En el fragor del enésimo episodio de la guerra del agua que se ha desarrollado estos días alrededor del proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, el portavoz de Compromís, Enric Morera, recriminó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que el intento castellano-manchego de acabar, primero, y limitar, después, el trasvase Tajo-Segura es consecuencia de una dinámica iniciada al introducir en la reforma del Estatuto valenciano del año 2006 la referencia al derecho a recibir recursos hídricos de otras cuencas. Morera añadió que la actitud «soberbia» del PP en este tema, desde un territorio deficitario en la materia, ha sido un desastre.

17 del Estatut d’Autonomia sea genérica e impecable en su formulación del derecho de los valencianos "a disponer del abastecimiento de agua de calidad" y a "la redistribución de los sobrantes de agua de cuencas excedentarias, atendiendo a criterios de sostenibilidad de acuerdo con la Constitución y la legislación estatal", sin duda esa mención abrió la puerta a que Aragón estableciera una reserva hídrica (de más de 6.000 hectómetros cúbicos anuales, con apoyo del PSOE y el PP, por cierto) y a que Castilla-La Mancha haya intentado, sin éxito, algo parecido. Como señala el diputado valencianista, la prepotencia es mala consejera para quien se juega intereses estratégicos, en este caso en la gestión de los ríos y sus recursos. Pero, en realidad, todo comenzó mucho antes, con la desmesurada campaña del Agua para todos y el conflicto que suscitó aquel Plan Hidrológico Nacional de Aznar que todavía hoy, de manera asombrosa, ponen los populares como ejemplo. Lo invocan, en efecto, Camps, Cotino, Clemente y Blasco como si se tratara de un modelo ideal de consenso, cuando el principal partido de la oposición lo rechazaba y puso en pie de guerra a media España (la que representan Cataluña y Aragón, por lo menos) contra la otra media por el faraónico proyecto de trasvase del Ebro.

Cuando Rodríguez Zapatero derogó el trasvase, se apaciguó el clima de revuelta en las comarcas del Ebro y se emprendió el programa Agua; el ofensivo triunfalismo del principio se convirtió en un victimismo demagógico que el PP no ha abandonado porque soliviantar a la opinión pública contribuye a mantener abiertas las heridas por las que Camps exprime el apoyo electoral mayoritario de los valencianos.

Mientras, con la política hídrica realmente existente, sus desaladoras, su trasvase Júcar-Vinalopó y sus organismos de cuenca, nunca ha faltado agua, pese a la agudización de la sequía, y puede aventurarse que la racionalidad se impone pese a la mala prensa. No así en el debate político, donde Camps y Alarte, que defienden el Tajo-Segura, se han dado codazos, mientras Barreda y Cospedal, que lo detestan, se tiraban también los trastos a la cabeza para que los partidos valencianos, las organizaciones empresariales, los regantes y tutti quanti, celebren hoy como un éxito que el Estatuto de otra comunidad se haya frustrado en el Congreso. Tiene razón Morera: ¡Qué desastre!