El Congreso de los Diputados no debatirá antes del verano la admisión a trámite de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, aprobada por PSOE y PP en las Cortes de la región en enero de 2007 pero cuya revisión en la Cámara Baja se ha ido retrasando, sin que ninguno de los dos partidos reclamen agilidad. En medio del debate sobre el agua y los trasvases, el texto establece el fin del Tajo-Segura, pactado por los dos grandes partidos en Castilla-La Mancha pese al rechazo de sus compañeros de la Comunidad Valenciana o Murcia.

A este respecto, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, dijo ayer que este retraso viene bien, ya que la situación precongresual del PSOE y, sobre todo la del PP, hacen que no sea «el momento más adecuado» para su debate.

PSOE y PP aprobaron juntos esta redacción en las Cortes de Castilla-La Mancha y provocaron el rechazo de sus propios compañeros en la Comunidad Valenciana y en Murcia. El PP de esta segunda Región incluso ha dejado claro que recurrirá el Estatuto de sus vecinos si se aprueba con la actual redacción y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura recoge firmas en contra.

Cambios

En el caso del Tajo-Segura, PSOE y PP mantienen su determinación de que su fin quede recogido en el Estatuto, aunque han introducido algunas novedades en sus argumentaciones. El PSOE regional, en boca del viceportavoz del PSOE en las Cortes, José Manuel Caballero, ha explicado que aceptaría replantear el texto estatutario si se produce un «gran pacto nacional del agua» en el que se recojan las exigencias de Castilla-La Mancha.

Por parte del PP, se ha aprovechado la circunstancia para acusar a los socialistas de querer ahora suavizar el proyecto de ley y se asegura que se defenderá la actual redacción «a capa y espada».