La noticia que ayer adelantaba La Tribuna de Albacete sobre las serias intenciones de la Unión Europea de forzar el ahorro en el consumo del agua mediante una fuerte subida de precios, no ha pasado desapercibida para la Administración regional que ayer mismo hizo una valoración sobre las repercusiones que traería consigo. Precisamente, uno de los grandes caballos de batalla que mantienen los regantes de Murcia con la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, es el precio del agua que se utiliza en la industria agroalimentaria del sureste español pues, aseguran, que si la única fuente de alimentación fuera la que procede de las máquinas desaladoras del litoral mediterráneo, el precio resultante haría inviable cualquier explotación agrícola.
Algo parecido podría desencadenarse con una subida de precios que afectara a la utilización del trasvase Tajo-Segura. Aplicar políticas tarifarias basadas en el coste real que supone llevar agua artificialmente desde la cabecera del río Tajo, en los embalses de Entrepeñas y Buendía, a la cuenca del Segura, supondría suprimir el actual régimen económico del trasvase y desalentar su uso por falta de rentabilidad de las explotaciones agrícolas. De hecho, el propio vicepresidente de la Junta, Fernando Lamata, argumentaba ayer en su visita a Albacete que la revisión al alza de las tarifas del agua serviría «para cuidar este patrimonio y utilizarlo responsablemente tanto en casa como en la agricultura y la industria».
Por otro lado, para los consumidores españoles la noticia ha caído como un jarro de agua fría. Desde el punto de vista del abastecimiento humano, otra vuelta de tuerca al precio de un servicio básico para el normal desenvolvimiento de una población instalada en el estado del bienestar, acarrearía reacciones muy adversas. Quizás no todos los sectores sociales debieran ser tratados de la misma manera a la hora de una revisión tarifaria aunque, eso sí, se hace imprescindible mantener en vilo las campañas que nos inducen al ahorro de un bien escaso como el agua, todavía hoy, no suficientemente valorado por cuanto su coste está por debajo de lo que nos cuesta un litro de combustible, por ejemplo.
Bruselas entiende que sólo con una política de castigo al bolsillo del ciudadano español seremos capaces de aplicar medidas correctoras. Es cierto que nos falta un grado de concienciación para hacer un uso responsable del líquido elemento, pero no lo es menos que los agricultores españoles -también los levantinos- están haciendo inversiones importantes para modernizar los sistema de riego y de canalización del agua. Todos debemos hacer un esfuerzo para hacer ver a la Unión Europea que España puede y debe aprender la lección a corto plazo.