El Congreso de los Diputados ha dado luz verde, con la abstención del PP, a la reforma de la Ley de Agua que, entre otros aspectos, deja en mano de tres comunidades autónomas las competencias de policía en materia hidráulica, y muy particularmente en Andalucía que ya contaba con guardería fluvial sobre el Guadalquivir.

La polémica decisión ha levantado una polvareda de críticas entre el grueso de los colectivos de Castilla-La Mancha. Uno de los primeros en pronunciarse ha sido la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina quien no ha dudado en calificar el decreto-ley de “chapuza” que sólo causa “agravios comparativos” con otras comunidades autónomas como la de Castilla-La Mancha. El nuevo Decreto-Ley, aprobado a finales de agosto, sólo favorece a las comunidades que cuentan con Estatutos de Autonomía y por tanto con competencias reconocidas sobre el dominio hidráulico, en este caso concreto, Andalucía, Cataluña y Aragón. El presidente de la Plataforma, Miguel Ángel Sánchez opina que a través de esta disposición normativa el Gobierno otorga a otras comunidades unas “facultades que, por ejemplo, nosotros, los castellano-manchegos no podemos tener”.    Además, Sánchez es de la opinión que el Ministerio de Rosa Aguilar ha echado “un guiño” a Andalucía para deshacer el entuerto del Tribunal Supremo que hasta por tres veces liquidó la gestión de la guardería fluvial que tenía reservada Andalucía sobre el Guadalquivir. “Con esta actuación, el Gobierno sólo demuestra el absoluto descontrol que tiene en gestión hidráulica”, ha sentenciado al hilo que ha recordado que la Plataforma que preside se opone totalmente al “desmembramiento” de los cauces hidrológicos, presuponiendo que la gestión en materia de agua debe ser exclusivamente estatal.LA PLATAFORMA DE TOLEDOPor su parte, la Plataforma en Defensa del Río Tajo de Toledo está convencida de la “inconstitucionalidad” del decreto-ley aprobado por el Congreso de los Diputados. “Si se lleva al Constitucional, éste dirá probablemente que es ilegal”, dijo el presidente de la plataforma, Alejandro Cano, al hilo que ha apuntado que parece una iniciativa de “última hora no sabemos con qué intención como la que hizo el PNV en los últimos días en los que abría la puerta a los transgénicos”.    De la misma manera que el presidente de la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche, Alejandro Cano consideró que la gestión hidráulica no se puede atribuir a una región sin discriminar al resto de comunidades autónomas.    Desde el colectivo de Ecologistas en Acción tampoco han visto con buenos ojos la última actuación del Gobierno en materia hidráulica. El coordinador estatal de la organización, Santiago Martín, en declaraciones a este periódico, ha lamentado que la reforma de la ley del Agua se haya hecho “de tapadillo”, en pleno mes de agosto y camuflado en una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.    Martín se mostró rotundo al respecto de la normativa: “Es inconstitucional y responde a unos intereses bastante indeseables”.    El representante de Ecologistas en Acción deja intuir que la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, “viendo que se le acaba el chollo en el Gobierno”, ha optado “por abrirse un hueco en la Junta de Comunidades de Andalucía” poniéndole en bandeja la gestión hidráulica sobre el Guadalquivir.    También, en la misma línea de otros colectivos, ha opinado que supone el primer paso para el “desmantelamiento” de las Confederaciones Hidrográficas que ven disminuir sus competencias.    Santiago Martín ha indicado que Ecologistas en Acción va a solicitar al Gobierno que retire las competencias en materia hidráulica de las comunidades autónomas por constituir un agravio comparativo.El PP se pregunta por qué tanta urgenciaEl PP no entró al fondo del asunto sobre el decreto-ley presentado el pasado jueves ante el Congreso de los Diputados. Precisamente, uno de los encargados de defender la postura abstencionista del Grupo Popular fue el diputado y presidente de la Diputación de Toledo, Arturo García-Tizón que esgrimió que en el decreto-ley no se dan los requisitos constitucionales de “excepcionalidad” y “urgencia” necesarios para aplicar esta fórmula.    Tizón se mostró sorprendido por la urgencia de una normativa que no entrará en vigor hasta el 28 de marzo del 2012, hasta dentro de seis meses.    El diputado popular consideró que no hubiese estado de más que el Gobierno de Zapatero hubiese motivado las razones para presentar el decreto-ley por vía de urgencia en lugar del procedimiento de legislación ordinaria.