulico que supondrá la creación de un registro central del agua. El objetivo de este nuevo reglamento es regular la actividad registral de la administración hidráulica y establecer los criterios técnicos de valoración de los daños al dominio público hidráulico en desarrollo de la legislación sobre infracciones y sanciones en materia de aguas. Entre las metas a perseguir destacan la de reordenar la organización y funcionamiento del registro de aguas; dotar de efectividad a la base central del agua, desarrollar los criterios que deben aplicarse para valorar el daño en el dominio público-hidráulico por los hechos que pudieran ser constitutivas de infracción en materia de aguas o aumentar la eficacia de la administración favoreciendo la simplificación de los procedimientos y evitando cargas administrativas.
La vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, adelantó la próxima aprobación del proyecto durante la reunión de la Comisión para la Reforma de las Administraciones (CORA), celebrada este miércoles. La Comisión, recordó, impulsa hasta 217 medidas concretas para evitar duplicidades y ahorrar costes en las distintas administraciones del Estado, de las que ya se han aprobado 129 y entre las que anunció el nuevo reglamento. El reglamento del Dominio Público Hidráulico, desarrollado actualmente en tres diferentes disposiciones jurídicas, regula, entre otras disposiciones, la seguridad de las presas, embalses y balsas del territorio español. La última modificación (2008), reconoce que «el dominio público hidráulico cumple funciones ambientales, de protección de los ecosistemas fluviales, de prevención de inundaciones y de prestación de otros servicios ambientales».
España lleva retraso desde 2009 en la adecuación de la normativa europea que fijó esa fecha para completar la estrategia de planificación hidrológica, con la elaboración de planes de gestión para todas las cuencas españolas.
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