La Unión señala que aparte de un plan de financiación insuficiente y con una dotación ridícula, con un presupuesto de auténtica miseria de apenas 36,5 millones de euros, no se conocen otras medidas emprendidas ya para paliar la más grave crisis por la que atraviesan los agricultores y ganaderos en los últimos tiempos. El plan de choque sólo se ha concretado al final en bonificar avales a nuevos préstamos, la ampliación del periodo de amortización de los préstamos para los ganaderos suscritos con anterioridad y la carencia especial de dos años para préstamos de las ayudas para la modernización y mejora de las explotaciones y a las primeras instalaciones de jóvenes. 

Por ejemplo, el sector no dispone aún de un gasóleo agrícola profesional pese a las promesas, las reducciones fiscales aprobadas han sido básicamente para adversidades climatológicas como sucede todos los años y las tarifas eléctricas son más caras ya en pleno periodo de riegos.

La Unión cuestiona el silencio y la connivencia del resto de organizaciones profesionales agrarias y cooperativas que se sientan a negociar con el Gobierno a través de numerosas reuniones que han servido para poco; ‘más preocupadas al parecer por salvar su sillón e ingresos, por salir bien en la foto, que por defender los intereses de los agricultores y ganaderos’.

La Unión destaca que el escaso apoyo mostrado desde el Gobierno Central hacia el sector agrario contrasta con el fuerte respaldo que han recibido otros sectores económicos, como los más de 13.000 millones de euros que se han asignado para las distintas fases del Plan E o los apoyos que se han dado a sectores como el automovilístico a través de distintas líneas de ayudas.

La Unión pide a las diferentes Administraciones Públicas que hagan un esfuerzo real de apoyo a las miles de explotaciones agrícolas y ganaderas que se encuentran al borde del cierre como consecuencia de una alarmante falta de rentabilidad que, además, les está llevando a un endeudamiento continuado. En este sentido, es básico que se articulen las ayudas directas que el sistema de minimis permite, tal y como ya están haciendo una parte importante de los países de la Unión Europea pero que aquí se niegan a las mismas.