La pésima situación de la cuenca del Júcar y la demostración más evidente del fracaso de la planificación de este río, que se elaboró en 1998, con la participación de las administraciones de Castilla–La Mancha y de la Comunidad Valenciana, además de las comunidades de regantes de esas dos autonomías, ha quedado de manifiesto durante este mes de abril, en plena primavera, cuando aún no se deberían intensificar las extracciones para regadío. La aparición del cauce seco a lo largo de varios kilómetros, aunque se haya intentado confundir a la opinión pública con el argumento de que había agua bajo las rocas o que los peces se habían “refugiado” junto a la presa de Alarcón, no puede ser calificado nada más que como un delito ecológico, donde los cómplices de este delito van desde las administraciones responsables de la gestión del río, a los regantes que llevan décadas sobreexplotando el acuífero y que han ido haciendo desaparecer, uno tras otro, fuentes, manantiales y arroyos. El acuífero, no solo ha dejado de manar a la superficie, aportando al río más caudal, sino que ahora, convertido en una esponja insaciable, se traga el río a través de su propio lecho.

Los datos son tozudos y está claro que no se pueden sacar cada año más de cuatrocientos hectómetros cúbicos, cuando la recarga apenas sobrepasa los doscientos cincuenta, y en los últimos cuatro años ni siquiera ha llegado a doscientos. Pero esas eran las cuentas con las que hicieron el Plan de Cuenca del Júcar hace diez años, con la denuncia de las organizaciones ecologistas que ya anunciaban que al final todos pagaríamos las consecuencias de aquel despropósito.

Las fotos de la desecación del río en los términos de Albacete y Motilleja saltaron a las páginas de todos los medios de comunicación cuando Ecologistas en Acción lo denunció públicamente; sin embargo tanto la Confederación Hidrográfica, como el Ayuntamiento de Albacete y la Junta central de Regantes de la Mancha Oriental lo sabían desde el mismo momento que ocurrió, el domingo 6 de abril, pero intentaron mantenerlo oculto, confiando en que los desembalses de Alarcón en los días siguientes pudieran disimular lo que entendemos ha sido un delito ecológico.

Por esa razón, el pasado 17 de abril de 2008 pusimos en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Albacete, para que se investigue quién o quienes son los responsables de que el Júcar se hay secado y se actúe como manda la Ley. No puede hacerse creer a los ciudadanos que la gestión del río y de los acuíferos es la adecuada cuando no hay agua en los cauces y cuando las aguas subterráneas no pueden dar de beber a los habitantes de toda la provincia porque la sobreexplotación y la contaminación las ha dejado al límite de su capacidad.