La tramitación del nuevo Plan Hidrológico del Júcar está plagada de cesiones y compromisos para intentar contentar, o al menos apaciguar, a los usuarios del río. Y no es fácil poner de acuerdo a regantes y administraciones de la Comunitat, Castilla-La Mancha o Aragón en una cuestión tan conflictiva como el reparto del agua en una cuenca deficitaria, por no hablar de las sensibilidades opuestas que hay en cada región. En clave valenciana el ejemplo más claro es el trasvase Júcar-Vinalopó, que queda muy protegido en el documento.
En la redacción final, la que se remitirá a Madrid para su aprobación, se ha incluido una matización en el artículo que versa sobre recursos excedentes. Aunque el borrador anterior ya apuntaba que podrán aprovecharse «para paliar la sobreexplotación de acuíferos y el déficit de abastecimiento del área del Vinalopó-Alacantí y Marina Baja», ahora se añade una frase para apuntar que también se incluyen en esta categoría, y por tanto son susceptibles de ser trasvasados, los ahorros derivados de la modernización de regadíos del la Ribera del Júcar.
Precisamente, estas obras de mejora empezarán a acometerse este mismo año después de que el Gobierno se haya comprometido a impulsar un crédito extraordinario de 46 millones para ejecutar la mayor parte de la infraestructura pendiente, que hay que recordar debía estar lista desde 2009. La dotación presupuestaria debe concretarse antes del próximo día 29 y fue fruto de la negociación mantenida en los últimos días con los regantes de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar (Usuj). Su secretario general, Juan Valero de Palma, explicó ayer que las inversiones previstas permitirán acabar la mayoría de los sectores de riego pendientes en el horizonte de 2018, lo que implicará un ahorro de unos diez hectómetros cúbicos. «La única manera de que hayan excedentes es completar las obras de modernización porque el Júcar es deficitario, sólo así se puede llevar agua a otras zonas», dijo en relación a esta modificación.
Los trabajos señalados no sólo acumulan un retraso significativo, sino que al depender de varias administraciones, fundamentalmente de la Generalitat y del Gobierno, no siempre han avanzado de manera coordinada, lo que ha provocado que haya zonas con las obras terminadas que no se pueden poner en marcha porque hay tramos no ejecutados que impiden llevar el agua hasta las parcelas. Esto ha provocado numerosos robos, hasta el punto de que Usuj habilitó un sistema de videovigilancia en los cabezales de riego y otras infraestructuras que ha dado buenos resultados.
La modificación en la normativa ha sido muy criticada por la plataforma Xúquer Viu, que agrupa a partidos de izquierda, sindicatos y asociaciones ecologistas y ciudadanas con especial implantación en la Ribera. Su portavoz, Paco Sanz, lamentó que se permita que los excedentes generados se deriven a Alicante mientras los abastecimientos de los municipios ribereños deberán seguir pagando por el agua a los regantes mediante permutas. También recordó que este mecanismo se había eliminado en la redacción anterior al Consejo del Agua del viernes, aunque en el último momento volvió a ser incluido. Eso sí, tal y como queda el apartado que regula la asignación para las localidades también se prevé que no sea necesaria la compensación «en función de las disponibilidades del sistema». Es decir, se plantean las dos posibilidades.
Otro cambio respecto al trasvase es que se abre la puerta a derivar 12 hectómetros a Alicante y la Marina «aguas abajo de Tous». Es decir, en un punto distinto al azud de la Marquesa, situado en el tramo final del río. Es una aspiración de los regantes alicantinos, que piden agua de más calidad que la que se acumula en la toma de la infraestructura.
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