El Ministerio de Medio Ambiente continúa su particular cruzada contra los intereses económicos de la Comunidad. Tras las furibundas críticas al modelo urbanístico y las discrepancias en materia de agua y trasvases, el departamento que dirige Cristina Narbona volvió ayer a la carga, esta vez a cuenta del turismo, pero con afectación en otros sectores.

El Gobierno dio a conocer ayer el contenido de un informe sobre el uso del agua en la economía española, en el que se aboga por implantar una «tarifa turística» que grave con mayor intensidad el consumo del líquido elemento en hoteles y segundas residencias.

El documento, presentado ayer en Valencia, concluye que si no se aplica dicho recargo, el aumento del turismo y la estacionalidad provocará un incremento del precio que «tendrá que aguantar la población residente».

No obstante, de acuerdo con el informe, el consumo turístico apenas representa el 23% del total del gasto de agua en la etapa estival de máxima afluencia de visitantes. Este porcentaje se reduce hasta el 6% en la temporada baja.

La media anual del consumo «turístico» se sitúa en el 11,8% del agua facturada para consumo humano en España -372 hectómetros cúbicos-.

En relación a los hoteles, Medio Ambiente cifra el gasto hídrico en 394 litros diarios, que en el caso de los establecimientos de cinco estrellas se eleva a 594.

Con todo, el Ministerio está por la labor de que se extienda el empleo de las tarifas diferenciada del agua, que en España únicamente se aplican en la localidad andaluza de El Ejido y en Palma de Mallorca. Para sus autores, «la estacionalidad del turismo complica la gestión del abastecimiento y tiene efectos sobre los precios».

El presidente de Hosbec, principal patronal del sector, Pere Joan Devesa, consideró que esta medida supondría «un paso más para acabar con el turismo, después de intentar lo mismo con la construcción».

El dirigente empresarial subrayó que aplicar una subida en las tarifas «está fuera de lugar y parece una broma, siempre que el Gobierno no explique qué alternativas tiene para sustituir la contribución económica del sector turístico». Para Devesa, «se trata de una irresponsabilidad que ahuyentará a los visitantes y beneficiará a otros destinos».

El presidente de los hosteleros de Valencia, Juan Carlos Gelabert, se mostró más tibio y partidario de «empezar a valorar la medida». En todo caso, recordó que los hoteles ya apuestan por un consumo razonable del agua y reclamó la complicidad para todas las Administraciones.

Turismo «depredador»

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) -dependiente del Ministerio- ejerció de anfitriona del seminario donde se hizo público el estudio y su presidente, Juan José Moragues, aprovechó la coyuntura para cargar contra el «turismo depredador».

A su juicio, la actividad turística que consume social, económica y medioambientalmente los recursos no renovables «está abocado al fracaso» y supone «una irresponsabilidad para generaciones futuras».

En el foro organizado por la CHJ también salió a relucir el problema urbanístico, que la ministra Narbona situó como causante de las trágicas riadas acontecidas en Alicante. Sin embargo, y frente a estas posiciones hostiles, el sector de la construcción sigue dando síntomas de desaceleración que podrían tener un importante coste en términos laborales.

La necesidad de obra pública

En esta línea, el Instituto de Práctica Empresarial (IPE) advirtió ayer de la posible pérdida de entre 30.000 y 40.000 empleos en la Comunidad salvo que «se ponga de forma inmediata en carga la ejecución de nuevos proyectos de infraestructuras».

Los datos del informe elaborado por IPE alertan de la caída de los visados de viviendas en la Comunidad . En todo caso, estas cifras constatan que la región, en contra de la creencia generalizada y frente a las críticas del PSOE, ha perdido peso en relación a los proyectos visados e iniciados en España desde el año 2000 hasta el cierre del pasado ejercicio.