Buscaba el último atajo ante los muros de Zapatero para destrabar los apellidos del ATC, finiquitar la negociación con Areva por los residuos que deben volver de Francia desde enero de 2011 si no quiere pagar 60.000 euros diarios y hacerlo, además, sin ultimar los jirones del Pacto de Estado con el PP, ni las líneas rojas con las que Fernández Vara, Montilla y Barreda rechazan el Almacén Temporal Centralizado de Residuos. Tras seis años de demora, las promesas de Moncloa de avalar una decisión en julio y acatar la decisión técnica de la Comisión Interministerial ya no dejaban en los calendarios de Sebastián mucho más margen para el olvido. Con el ‘no’ a Zarra, el ministro digiere la nueva moratoria de Moncloa, pero ha conseguido abrirle la ‘caja de pandora’ de los residuos. Lo hace además con sus propias ‘armas’: si la vicepresidenta pliega su voluntad y se acoge a la victoria técnica de Zarra, será a contrapié de sus compañeros de partido.
Si deja sitio a vetos autonómicos, tendría que considerar la voluntad política de los ‘barones’ del PSOE y su decisión final sólo puede apuntar a Zarra, o a Ascó -a ser posible después de noviembre-. La de los residuos nucleares es sólo la más reciente de las batallas energéticas que divorcian a Zapatero, Sebastián y su Secretario de Estado de Energía, Pedro Marín. El coro de voces disonantes acuna los vaivenes en las decisiones energéticas del Ejecutivo con una mano en Moncloa, otra en Castellana 160 y una tercera en Ferraz. Y el diálogo para sordos impone, en cadena, decisiones contradictorias.
Zapatero impuso la marcha atrás en el recorte retroactivo a las primas renovables que Sebastián cocinó durante tres meses; las presiones de las CCAA socialistas influyeron para la amnistía de facto en la fotovoltaica confesa de fraude con el Real Decreto de Transitividad; Marín presiona ante Bruselas por el Real Decreto de consumo del carbón autóctono del que Miguel Sebastián no quiere ni oír hablar ya y no encuentran la brújula de las decisiones del déficit de tarifa. El ministro creía tener despejada la primera incógnita de su ecuación energética, con la contención del déficit eléctrico (para empezar con la subida de tarifas eléctricas) y el recorte de costes del sistema. La misma opción que la desautorización de Zapatero le ha obligado a ir desmontando en julio y a ir reconstruyendo, de nuevo, pieza a pieza.
Desde el Decreto de su convocatoria el 23 de diciembre de 2009, el Ministerio preveía para el ATC enviar en julio de 2010 un primer informe preeliminar y haber resuelto su ubicación como muy tarde en los primeros viernes de septiembre. Hasta tal punto que el 24 de junio la comisión interministerial encargada de la selección del emplazamiento (con representantes de Industria, Presidencia, Interior, Medio Ambiente, Sanidad, Economía y Ciencia) fue convocada y desconvocada de urgencia. Y pocas horas antes del anuncio de Pacto de Estado entre PP y PSOE, en junio, un portavoz del Ministerio adelantaba que la selección de candidaturas estaba casi ultimada y la decisión final se adoptaría en un consejo de ministros antes de vacaciones. No fue así. En Moncloa confiaban en poder demorar la decisión de nuevo, al menos lo justo para no tener que sacar tan pronto de las quinielas a Ascó, antes de los comicios de noviembre.
Pero después de casi cuatro años de retrasos desde las iniciativas originales de Montilla, de seis años desde que en diciembre de 2004 el Congreso aprobó desarrollar los criterios para construir un ATC en España, esta vez Miguel Sebastián no estaba dispuesto a nuevas moratorias en el ATC. Menos aún ahora que los retazos de su sintonía energética con Montoro, los silencios a medias de Camps -el único presidente autonómico del PP que no se opuso hasta ahora frontalmente al almacén-, el interés del vicepresidente tercero valenciano, Juan Cotino -parte de los terrenos de Zarra pertenecían a una empresa de su familia- y el rechazo de Montilla y Barreda a las candidaturas de Ascó y Yebra (las otras dos favoritas) parecían despejar todos los caminos al ATC en Zarra.
