La fundación y Coepa hicieron público un avance del estudio que encargaron al Instituto del Agua y las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, que indica que los caudales que llegan desde el Tajo a la cuenca del río Segura ‘son vitales para cubrir las necesidades hídricas medioambientales de la provincia de Alicante’.
En este sentido, el estudio corrobora que los aportes del Trasvase Tajo-Segura para este fin ‘son de difícil sustitución, puesto que los únicos recursos potencialmente disponibles para cubrir dichas necesidades tendrían que venir obligatoriamente de la mayor sobreexplotación de los acuíferos o del incremento masivo de agua desalinizada’.
A este respecto, añade que ‘tanto una como otra solución conlleva un incremento de las cuentas energéticas y económicas, y por tanto tendrían incidencia en los costes ambientales’. Los costes energéticos del trasvase y postrasvase están estimados en 1,1 kilovatio hora por metro cúbico, mientras que, por ejemplo, la desalinización precisa, a pie de planta, entorno a los 4,2 kilovatio hora por metro cúbico.
Además, la tarifa vigente de agua del Trasvase Tajo-Segura es de 0,09 euros metro cúbico para riego y 0,12 euros metro cúbico para consumo, que contempla los costes de la obra, así como los gastos fijos y variables de funcionamiento, mientras que la procedente de desalinización ronda los 0,60 euros metro cúbico.
Así mismo, el estudio señala que Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura ‘han recibido más de 210 millones de euros corrientes en compensación del agua que se transfiere’ por el Trasvase Tajo-Segura entre los años 1986 y 2007.
Este dinero, según continúa, ‘se debía destinar en las comunidades que reciben la compensación a realizar obras hidráulicas y de ingeniería sanitaria, lo que ha significado una posibilidad de mejora de las infraestructuras en los territorios que ceden el agua, gracias a estos ingresos que pagan los usuarios de provincias de Alicante, Murcia y Almería, en la proporción del agua que reciben’.
Con anterioridad a 1986, la compensación, que supone el 4 por ciento anual del coste las obras, lo recaudaba el Estado, que era ‘el encargado de aplicar estos ingresos a dichas labores de mejora’, según concluye.