El consejero de Agricultura, Juan Cotino, se manifestó ayer en contra de la reforma de la Ley de Agua en la que trabaja el Gobierno y sostuvo que tiene «algunos puntos» con los que está «radicalmente en contra». Cotino se reunió ayer en Castellón con la Federación de Regantes de la Comunidad Valenciana y regantes de la cuenca del Ebro y calificó de «inviable» una subida del precio del agua sin que existan subvenciones de la Unión Europea para regar. El consejero sostuvo que la reforma «implicaría el incremento del precio del agua, lo que hace inviable para los regantes el poder regar sus campos», pese a que el anteproyecto ha sido variado, retrasa hasta 2010 el uso de la tasa universal sobre el agua y fija por ley que sólo subirá cada año la inflación. Aún así, el consejero dijo que aunque todavía no se ha establecido la cantidad en que podría subir el precio del agua, «en algunas zonas de Alicante y Murcia, este año ha subido más del 50%». «No se puede proponer una ley que pone sobre los hombros de los agricultores más peso del que ya tienen actualmente», señaló.

Así, vaticinó que, de aprobarse esta medida, el incremento de precios se reflejará en los consumidores, «ya que si el agricultor no tiene posibilidad de regar a un precio competitivo, al final los costes repercutirán en las cosechas y, eso se verá en el precio final del producto en los mercados».

Además, tras el encuentro hizo hincapié en que uno de los aspectos incluidos en la modificación de la ley con los que la Generalitat está «completamente» en desacuerdo es que «se quite peso específico a los regantes, que son los usuarios que mayoritariamente utilizan el agua, y se les dé a otras entidades» de las que, en cambio, reconoció que «pueden tener representación, pero no a costa de la pérdida de peso de los regantes, que son los que la usan más».

El consejero se refirió también a las propuestas efectuadas por algunos gobiernos autonómicos para «blindar» los ríos que atraviesan sus territorios con el fin de impedir el trasvase de agua a otras zonas. Así, la reforma prevé limitar los trasvases pactados entre cuencas a cinco hectómetros cúbicos. Según Juan Cotino, el río «no puede ser un bien particular de una comunidad autónoma y se debe gastar entre todos de forma solidaria».