LA ‘MALDICIÓN’ DEL ATC, OTRA VEZ SOBRE EL MINISTRO
De la Vega y Moncloa sabían que desde más de hacía un mes el informe interministerial estaba a punto y que Zarra y Ascó estaban en cabeza, casi con Yebra y Villar a la misma altura, aunque la comisión interministerial evitó cualquier filtración para que el Consejo de Ministros eligiera al candidato definitivo: el informe no pasó ni por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos ni por la de subsecretarios y no fue hasta el viernes 17 cuando Marín y Sebastián -por cierto, con diferentes interlocutores y mensajes- comunicaron formalmente, antes del Consejo de Ministros a José María Barreda su ‘alivio’ ante el municipio de Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas (Cuenca),y a vicepresidente valenciano sus ‘opciones’ preferentes.
Sebastián topa de nuevo con los muros atómicos de De la Vega. Y los electorales. Ya lo hizo en junio de 2009, cuando la vicepresidenta en persona asumió el anuncio de la decisión del cierre de Garoña en 2013, en contra del criterio público del ministro y del informe técnico del CSN. Y lo hace ahora que Manuel Chaves y los socialistas valencianos le encienden las luces rojas. La vicepresidenta se aferra a que la Comisión aprobó un informe elaborado por el Gobierno -el Comité Asesor Técnico, compuesto por profesores de Universidad, no había dado puntuaciones ni listas en su dictamen previo- en el que se concluía que había cuatro candidatos posibles con «escasas diferencias» entre ellos: Zarra, Ascó (Tarragona), Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas (Cuenca). Aunque remite al próximo Consejo de Ministros del 25 de septiembre, el ‘tentetieso’ de De la vega retrasa ‘sine die’ la decisión sobre el ATC. Sabe que, llegue cuando llegue, la decisión dejará a Zapatero abocado sin remedio a algo más que un mal trago: si reniega del ranking elaborado por el informe técnico de la comisión interministerial tendrá que asumir las decisiones como políticas.
No es la primera de las sorpresas que el ministro le sirve a Zapatero en la bandeja del ATC, aunque esta vez sea cocinada con la cooperación -al menos el consenso previo bajo la mesa- con Montoro. A cambio de sacar de la ‘nevera’ de Moncloa la convocatoria del silo nuclear, Industria había aceptado ante Zapatero condicionar su licitación, a medida de las CCAA, ya sabía que ni Extremadura ni Castilla la Mancha ni Cataluña aceptaban apadrinar el primer cementerio atómico nacional, pero no quería ponerlo difícil y se la jugó a Ferraz y Moncloa: la literalidad de su convocatoria inicial sólo exigía el visto bueno del municipio, aunque decidiera el Consejo de Ministros. Tuvo después que rectificar -otra vez ante el aviso de de la Vega- y asumir que en el procedimiento debía contar con un margen para el consenso político. Un margen que no quedó jurídicamente demarcado. Industria insiste en que las CCAA no tienen ninguna opción de bloquear la selección, bastaba con dar audiencia a las autonomías durante la tramitación. Ya la justicia desestimó el intento de la Junta de Castilla-La Mancha de paralizar el almacén nuclear de Trillo. El Ejecutivo advirtió desde abril que podía hacer valer la declaración como proyecto de interés nacional para impedir cualquier tipo de boicot político, por ejemplo con informes urbanísticos desfavorables. Pero Moncloa reconocía la primacía -en el tiempo y en los criterios- de la Comisión técnica interministerial que ahora vuelve a cuestionar, al calor de lo que De la Vega llama un “informe jurídico” en proceso, para abordar las competencias de las CCAA y las localidades vecinas, entre otras cuestiones de forma.
