Todo lo referente a la crisis de la sequía en Barcelona depende directamente de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. La Moncloa ha tomado así las negociaciones con la Generalitat de Cataluña y ha apartado a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, competente en teoría para la gestión del Ebro y de la sequía.

Narbona eludió dar explicaciones públicas ante la prensa pese a que durante cuatro años no ha rehuido los medios de comunicación ni ha evitado visitar y debatir sobre el agua en zonas para ella conflictivas como Valencia o Murcia. De la Vega, diputada por Valencia, ha sido muy clara al negarse a cualquier trasvase desde el Ebro.

«No tiene nada que ver con si se producirá o no el relevo de las titulares de Medio Ambiente [Cristina Narbona] o Fomento [Magdalena Álvarez], sino con la necesidad de unificar los criterios y decisiones», señaló un miembro del Gobierno catalán, que añadió: «Aparentemente, hay tensión entre ambos ejecutivos, pero hablamos mucho más de lo que pueda parecer y las conversaciones son fluidas».

Además, los regantes del Ebro mantuvieron primero una actitud favorable a la venta de los derechos del agua, los de la margen derecha y los de la izquierda. Luego, las posturas públicas han sido diferentes: los de la izquierda lo rechazan. Pero a la reunión en Madrid acudieron representantes de ambos sectores y, en ese caso, no hubo discrepancias, según fuentes del Gobierno catalán.

Los regantes del Ebro, los de las dos orillas juntos, se reunieron la pasada semana ante la posibilidad de que haya una oferta firme del Gobierno central, interesado en adquirir el agua sobrante del minitrasvase para llevarla a Barcelona y paliar el problema de la sequía. Estos mismos regantes celebraron el martes una reunión con la Agencia Catalana de Agua (ACA) en la que, según reconocieron ambas partes, «no se habló del agua del Ebro». Los regantes entendieron que no había oferta, dijo ayer un portavoz de los de la margen derecha del Ebro, pero la Agencia Catalana del Agua creyó percibir que no había voluntad de venderla porque «posiblemente ya estaba vendida».

Fuentes del Gobierno catalán sugirieron que los regantes se habían reunido también con el Gobierno central, pero un portavoz de la Vicepresidencia lo negó de plano. «Consideramos esa posibilidad y otras, juntas y por separado, pero no ha habido una reunión con los regantes», aseguró.

Los regantes prefieren vender el agua directamente al Gobierno central porque, de hacerlo a la ACA, dependiente del Gobierno catalán, podrían tener problemas ya que los 40 hectómetros cúbicos anuales que Tarragona paga pero no consume tienen dueño: el Consorcio del Agua de Tarragona (CAT), que quizá no estuviera excesivamente de acuerdo en que los regantes cobraran dos veces. Con el que no ha hablado el Gobierno central es con el CAT.

La operación consistiría en tomar el agua concedida a los regantes y no utilizada por Tarragona y transportarla a Barcelona aprovechando las conducciones del minitrasvase, de modo que el CAT se convierte en transportista. Desde Tarragona se acomete la construcción de una tubería a través de la mediana de la autopista AP-7 hasta Gelida y, desde ahí, se enlaza con la potabilizadora de Abrera.

Para actuar en la AP-7, que actualmente explota Abertis en régimen de concesión, se necesita permiso del Ministerio de Fomento. Un portavoz de Fomento explicó ayer que todo lo relativo a la tubería de la autopista ha pasado a ser competencia de Vicepresidencia del Gobierno.