El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, sabe que la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015 contemplada en la propuesta de reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha le brinda una oportunidad para reconducir la posición de su partido en política hídrica, asunto sobre el que el PP ha cimentado buena parte de su discurso identitario y patrimonializador de la defensa de los intereses valencianos. En presencia de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, Alarte se remitió a la moción que presentó en las Corts -a favor de mantener el trasvase y en contra de los artículos que limitan las transferencias hídricas- y recordó que el PP «tuvo que votar» esa propuesta de resolución. En este pulso entre populares y socialistas en el que ambas formaciones amagan para que el desgaste lo asuma otro, Alarte apuntó que el «problema es de la señora Cospedal, el señor Camps y el señor Rajoy porque todavía no nos han explicado qué es lo que la señora Cospedal les está ordenando».
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no reveló cuál va a ser la posición del Ejecutivo y dejó flotando en el aire unas palabras multiusos que igual se pueden interpretar de una forma como en sentido contrario. En el «modelo constitucional de reforma de los Estatutos -dijo- la primera palabra la tienen los parlamentos autonómicos y la última palabra el Parlamento de la nación». Acto seguido, aprovechó para proclamar que el agua «es un bien esencial y un derecho de todos los ciudadanos» y reivindicó la labor de un Gobierno que, apuntó, «ha trabajado y garantizado que en la última legislatura nunca ha faltado agua, que todos los ciudadanos hayan abierto el grifo en esta comunidad y hayan tenido siempre agua». El Ejecutivo central ha abordado un asunto que es «complejo» desde una «perspectiva multidisciplinar, utilizando todos los medios para llevar recursos para que los ciudadanos dispongan de ese agua de la manera más autónoma posible y siempre con todas las propuestas económicas, medioambientales y socialmente viables». Esta síntesis que del clásico discurso hídrico del Gobierno alimentó especulaciones en una triple dirección.
Alguno interpretó que simplemente aprovechó para meter una cuña reivindicativa de la política hidrológica en la Comunitat y otros sacaron la conclusión de que el Gobierno está por no enmendarle la plana al presidente castellano-manchego, el socialista Barreda, y subraya que pase lo que pase garantiza el agua. Hubo quien, desde la ejecutiva de Alarte pensó lo contrario, que en este caso Madrid les hará un favor y le aplicará un lifting acuático a la reforma estatutaria.