Si pliega la voluntad de De la Vega y se acoge a la victoria de Zarra, será a contrapié de sus compañeros de partido. Ya ha levantado las lanzas de Jorge Alarte, secretario general de los socialistas valencianos, que revive las observaciones remitidas al Ministerio de Industria a raíz de la candidatura de Zarra y pide considerar la “posible afección” de los espacios naturales y de los hábitats de conservación prioritaria de la zona para que Industria descartase su candidatura y ha hecho valer ya las presiones con el vicepresidente tercero, Manuel Chaves. Si Moncloa tiene en cuenta la voluntad política de los barones del PSOE, su decisión final sólo puede apuntar a Zarra, o a Ascó -a ser posible después de noviembre-. Los barones socialistas llevaban meses desafiando al Ejecutivo y a Ferraz. Barreda criticó que negociara con pueblos candidatos de su región a sus espaldas; Óscar López, el responsable socialista de Castilla y León, conoció casi a la vez que la prensa que había convencido a alcaldes del PSOE para que optaran al almacén; Montilla insistió en que no se lo podían colocar en Tarragona meses antes de las autonómicas, y Fernández Vara amenazó con dimitir si iba a su territorio. Y, aunque ahora la Generalitat asegura que Industria le prometió que Ascó no sería la elegida, la opción catalana retomará fuerza con cada semana de demora en la decisión. Al fin y al cabo, ni el PSC ni CiU han incluido en sus programas electorales recién aprobados un rechazo al almacén nuclear.
Sólo Ascó y Yebra tienen apoyo de AMAC, sintonía previa con Enresa, experiencia y proximidad nuclear. Los 650 camiones cargados de residuos nucleares que debería recibir el ATC sólo en los primeros veinte años de vida se podrían reducir a la quinta parte si el traslado de las 6.700 toneladas se hiciera por ferrocarril. Una opción que hoy sólo Ascó tiene a mano. Ascó está más cerca del mar, por lo que sería más accesible para transportes desde el extranjero. La propuesta catalana tiene, además, cuatro centrales a su vera (tres activas y una en proceso de desmantelamiento), mientras que la castellano-manchega solo tiene dos (una activa y una pendiente de iniciar el desmantelamiento). De otro lado, Yebra es más céntrica en España, por lo que los desplazamientos desde Garoña (Burgos) o Almaraz (Cáceres), las principales fuentes de residuos en los próximos años serían más cortos. Con ATC o sin él casi la mitad de los residuos del parque nuclear español se quedará en Cataluña (en su territorio hay cuatro plantas), y además hay que transportar desde Francia los residuos de Vandellós I. Montilla – aunque ministro de Industria emitió un pliego de condiciones para que los ayuntamientos pudieran burlar el rechazo de las comunidades autónomas- pide que se ubique fuera de Cataluña el ATC (ya acoge tres reactores) pero ni la Generalitat ni CiU sancionarán directamente a los alcaldes catalanes que se han lanzado en la carrera nuclear.
CHISPAS EN TODAS LAS ARISTAS NUCLEARES
Industria buscó horadar la cerrazón del Congreso de los Diputados y, al menos, despertar el debate sobre la vida útil del parque nuclear español más allá de los cuarenta años. Desde Castellana 160, Ferraz y el Grupo Socialista intentaban arañarle a Zapatero algún gesto que dejara abierta la puerta a una ‘tercera vía nuclear’ en el mix a 25 años. Primero, en solitario, después con las lanzas del supuesto pacto de Estado con el PP. Al fin y al cabo, Garoña y el peso nuclear en el mix eran el primer ‘plato’ de un menú para el diálogo que Montoro puso a la mesa de Sebastián en junio. Desde el inicio en 2009 del debate público sobre la renovación de Garoña, el peso de la energía atómica en el mix y la vida útil de las ocho centrales del parque español, hace ahora más de dos años, ni en el Ministerio, ni en Ferraz era ya tabú incluso la posibilidad de nuevos reactores en el medio plazo. Industria llegó a pedir. Luego, Sebastián trató de canjearlos, al menos, por la ampliación de la vida útil hasta los sesenta, a imagen y semejanza de EE UU. Ahora, tanto Industria como el grupo socialista han empezado a asumir que ni lo uno, ni lo otro.
