En 1991, cuando el socialista Josep Borrell presentó su plan hidrológico -trasvases entre todas las cuencas-, recomendó no hablar de trasvases, sino de transferencias de agua. La palabra ya estaba maldita. Nada ha cambiado. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega negó ayer que el Gobierno central prepare un trasvase del Ebro a Barcelona como solución de emergencia para evitar restricciones en el consumo de agua: «No habrá ningún tipo de trasvase». Lo hizo tras el primer Consejo de Ministros y después de reunirse con el presidente catalán, José Montilla, y la titular de Agricultura y Medio Ambiente, Elena Espinosa. Ambas presentaron a Montilla la opción del Gobierno de enviar agua del Ebro a Barcelona mediante una tubería paralela a la autopista AP-7 y le garantizaron que el agua llegará a tiempo. La instalación no será desmontada. Montilla logró convencer a ICV de que era un despilfarro eliminar una obra cuyo coste superará ampliamente los 100 millones de euros.
El presidente valenciano anuncia movilizaciones contra el trasvase
«La solución está muy próxima», dijo De la Vega. Se hará oficial hoy en una nueva cita en Barcelona. El Gobierno huye de la palabra trasvase y lo llama «banco público de agua», ya que comprará el agua a dos comunidades de regantes de Tarragona que tienen una concesión de agua del Ebro. El caudal que vierte el río al mar será teóricamente el mismo. Los regantes ya han vendido el agua al Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT): 120 hectómetros cúbicos. De ellos, el CAT consume unos 80. Los que irían a Barcelona son los 40 restantes, así que no hay nueva extracción de agua del río. La fórmula no es nueva: los regantes de Murcia han pagado 5,7 millones de euros a regantes de Madrid por 31 hectómetros cúbicos de agua, lo que recibiría Barcelona en 10 meses con la nueva tubería. Por eso De la Vega declaró: «No hemos optado por el trasvase, sino por lo mismo que en otros territorios».
Esa tubería, los barcos de agua desde Tarragona, Marsella o Almería (opción más cara, pero no contestada) y los pozos recuperados permitirán evitar las restricciones en Barcelona. La medida necesita un decreto ley de intercambio de agua entre cuencas.
El trasvase del Ebro a Barcelona fue considerado por el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps (PP), «una humillación» para esa comunidad. Camps, que ha mantenido viva la guerra del agua desde la derogación del trasvase del Ebro, anunció manifestaciones para lograr que los excedentes de este río lleguen a su comunidad. «No voy a admitir la humillación que significaría que lo que no se permite para nosotros se permita para otros territorios de España», declaró. Camps prevé reunirse con el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y el líder del PP andaluz, Javier Arenas, en los próximos días para coordinar actuaciones de protesta contra la decisión del Gobierno. Para ellos, la fórmula elegida es un trasvase del Ebro encubierto.
El derogado plan del PP ya incluía un trasvase del Ebro a Barcelona, pero permanente y mucho mayor. Tras su derogación, Murcia pidió al Gobierno que le dejase construir una tubería desde el Ebro para comprar agua a los regantes de Aragón. Recibió una negativa. El presidente de la gestora de los socialistas valencianos, Joan Lerma, afirmó que la fórmula no supone sacar ni un litro más de agua del Ebro. Lerma recordó que hace dos años el Gobierno socialista actuó de manera similar y compró agua del Júcar a los regantes de Castilla-La Mancha para abastecer el área metropolitana de Valencia a través del canal Júcar-Turia.
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