El Gobierno de Castilla-La Mancha que preside María Dolores de Cospedal también ha presentado alegaciones al borrador del nuevo Plan Hidrológico del Júcar (PHJ). Aunque desde la Consejería de Fomento prefirieron no facilitar las alegaciones, sí confirmaron que se basarán en los argumentos expresados por la responsable del departamento, Marta García, en una reciente intervención en las cortes regionales. Entonces dijo que el Ejecutivo defenderá que los albaceteños no tengan que pagar un coste adicional por el abastecimiento de agua, una situación que tildó de «injusta» y que se deriva del plan de 1998 y del Convenio de Alarcón. También reiteró que los habitantes de la ciudad «no tienen por qué pagar ningún concepto distinto al resto de españoles». En otras palabras, se dio un apoyo expreso al mantenimiento de los impagos.

La misma estrategia, pero a la inversa, se ha adoptado por parte del Gobierno Valenciano. Desde la Conselleria de Agricultura, integrada en la de Vicepresidencia, explicaron que en las alegaciones presentadas asumen las reivindicaciones de los regantes de Usuj ante el conflicto. Concretamente, piden que se incluya en articulado del futuro plan de cuenca «la obligatoriedad del cumplimiento del Convenio de Alarcón y las sentencias del Tribunal Supremo que las interpretan».

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