Sebastián ha mirado al estirón en 12 años de la vida útil del parque nuclear alemán, pero también a la ‘compensación’ de más de 18.000 millones de euros que Merkel les cobrará en la próxima década a las propietarias de las centrales, en parte para impulsar la transición renovable, en parte en concepto de combustible y prórroga de los reactores atómicos. Lo justo, también, como para despertar, de nuevo, todos los recelos de Moncloa y de Ferraz. El Congreso se ha encargado de rechazar la salida del ‘pool’ y nuevas tasas nucleares; la Subcomisión de Industria, de retrasar el debate sobre la prórroga a los ocho reactores al menos hasta 2015; el Plan de Acción de Energías Renovables 2020 descuenta ya la capacidad de generación de Garoña desde 2013 e Industria empieza a estirar las condiciones del Reindus para compensar su cierre.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya estaba preparado incluso para emitir un nuevo informe y reevaluar las condiciones de una prórroga a la central de Garoña. Pero el ministro, después de más de dos meses en los que sostenía que todo era negociable con Génova, ya sólo repite un mantra: “mirar hacia adelante”, un propósito en el que ya no tiene ojos para Garoña. De hecho, el Paner 2011-2020 prevé un aumento de la generación de fuentes nucleares de hasta un 5% en el horizonte de 2020, pero no será gracias a la potencia instalada, sino a los avances tecnológicos. La nuclear aumentará más de un 5% su papel en la producción, aunque reducirá su potencia instalada en un porcentaje similar, un 5,8%, hasta los 7.256 MW, dando por descontada la aportación de la central de Garoña.
Moncloa no se ha definido sobre un modelo de residuos europeos, ni menos aún objetivos mínimos comunes para los Veintisiete como esperaba el Comisario Oettinger. Gana tiempo con el nuevo techo de cristal para las centrales -40 años de vida útil-, que sólo consuma el horizonte ya de hecho de la vida técnica. Nada que no se pueda estirar con otra prórroga. Pero nada, también que no vaya a quedar por primera vez en manos del Gobierno, de espaldas a las decisiones del CSN. El presidente de la Subcomisión de Industria del Congreso de los Diputados, Antonio Cuevas, ya había perdido la sintonía con Moncloa desde los primeros tiempos del ‘affaire Garoña’, hace más de un año: no era partidario del cierre de la central burgalesa, ni la exclusión progresiva de la nuclear del mix energético español. De hecho, desde la Subcomisión aspiraban a resucitar una tercera vía nuclear para reducir una tasa de emisiones de CO2 que creció un 40% en los últimos veinte años. Pero en el cierre de sesiones antes de septiembre, los esfuerzos para derribar el inmovilismo atómico de Moncloa le duraron en pie menos de 48 horas en la mesa de las propuestas oficiales.
En uno de los documentos que este organismo manejaba se recogía la necesidad de que en el 2035 sigan operativas las centrales nucleares actualmente existentes, lo que implicaría alargar su vida más allá de los cuarenta años. Pero en el documento definitivo hasta ahora, que pasará a debate en septiembre, decidía aplazar la decisión sobre las prórrogas a la vida útil de las centrales nucleares hasta 2015 (no será hasta 2020 cuando cumplan 40 años los reactores ya instalados) y apostar por que todo el sector energético y no sólo el eléctrico pague el coste de las renovables.
