La Ley de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias obtuvo ayer la aprobación del Congreso de los Diputados, y ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios (336 votos a favor y una abstención).
Rosa Aguilar junto a las representantes de las mujeres rurales.EFE
fotosSegún ha indicado a Efeagro la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, la propuesta será ahora remitida al Senado, para su primer pleno de septiembre y podría ser aprobada allí, si no hay cambios al texto o de lo contrario, volver al Congreso, pero en cualquier caso espera que la ratificación se produzca ese mismo mes.
En su defensa del Proyecto de Ley, Rosa Aguilar, ha querido agradecer a las organizaciones de las mujeres rurales, presentes hoy en el Hemiciclo, y a los grupos parlamentarios el trabajo realizado para promulgar una Ley «fruto del consenso y de la participación».
Una paso firme hacia la igualdad
Según Aguilar, la nueva normativa es un paso firme y decidido en materia de igualdad, «seña de identidad de un Gobierno que responde a los compromisos adquiridos con las mujeres en general y las del medio rural en particular».
La ministra ha denunciado la «invisibilidad» del trabajo de las mujeres en las explotaciones agrarias, considerado como ayuda familiar, y las dificultades que ello supone para el acceso al crédito y otros beneficios, al estar estos vinculados a la titularidad de explotaciones y no a la propiedad de la tierra.
Del mismo modo, Aguilar ha señalado que el Proyecto de Ley pretende ser «claro y concreto» para que su aplicación sea «fácil y se haga con inmediatez», y abra un «nuevo tiempo» para el mundo rural, «el de la igualdad y los derechos».
Fin a la vulnerabilidad de la mujer
En esta misma línea, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Marta Estada ha señalado que la mujer en el medio rural se encuentra en un situación de «vulnerabilidad», y que no se puede puede permitir su «desvalorización» ni la ausencia de derechos.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, Carmen Quintanilla ha defendido la ampliación hasta los 50 años de la edad para la bonificación de la incorporación de las mujeres a la Seguridad Social y ha aplaudido la postura de su partido «abierta al debate y al diálogo» para pactar las enmiendas.
Precisamente, este último aspecto ha provocado uno de los momentos de mayor tensión del debate, con un intercambio de declaraciones entre la diputada popular y la ministra del MARM.Así, Aguilar se ha «alegrado» de ver una «derecha abierta y dialogante» y le ha dado «la bienvenida al espacio de la igualdad, porque siempre han votado todo en contra de lo que haga referencia a la igualdad».
En este sentido, Quintanilla ha recriminado a la ministra que la igualdad es un derecho defendido por todos y le ha pedido que no le dé «ninguna lección» al respecto.
Implicaciones económicas y geográficas
Siguiendo con el debate, la parlamentaria de Convergencia i Unión (CiU) Conxita Tarruella ha valorado que la nueva regulación permitirá una «igualdad efectiva» y tendrá implicaciones económicas y demográficas, como un «incentivo» para que las mujeres permanezcan en el medio rural y permitan frenar el «abandono, envejecimiento y masculinización» del campo.
Por parte del Grupo Parlamentario Vasco, Joseba Aguirretxea ha aplaudido la llegada de una Ley «de principios de justicia social, de eficacia y de eficiencia», con la que se conseguirá fijar población e impulsar la producción agraria.
Del mismo modo, el diputado de Esquerra Republicana Francesc Canet ha señalado que la Ley «va mucho más allá de la igualdad» y supondrá un apoyo para la agricultura familiar, y será uno de los instrumentos clave para el progreso del medio rural.
Desde el grupo Mixto, la parlamentaria del Bloque Nacionalista Gallego Olaia Fernández ha recibido la aprobación de la Ley como «una alegría y un logro» que comparten todas las mujeres del sector agrario..