El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Agua, Juan Cotino, presidió ayer en Alicante la creación del primer comité técnico integrado por cargos públicos y expertos de la Comunidad Valenciana y Murcia que se encargará de velar por el cumplimiento de la ley del trasvase Tajo-Segura (desembalses) y por impedir los intentos del gobierno de Castilla-La Mancha de blindar el río en el futuro plan de cuenca.
El objetivo es formar un frente común técnico, jurídico y político que defienda el trasvase en las reuniones de la comisión de explotación donde se deciden los trasvases. Organismo que en los dos últimos años se ha distinguido por frenar el envío de agua para Alicante y Murcia, sobre todo para satisfacer las demandas del regadío, a pesar, incluso, de que las lluvias de los últimos meses han elevado la reserva en el complejo de embalses de Entrepeñas y Buendía hasta cerca de 1.200 hectómetros cúbicos, con lo que hay más de 900 hm3 trasvasables. La ley establece que no se puede desembalsar caudales cuando la reserva baja hasta los 240 hm3.
La falta de voluntad política y el hecho de que las fechas de los desembalses coincidieran con la discusión del Estatuto de Castilla-La Mancha, que pretendía fijar una reserva para «secar» el trasvase, han provocado que el campo de la provincia apenas haya recibido agua para riego en los últimos 24 meses. Al menos llovió.
A la reunión celebrada en Alicante asistieron junto a Cotino, entre otros, los directores generales del Agua de la Generalitat y del gobierno murciano, José María Benlliure y Miguel Ángel Ródenas, el secretario general del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, José María Claver, el catedrático de Geografía Regional de la UA, Antonio Rico y Francisco Cabezas, responsable del Instituto Euromediterráneo del Agua. Todos formarán parte del equipo cuya misión será la defensa del trasvase Tajo-Segura, salvado tras la retirada del proyecto del Estatuto Castilla-La Mancha pero que sigue en peligro ante la obligada elaboración de los nuevos planes de cu y la amenaza del ejército de juristas contratado por José María Barreda.