AREVA SACA PARTIDO
Mientras Moncloa para los relojes del Almacén Temporal Centralizado, Areva buscará de nuevo ventajas en las incertidumbres españolas. No es la presidenta del Foro de la Industria Nuclear Española, María Teresa Domínguez, la única que considera «ilógico» y «poco razonable» que España esté dispuesta a pagar a Francia «una multa» de 60.000 euros diarios desde el año que viene por guardar unos residuos radiactivos que no son peligrosos y que pueden almacenarse cerca de las centrales. Ni las prisas para licitar ahora el ATC y poder fijar una fecha para el retorno de los 679 metros cúbicos de alta y media radioactividad procedentes de la desmantelada Vandellòs I que están en Francia y cuyo contrato finaliza el 31 de diciembre de 2010 llegarán ya a tiempo. El Ministerio lo ha admitido en la última Convención Conjunta Internacional sobre seguridad en la gestión de residuos: no habrá Almacén Centralizado en 2012, como muy pronto, 2014, aunque se adjudique ya. Construir el ATC (inicialmente previsto para estar operativo el 1 de enero de 2011) lleva, al menos, cuatro años.
Vandellòs II, a día de hoy, todavía tiene margen para almacenar sus propios residuos de alta y media actividad, ya que tiene un 45% de sus piscinas libres -estima llenarlas entorno a 2020–. Sin embargo, los titulares de la central, la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), ya se han adelantado a cualquier sugerencia por parte del Estado rechazando los residuos de la central ‘ex vecina’ Vandellòs I. El contrato con Areva expira en tres meses, pero en Industria saben que será más duro negociar su prórroga necesaria sin haber ni siquiera iniciado el proceso para construir el ATC, en plena oferta francesa de un intercambio de residuos nucleares. Como adelantaba ya en mayo el diario El País, Areva ofrece “devolver al silo atómico desechos más radiactivos que los de Vandellòs I pero en menor cantidad”. O vuelve una gran cantidad de residuos de media actividad o una mucho menor de desechos franceses activos durante miles de años. En ese caso, Francia exigiría más dinero al considerar que España se ahorraría millones en el transporte. En todo caso le servirá para compensar los problemas ‘domésticos’ con los residuos de alta generación. El ATC en Zarra sería más rápido en su construcción, pero no impide los ATI catalanes de inevitable construcción y estaría más distante de los residuos almacenados en Francia, para ventaja de la empresa nuclear paraestatal gala y de su opción de menos residuos de más alta intensidad.
VAIVENES EN LA ECUACION ENERGÉTICA AL RITMO DE ZAPATERO
A contrapié de los planes de Sebastián y Marín, el Presidente se lo pensó dos veces, no sólo porque las patronales renovables le advirtieron que con los recortes retroactivos al menos la mitad de los 10.000 millones prestados por cajas y bancos derivarían en insolvencias. Obama amenazaba con represalias recíprocas a las inversiones ‘verdes’ españolas en EE UU si las suyas corren peligro. Por eso, a la vista de la reacción de los fondos de inversión internacionales, el Zapatero llamó nada menos que al vicepresidente de la Fundación Ideas, Jesús Caldera (antagonista energético con Sebastián desde su estudio Un nuevo modelo energético para España) en mayo para intervenir en el ‘cisma’ entre Industria y las asociaciones renovables -las fotovoltaicas en particular- y le impuso nuevas líneas rojas al reajuste. Hasta tal punto que, en lugar de los 1.000 millones de euros de ahorro en primas a régimen especial en tres años (supondría un 40% respecto a las primas que las fotovoltaicas recibieron el año pasado) que el propio ministro se propuso como horizonte en el nuevo modelo energético aún a debate, por ahora sólo hay 100 asegurados.
