Para un Ayuntamiento pequeño, de poco más de 1.200 habitantes y 700.000 euros al año de presupuesto, cobrarle de golpe 100.000 euros al año es dejarlo en quiebra. Y este es el «papelón» que se le viene encima a Peñas de San Pedro y el motivo por el que su alcalde, Antonio Serrano, quiere hablar «de inmediato» con el presidente de la Confederación del Júcar, Juan José Moragues.
El pasado sábado, en estas mismas páginas, se publicaba que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) quiere cobrarle 108.000 euros a Peñas el año que viene, a cuenta de las obras de emergencia para garantizar el abastecimiento de agua, a través de una conexión con la Estación de Tratamiento de Aguas Potables (ETAP) de Los Llanos.
«Lo gracioso del asunto es que la obra no está hecha, y aún así nos la quieren cobrar», manifestaba ayer Antonio Serrano, quien no dudaba en calificar lo ocurrido como «un atropello, un auténtico impuesto revolucionario».
OTROS TÉRMINOS. Esta situación, además, afecta a más términos municipales, como Albacete (151.000 euros), Alcadozo (136.000), Pozohondo (100.000), Barrax (30.000), Bonete (26.000) o Alatoz (24.700).
A todos, les quieren cobrar las cantidades antedichas «o más bien descontárnoslas de la aportación que hace el Estado a los municipios». El motivo es similar, diversas obras para garantizar el abastecimiento humano en períodos de sequía.
«Hay una desproporción brutal -afirmaba Serrano- porque, por ejemplo, que a Albacete le cobren 151.000 euros por estas obras es un pico, pero hablamos de una ciudad de casi 180.000 habitantes, supongo que lo podrán asumir; sin embargo, Pozohondo, con cien veces menos población, que son 1.700 habitantes, nada menos, le quieren cobrar 136.000 euros el año que viene, no tiene ni pies ni cabeza, es imposible».
Ante esta situación, el alcalde de Las Peñas pedirá «de inmediato» una reunión con el presidente de la Confederación del Júcar, ya que a su juicio «nos han impuesto una obra faraónica por un coste desorbitado, cuando esto mismo, con un sondeo de 40.000 euros, de una sentada, resuelto».
Por otra parte, y en su calidad de diputado provincial, Serrano se preguntaba cuál ha sido el procedimiento que se ha seguido para diseñar, aprobar y ejecutar esta obra. A su juicio, hay muchas cosas que no le acaban de cuadrar.
TODO CLARO. «La Diputación hace obras para apoyar y mejorar el abastecimiento de agua a los pueblos y, en su caso, el procedimiento es claro, transparente – recordaba- porque las peticiones de los ayuntamientos, los proyectos, los presupuestos, pasan todos por comisión, por el pleno, todo está claro».
Sin embargo, de la obra en cuestión, «por no saber, aún no sé si se han terminado las expropiaciones», y por el Ayuntamiento que preside, afirma el propio alcalde, no ha pasado prácticamente ningún papel, documento técnico o memoria que le explique el cómo, el porqué y, sobre todo, el cuánto.
«En 2006, ya escribí al Ministerio de Medio Ambiente, diciendo que si la obra la tenía que pagar el Ayuntamiento, no la queríamos simplemente porque no la podíamos asumir -recordaba- pero no nos han hecho ni caso, y eso que ya hubo quien se llenó la boca diciendo que iban a traer no sé cuantos millones de euros para abastecer la región, así yo también hago promesas, haciendo que paguen otros».
En cuanto al futuro inmediato, además de la entrevista con el presidente de la CHJ, Serrano indicó que «vamos a llevar este asunto a la Diputación, a las Cortes Regionales y, al margen de si gobernamos unos u otros, quiero hablar con los demás alcaldes afectados para ver si en esto vamos todos juntos».