José Sierra | valencia Dos enmiendas introducidas por el Partido Popular en el texto de la ley de Evaluación Ambiental remitido al Senado, que incluye en su articulado el Memorándum sobre el Tajo-Segura, permitirán que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente autorice transferencias de agua entre particulares, instituciones, empresas o comunidades de regantes situados en distintas cuencas hidrográficas sin debate previo y sin necesidad de contar con el beneplácito de las comunidades autónomas afectadas.
Los cambios que se derivan de estas enmiendas no suponen en ningún caso la autorización para construir físicamente las tuberías o canales necesarios para un trasvase, pendientes de ejecución en el caso del Ebro, pero otorgan plenos poderes a la Dirección General del Agua del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, eliminan los controles y garantías que hacían prácticamente imposible transferir agua desde una cuenca hidrográfica a otra salvo en situaciones excepcionales.
Según se desprende del informe jurídico elaborado por la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA), SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción y la Red del Tajo, a partir de ahora es posible que una empresa privada solicite la autorización de un proyecto de tubería o «autopista del agua», según la terminología utilizada por el ministro Miguel Arias Cañete, para llevar agua desde una cuenca a otra cobrando un peaje.
La Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente sería la responsable de dar las autorizaciones para estos trasvases entre cuencas como la del Ebro y el Júcar «sin trámite legislativo ni debate alguno», se asegura en el informe.
Las dos enmiendas, introducidas en un anexoel Memorándum del Tajo-Segura y en un ley ajena a la legislación hídrica ley de Evaluación Ambiental , suponen en la práctica una modificación sustancial de la Ley de Aguas y de la Ley del Plan Hidrológico Nacional aunque el método empleado ha impedido el gran debate político que sin duda habrá suscitado la decisión.
La enmienda 306 presentada por el Partido Popular deja en manos de la Dirección General del Agua en el futuro podría ser sustituida por una Agencia Nacional del Agua con amplios poderes la cesión de derechos que implique el uso de infraestructuras que interconectan territorios de distintos Planes Hidrológicos de cuenca. «Esta autorización conlleva la de uso de las infraestructuras de interconexión», matiza la enmienda. Es decir, la dirección general podría autorizar un trasvase desde el Júcar al Seguratécnicamente es posible hacerlo desde el pantano de Alarcón sin necesidad de una nueva ley de Aguas, de una ley específica que regule el trasvase como la existente para el Tajo-Segura, y sin un nuevo Plan Hidrológico Nacional.
La otra enmienda, la 307, comienza hablando de «transparencia» y de hacer públicos los datos sobre los caudales aportados al trasvase Tajo-Segura. Sin embargo, aprovecha para dar a la dirección general plenos poderes para fijar en cualquier trasvase el volumen de agua que se puede enviar y establecer también un tope para los desembalses mensuales realizados por la cuenca cedente para el consumo de sus usuarios, una atribución que hoy tienen las confederaciones hidrográficas donde están representadas las comunidades autónomas.
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