En los mapas de Castellana 160 se impone -avisaba el documento “Elementos para un acuerdo sobre política energética hasta 2020”- un “recorte razonable”, si no quiere desembolsar 126.000 millones de retribuciones sólo para instalaciones en funcionamiento en 25 años. Industria, en el documento- marco para el Pacto de Estado considera que “las rentabilidades elevadas” han provocado “efectos burbuja, como el de la fotovoltaica en 2008 y la incipiente termosolar (que habría proseguido en 2010 y sucesivos de no haber sido por el pre-registro), así como un fuerte aumento de los sobrecostes del sistema”. El ministro planteó fue la aplicación de medidas retroactivas para las plantas existentes o la práctica paralización de las que se encuentran en el prerregistro para acabar ‘pariendo un ratón’, el del acuerdo con la eólica y la termosolar que, en todo caso, además, ya estaba ultimado antes de publicitar el Pacto con el PP. Barreda y Vara se rebelaron ante Zapatero: concentran el 90% de la termosolar que Industria planeaba sextuplicar en 4 años, hay 500 millones de euros en riesgo. Ahora, sólo las instalaciones que entraron en funcionamiento con posterioridad a 2008 sufrirán la rebaja de la prima en un 35% y el tope fijado para las horas con derecho a una retribución por encima del precio de mercado, tanto en eólicas como en termosolares, es muy alto.
La rebaja del 35% a las eólicas tan sólo afecta al 16% de la potencia instalada, con lo que las propias eléctricas cifran el recorte de las primas entre apenas 2,4 millones de euros al año y 50 millones frente a un total de 500 millones previstos inicialmente, según adelantaba Cinco Días. En conjunto, entre la eólica y la termosolar, unos 100 millones de ahorro en cuatro años, un techo que hasta la CNE califica de “muy limitado”. Con la fotovoltaica, industria planea un recorte del 45% de las primas para las instalaciones de suelo, un 25% para las de techo de mayor dimensión y 5% para las más pequeñas; limita a 25 años las primas, pero no aclara si se recortan también las que cobrarán las instalaciones ya en marcha y a pesar de que Industria decretado la supresión de la concesión de primas a las instalaciones que el 29 de septiembre de 2008 no dispusieran de todos los paneles fotovoltaicos comprometidos en su proyecto y de que un 15% de las instalaciones están bajo inspección (hasta 800 Mw según las patronales) la ‘amnistía para los confesos’ les permitirá la posibilidad de renuncia al régimen económico del Real Decreto 661/2007 sin sanciones.
DÉFICIT Y TARIFAS ELÉCTRICAS, SIN SINTONÏA
Menos aún ha ‘visto la luz’ la sintonía entre Moncloa, Industria y la Subcomisión del Congreso en torno al déficit de la tarifa eléctrica, por más que Miguel Sebastián y Cristóbal Montoro juraban que iban a hacer de la congelación de la subida de la TUR el 1 de julio y del consenso futuro la bisagra de su Pacto de Estado. Desde junio, las negociaciones con Génova le sirvieron de parapeto a Sebastián para cumplir los consejos inmovilistas de Moncloa hacia la tarifa eléctrica. Aún a costa de deshacer sus propios pasos, para lograr en julio que la tarifa final no subiera, Industria tuvo que pertrecharse en piruetas de artificio: bajar los peajes de acceso un 3% (en lugar de subirlos el 10% que había propuesto apenas un mes antes a la CNE) para poder mantener la subida del precio de la energía (el 4,2%) determinado en la subasta Cesur del 23 de junio – la que determina la tarifa de último recurso (TUR) con la que los 22 millones de consumidores domésticos pagan el coste de la energía- que el ministerio no puede eliminar legalmente. Una ‘carambola’ escapista que no será tan fácil de reeditar de nuevo.
Ahora ya sabe, a la luz del informe de la CNE, que cada día de ‘tiempo muerto’ con o sin el PP suma para el sistema eléctrico más de 10 millones de euros de un déficit que ya rebasó este año en 2.500 millones sus propias líneas rojas. En Castellana 160 empiezan a abogar ante Moncloa por una subida pequeña, para cambiar tendencia, aunque los analistas de Nomura les advierten que el Gobierno debería elevar el precio de la luz al menos un 3% antes de que acabe el año y un 15% en 2011 para que salgan las cuentas y que el déficit de tarifa engorde ‘sólo’ otros 2.000 millones el próximo año. Y Sebastián ya está dispuesto a pedir a la banca mucho más dinero del previsto para tapar el ‘agujero’ del déficit de tarifa, ha decidido subir la titulización eléctrica a 25.000 millones de euros (frente a los 19.000 iniciales). Nada que haya sintonizado los planes ni los mensajes de Moncloa, el ministro y sus segundos.
