oct (EFE).- El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se ha dirigido al Defensor del Pueblo pidiéndole que presente recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto Ley 12/2011, en virtud del cual las CCAA podrán asumir las funciones de policía de aguas en sus respectivos territorios.

En un comunicado, este órgano colegial recuerda que siempre han defendido la unidad de gestión de las cuencas hidrográficas como un principio básico para la utilización sostenible de los recursos hídricos, que «como tal se establece en la Constitución Española, la Ley de Aguas y en la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea».

A juicio de la misma fuente, esta fragmentación de las cuencas de competencia estatal supone que cada Comunidad será responsable de la inspección, control y vigilancia de sus tramos de ríos y de la parte de sus acuíferos, que tanto unos como otros se extienden por otras Comunidades que, a su vez, serán responsables de los mismos en su territorio, así como de los embalses y otros aprovechamientos que no sean de titularidad estatal.

En estas condiciones, añade el Colegio, resulta obvia la dificultad de gestionar de forma integrada los recursos hídricos y las infraestructuras aún en situaciones de normalidad, pero «mucho más preocupante» es la gestión de situaciones de sequía, inundación o contaminación, en las que la dispersión de competencias, controles y vigilancia «es prácticamente incompatible con la seguridad de la población y la prevención de daños catastróficos».

De forma evidente, «no han concurrido además en la aprobación del Real Decreto Ley 12/2011 las circunstancias inexcusables de extraordinaria y urgente necesidad que exige la Constitución Española, lo que, entre otras cosas, ha impedido el informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua».

El Colegio de Caminos reitera la necesidad y urgencia de llevar a cabo una reforma de la Ley de Aguas que asegure la unidad de gestión de las cuencas hidrográficas mediante la adecuada armonización de las competencias estatales y autonómicas.

El órgano colegial expresa por último su convicción de que ello requiere un gran esfuerzo de diálogo entre todas las Administraciones, grupos políticos y órganos de participación, con el fin de alcanzar el máximo acuerdo posible en materia tan compleja.EFE