El coordinador general de Izquierda Unida (IU) en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, ha afirmado que el Real Decreto que regula el trasvase Tajo-Segura aprobado recientemente condena al río «a un estado de semi-sequía continua».
En declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a las ferias de San Mateo de Talavera, Martínez ha asegurado que este decreto garantiza que siempre se esté trasvasando agua y que la que circule por los ríos o esté embalsada sea «la mínima».
Martínez no ha dado por cerrada la planificación hídrica de Castilla-La Mancha, a pesar de que, en su opinión, la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, se ha entregado a los intereses de Levante y del exministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete.
Seguir trabajando
«No nos vamos a conformar ni a resignar, sino a seguir trabajando por la sostenibilidad de nuestros ríos y por una política hídrica adecuada a la economía y la sociedad de esta región», ha señalado.
Por otro lado, Martínez ha pedido a los ciudadanos que no se dejen engañar por «discursos electoralistas» y que rechacen las rebajas fiscales que propone el PP porque, a su juicio, solo van a beneficiar a los que más tienen porque son los que van a pagar menos.
Según IU, la rebaja del IRPF supondrá dejar de ingresar 200 millones de euros en Castilla-La Mancha para el próximo año, lo que condenará a esta región a «una tremenda ruina social».
Perdonar dinero a los ricos
Martínez ha creído que no se puede perdonar dinero a los más ricos cuando no lo hay para becas y para abrir comedores escolares o cuando se cierran camas de hospitales y se está echando a gente de sus casas porque no tienen para pagar la hipoteca.
En este sentido, ha recordado que en Castilla-La Mancha hay 137.000 niños por debajo del umbral de la pobreza y ha agregado que «lo que hace falta es que los ricos paguen más a las arcas públicas para poder afrontar medidas sociales y de creación de empleo».
Para IU, las reformas del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la presidenta regional son «un ataque más al estado del bienestar y a los derechos sociales de los ciudadanos».
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