Mientras la orden ministerial abogaba por mantener una congelación de los peajes de acceso y reconocer sólo una subida mínima, impulsada por la subasta Cesur, el Secretario de Estado, Pedro Marín, anunciaba -ante el silencio de Sebastián- una subida de las TUR con un pacto con el Partido Popular, que no tardaba ni dos horas en ser desmentido por el secretario de Economía y Empleo del PP, Álvaro Nadal. Hoy, a una semana de la siguiente revisión, en Moncloa aún siguen buscando al responsable del envío desde el Ministerio, junto a la propuestapara la CNE de orden ministerial de las tarifas de acceso a las redes eléctricas para el último trimestre, un documento interno contradictoria con la propuesta de no subir la tarifa, en el que Industria reconocía que, en realidad serían necesario en el cuatro trimestre de 2010 un incremento de entre un 40% y un 56% en todas las tarifas si se recogieran los extracostes del régimen especial o el coste de la distribución, que sobrepasarían el límite de déficit de tarifa de 3.000 millones de euros este año.
DESENCUENTROS TAMBIÉN PARLAMENTARIOS
La ‘tormenta’ de las renovables, el debate desde Moncloa sobre la contención de primas, las batallas de los residuos nucleares y las urgencias por definir una cuadratura del círculo del modelo ‘verde’ con el déficit de tarifa eléctrica han cogido también con el pie cambiado a la Comisión de Industria y Energía del Congreso de los Diputados. Los grupos pretendían comprometer al Gobierno para que remita al Congreso un informe que le vincule de alguna manera a las conclusiones que finalmente se aprueben en septiembre. Pero el ministro se ha hecho con las cartas con las que la Subcomisión intentaba resolver la ecuación de un nuevo mix hasta 2035, la misma que lleva anunciando el Ministerio desde 2006. Después de siete meses de trabajo, ya en junio Sebastián les dejaba claro que quería partir de cero e imponer, bajo sus riendas, un modelo de diálogo bilateral, grupo a grupo y que, con o sin pacto de Estado, sería la palabra del Ministro la que definiera -con la venia de Zapatero- las líneas maestras del Paner y el nuevo modelo energético a 20 años.
Hoy no hay ni rastro de la prometida Ley de Energías Renovables. Para la Subcomisión, no es necesario que España supere el objetivo europeo de que las energías verdes aporten el 20% del consumo final de energía. Pero el Gobierno, en sus propuestas, fija que las renovables cubrirán en 2020 el 22,7% tras duplicar su producción respecto a 2009. En lo que va de año Industria ha modificado su propuesta de mix tres veces y todavía se anuncian nuevos cambios para diciembre en el PER. Entre el avance comunicado a Bruselas en enero, el mix de Zurbano de marzo, el PANER de junio y la propuesta de la Subcomisión, el objetivo de renovables para 2020 se ha reducido de 74.547 a 64.441 MW y su cuota global baja del 22,7% al 20,8%; de la misma manera, la participación de las renovables en el balance eléctrico baja del 42,7% al 35,5%, mientras el gas natural crece del 29,2% al 37,8%. En las filas del socialista Cuevas no ha caído bien la ‘subida controlada’ de la factura eléctrica, con los peajes congelados, a pesar de que el Congreso de los Diputados rechazó el 14 de septiembre la propuesta del PP para congelar una vez más la tarifa. Y aunque el pleno del Congreso rechazó sacar del ‘pool’ eléctrico a las hidroeléctricas y nucleares con los votos de PP, PSOE, CIU y PNV, Industria sigue tanteando tasas bajo la mesa de las eléctricas.