A medida que se acercan las elecciones autonómicas del 2015 se eleva la temperatura del termómetro trasvasista que había estado en situación latente durante los dos últimos años en la sede estatal del PP, en la calle Génova de Madrid. A la deliberada ambigüedad del ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ayer fue una voz más que autorizada la que se mostró sin tapujos partidaria del trasvase del Ebro. Fue la número dos de los populares y presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, que en una entrevista concedida ayer a 21 medios manchegos, aseguró que es «una barbaridad» no aprovechar el agua «sobrante» de otras cuencas, «singularmente» la del Ebro.
La explícita referencia al trasvase fue acompañada de una justificada y medida declaración: «Si sobra agua, no me parece mal que la aprovechen otros, es más, me parece un disparate que no la aprovechen otros». Y añadió: «Yo no hablo en términos de si me gusta o no el trasvase, sino en términos de que yo tenga lo que necesito como región y como ciudadana para crear riqueza en mi tierra».
PARCO COMUNICADO El Gobierno de Aragón reaccionó con prontitud ante la enésima declaración partidaria de un trasvase entre cuencas, una opción que nunca se ha descartado y que va a centrar el debate en los próximos meses. Mostró su rechazo a los trasvases, aunque lo hizo con tibieza, sin aludir en ningún momento el motivo por el que emitía el comunicado y sin citar a la presidenta de Castilla La Mancha. Se remitió, como hace siempre, al mandato estatutario y a la reserva hídrica de uso exclusivo para Aragón, que también figura en el Estatuto.
De este modo, el Gobierno de Aragón confirmó ayer «su rechazo, una vez más, a cualquier trasvase del Ebro» y recordó «que es el propio Estatuto de Autonomía de Aragón el que limita cualquier transferencia».
Además de recordar que el Estatuto cuenta con el apoyo y aprobación de los dos partidos mayoritarios, y que en caso de trasvase el Ejecutivo autonómico debería emitir un informe preceptivo (que no vinculante, lo que impidiría su ejecución), el comunicado expresaba lo siguiente: «la norma autonómica obliga a los poderes públicos aragoneses, de manera explícita, a velar para evitar trasvases de las cuencas hidrográficas de las que Aragón forma parte, dentro del principio de unidad de cuenca».
RESERVA HÍDRICA El comunicado también destacó la reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hectómetros cúbicos. Esta reserva fue incluida en el Estatuto por iniciativa del PP –y muy defendida por el PAR– y en julio del pasado año fue aprobada por la Comisión del Agua, aunque su ejecución es más que dudosa ante la capacidad de almacenaje que ofrece la propia cuenca.
En el argumentario de Cospedal, que ayer hizo público aunque no es novedoso y lo comparte con otros dirigentes populares, especialmente en el Levante, se destaca que mientras haya agua suficiente para «hoy, para las necesidades futuras y para todo tipo de usos» en la tierra por la que pasa un río, el agua restante tiene que ser aprovechada por «otros».
El propio ministro Arias Cañete, que hace diez años defendía incluso con argumentos viriles el traspaso, ha insinuado en su estapa como principal responsable del Medio Ambiente, estos argumentos, aunque eludiendo la palabra trasvase. Al menos, por ahora. Está por ver cuándo lo hará explícitamente.
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