El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Agua, Juan Cotino, calificó ayer de «barbaridad» y un acto de «auténtica demagogia política» la aprobación en el Parlamento castellano-manchego de la Ley del Agua, un instrumento legislativo que deberá ser refrendado en el Congreso de los Diputados y que fija una reserva de agua 4.000 hm3 en Castilla-La Mancha antes de que se pueda trasvasar agua por el Tajo-Segura. Cotino considera que, al igual que sucedió con el Estatuto, «la ley no tiene ningún futuro pero en cualquier caso el Consell la recurrirá en el Tribunal Constitucional si se produce el caso y se llega aprobar».
El vicepresidente insistió en que «estamos ante un nuevo ejemplo de la demagogia con la que el PSOE trata los temas del agua, pero creo que no tiene ningún tipo de futuro. A quién se le ocurre aprobar esa ley cuando no hace ni dos semanas que el Constitucional acaba de tumbar dos leyes similares en Andalucía y Castilla-León». Cotino insistió en que «las competencias del agua son del Estado».
Por su parte, el portavoz de la Federación Provincial de Comunidades de Regantes y de la potente Riegos de Levante de Elche -20.000 comuneros-, Ángel Urbina, acusó al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, de ser «un pirata y un bucanero del agua». Urbina denunció que movimientos como «la aprobación de la ley de Barreda son una provocación, crean incertidumbre en el campo y afectan a nuestro trabajo. ¿Quién va a invertir ahora en próximas cosechas pensando que en cualquier momento nos pueden cortar el agua». Urbina hizo un llamamiento a todos los ciudadanos para que «castiguen con su voto a los partidos que utilizan el agua como argumento electoral».
Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente ha recortado durante el primer semestre este año un 40% la dotación de agua para consumo urbano que llega a la provincia -54 municipios entre ellos Alicante y Elche- por el trasvase Tajo-Segura, para sustituirla por agua desalada, tres veces más cara. Una situación forzada por el contrato que mantiene la Mancomunidad de Canales del Taibilla con las desaladoras, a las que tiene que comprar agua todos los años, haya más o menos reserva en los embalses.
La ley del trasvase Tajo-Segura establece que Alicante y Murcia reciban todos los años 600 hm3 del Tajo, de los que 400 hm3 van para riego y el resto para abastecimiento urbano. El Tajo-Segura está sometido a múltiples ataques en los últimos tres años, justo desde que el Gobierno castellano-manchego optó por reclamar su cierre. Se han sido salvado los diferentes escollos, pero la realidad actual es que Medio Ambiente sigue recortando los recursos hídricos que envía al Segura.
Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, cedentes del agua del Tajo, reciben desde 1998 alrededor de 15 millones de euros al año de los agricultores y los ayuntamientos por el caudal cedido.
