El Consell de la Generalitat Valenciana aprobó ayer la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra un Real Decreto del Gobierno central que permite a las autonomías que tengan asumidas las competencias hídricas ejercer labores de policía sobre el Dominio Público Hidráulico. La norma, que supone una modificación de la Ley de Aguas, tenía como objetivo mantener determinados aspectos de la gestión que normalmente realizan las confederaciones hidrográficas en manos del gobierno andaluz después de que el propio Tribunal Constitucional rechazara el traspaso a de las competencias sobre el Guadalquivir a la Junta de Andalucía.
La Generalitat cuestiona ahora- el Real Decreto se aprobó en agosto- la constitucionalidad de este cambio legislativo pues considera que otorga a las comunidades autónomas capacidad para gestionar cuencas hídricas que exceden de su ámbito territorial, labor que está limitada al Estado según el artículo 149.1.22 de la Constitución Española.
En este sentido, el Consell cree que se está quebrantando el carácter indivisible de la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, según lo que recogen los artículos 14 y 16 del texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA).
La nueva norma permite a Andalucía, Aragón y Cataluña, y también a la Comunitat Valenciana si lo demandara-el Estatut incluye las competencias hídricas- , «el control, la vigilancia, la sanción de las obras y de los aprovechamientos de regadíos y otros concesionarios». Sin embargo, el Consell cree que esta gestión, en las cuencas compartidas por varias comunidades autónomas, «no pueden separarse de la revisión, tramitación y otorgamiento de las concesiones, puesto que genera inseguridad en la gestión de los recursos públicos ya que se fraccionan los procedimientos administrativos y se duplican los órganos que los administran».
También los regantes agrupados en la Federación Nacional de Comunidades de Regantes han pedido a los parlamentos autonómicos que recurran la norma.

Apoyo de Camps en el CJV
El Consell Jurídic Consultiu (CJC) considera en un informe que «procede » la interposición por la Generalitat de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley de agosto que introdujo una modificación en la ley de Aguas sobre el sistema de gestión de las cuencas intercomunitarias.
Así lo recoge el dictamen del CJC aprobado en su pleno del jueves por unanimidad de todos los consejeros, incluido Francisco Camps en su condición de miembro nato del organismo consultivo.
El dictamen del CJC recuerda que el decreto ley se aprobó después de que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad del artículo del Estatuto de Autonomía andaluz que atribuía a esta autonomía competencias exclusivas sobre aguas de la cuenca del Guadalquivir, al ser una cuenca hidrográfica intercomunitaria.
La consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, solicitó al CJC que dictaminara con urgencia sobre el borrador de recurso de inconstitucionalidad contra la disposición primera de esa real decreto, que introdujo una modificación en la ley de Aguas.